Guerra entre instituciones por los cambios que la Comunidad hizo en el Plan General

La unanimidad de los tres grupos municipales (PP, PSOE e IU) al cuestionar la legalidad de la actuaci¨®n de la Comunidad al corregir el Plan General de Madrid ha abierto la guerra entre las instituciones. La decisi¨®n del pleno de pedir un informe jur¨ªdico sobre si es legal lo hecho por el Gobierno regional recibi¨® contestaci¨®n. "La Comunidad tiene plenas competencias para modificar el Plan General", afirm¨® el portavoz adjunto del PSOE, Juan Antonio Ruiz. "Todo es legal y el alcalde lo sabe", remach¨® el consejero de Obras P¨²blicas, Luis Eduardo Cort¨¦s.

El Plan General de Madrid, que ha costado cinco a?os de trabajos y 7.500 millones de pesetas, mantiene enfrentados a los pol¨ªticos regionales y municipales un mes despu¨¦s de su aprobaci¨®n definitiva.El Ejecutivo regional opt¨® por eliminar del Plan General cerca de 1.500 viviendas caras en zonas de alto valor ecol¨®gico (Aravaca, Monte del Pilar, El Pardo ... ) y dej¨® pendientes otras operaciones que afectaban no s¨®lo a Madrid, sino a otras localidades fronterizas e instituciones p¨²blicas. El Gobierno regional se bas¨® en informes de impacto medioambiental, en la aplicaci¨®n de la Ley de Patrimonio Hist¨®rico y en sus propias competencias sobre ordenaci¨®n territorial para aprobar las modificaciones.

Los grupos municipales de Madrid unieron sus votos el martes para cuestionar la legalidad de esta decisi¨®n del Gobierno regional.

Hasta el Partido Popular se sum¨® a esta iniciativa contra el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n cuando acept¨®, a propuesta del grupo municipal socialista, encargar un informe jur¨ªdico para conocer si hubo alguna ilegalidad en el proceso. Los tres grupos plantearon la posibilidad de una extralimitaci¨®n de funciones de la Comunidad y defendieron la autonom¨ªa municipal.

"El alcalde lo sabe"

El consejero de Obras P¨²blicas, Luis Eduardo Cort¨¦s, primera autoridad urban¨ªstica de la regi¨®n, zanj¨® ayer la cuesti¨®n con un mensaje contundente al gobierno municipal: "Lo que hemos hecho es legal y el alcalde lo sabe".Por si no hab¨ªa quedado claro, Cort¨¦s encarg¨® ayer mismo a los juristas de la Comunidad que revisaran la Ley regional de Suelo y que estudiar¨¢n el proceso seguido con el Plan General de Madrid. "Todo ha sido perfectamente legal, seg¨²n nuestros expertos jur¨ªdicos", afirm¨® Cortes.

El portavoz adjunto socialista, Juan Antonio Ruiz Castillo, que rechaza el Plan General (el elaborado por ?lvarez del Manzano y el aprobado con correcciones por Ruiz-Gallard¨®n), mantiene que las competencias urban¨ªsticas para modificar los planes generales corresponden a la Comunidad de Madrid. Y a?ade: "Despu¨¦s de la sentencia de Tribunal Constitucional contra la Ley nacional del Suelo, que ratifica que las autonom¨ªas tienen plena capacidad urban¨ªstica, por encima incluso de la Administraci¨®n central, es todav¨ªa m¨¢s claro. Otra cosa es que en el proceso se hayan producido incorrecciones formales. Pero es incomprensible que despu¨¦s de gastados 7.500 millones se puedan pedir nuevos informes jur¨ªdicos. Desde mi punto de vista, las actuaciones del Gobierno regional est¨¢n de acuerdo con la legalidad vigente".

El grupo parlamentario de IU tambi¨¦n defiende las competencias auton¨®micas para modificar el Plan General, pero apunta una posible anomal¨ªa. Juan Ram¨®n Sanz, diputado de la coalici¨®n, cree que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n ha hecho una excepci¨®n con la capital que podr¨ªa invalidar todo el proceso. "He participado durante ocho a?os en la comisi¨®n regional de urbanismo. Cuando la Comunidad entend¨ªa que eran necesarias modificaciones, optaba por suspender la aprobaci¨®n del plan, se lo devolv¨ªa al Ayuntamiento afectado, y hasta que no se corrigiese esa situaci¨®n no lo aprobaba definitivamente. En Madrid, pese a todas las modificaciones introducidas por, la Comunidad, en lugar de suspender, se opt¨® por aprobar el Plan General condicionado a determinadas correcciones".

El consejero de Obras P¨²blicas asegura que su departamento ha aprobado numerosos planes con la misma f¨®rmula empleada para Madrid. Tambi¨¦n reconoce que, en otras ocasiones, se suspendi¨® la aprobaci¨®n de un plan hasta que no se subsanaron las deficiencias encontradas. "Pero en la mayor¨ªa de los casos se ha seguido la misma v¨ªa que con Madrid".