Tampoco es esto

Sin ser lo que se dice lector de un solo peri¨®dico, lo soy, d¨ªa a d¨ªa y desde hace los ya m¨¢s de 20 a?os que tiene de existencia, de EL PA?S, que, adem¨¢s, me ha dispensado, tambi¨¦n durante este tiempo, su acogedora hospitalidad como colaborador. Si inicio este art¨ªculo con tal suerte de explicaci¨®n non petita es porque, a partir de ambos datos, otros que se?alar¨¦ han contribuido a generar en m¨ª el estado de ¨¢nimo desde el que ahora escribo sobre el caso Sogecable- Canal Plus o caso G¨®mez de Lia?o (seg¨²n el que mira y seg¨²n se mire). Estado de ¨¢nimo del que forma parte cierta perplejidad y alguna desaz¨®n.Comenzar¨¦ diciendo que -con inevitable limitaci¨®n de conocimiento concreto, pero con alguna experiencia jurisdiccional- creo poder expresar una duda y dos certezas. La duda es sobre la plausibilidad jur¨ªdica de la hip¨®tesis planteada por la denuncia y la querella que han dado lugar a este asunto. De esta duda, con paradoja s¨®lo aparente, fluye la primera certeza: la que autoriza a sostener con firmeza que el proceso penal no es, en modo alguno, el terreno id¨®neo para ventilar cuestiones de naturaleza jur¨ªdica amplia y fundadamente controvertida. Ni siquiera, poni¨¦ndonos en el mejor de los casos, cuestiones-l¨ªmite, que en derecho criminal siempre tendr¨ªan que caer del otro lado. O sea, quedar fuera.

La segunda certeza es que el proceso penal, en efecto, pesa. Pero en ¨¦l s¨®lo cabe hablar de cargas (en el sentido gen¨¦rico de gravamen) por referencia a la que implica ya, materialmente, su propia existencia. Es decir, para cualquier sujeto, la sola circunstancia de ser y aparecer p¨²blicamente siendo objeto de una imputaci¨®n. Fuera o adem¨¢s de esto, cada vez que la justicia criminal modifica activamente en alg¨²n grado mediante una decisi¨®n el status precedente de un ciudadano se entra ya en el terreno de las medidas. Y ¨¦stas s¨®lo pueden ser cautelares, y s¨®lo lo son si tienen una funcionalidad actual y efectiva -no meramente ret¨®rica- a los fines leg¨ªtimos del proceso en curso.

Por eso creo que no ten¨ªa raz¨®n el juez n¨²mero 1 de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional al banalizar la afectaci¨®n o modificaci¨®n de una situaci¨®n real de la libertad de los querellados, operando por pura reducci¨®n sem¨¢ntica o jugando con la jerga forense. El juez de instrucci¨®n no tiene ni siquiera el recurso de transitar esa inquietante zona intermedia abierta a la polic¨ªa por la "ley Corcuera" en la lectura del Tribunal Constitucional. De ah¨ª que la decisi¨®n revocatoria de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional sea impecable: en el fondo y en la forma. En el fondo, al aportar claridad diamantina en una cuesti¨®n re?ida por principio con la bruma de las medias tintas. En la forma, porque, directa y transparente, responde bien al contenido que expresa, que no pod¨ªa ser otro que el de un reproche de falta de raz¨®n, por s¨ª mismo duro, siempre y en todo caso. Es la calidad del reproche inherente a las revocaciones, que -en contra de lo que con evidente carencia de rigor se ha sostenido- no operan en un cuadro jer¨¢rquico, sino en el de la distribuci¨®n de ¨¢mbitos de competencia, al margen de cualquier relaci¨®n de supra y subordinaci¨®n administrativa. Por otra parte, el sentido de la relaci¨®n entre ¨®rganos judiciales demanda una dial¨¦ctica, desde luego respetuosa, pero n¨ªtida y neta en la asunci¨®n y en la cr¨ªtica de las posiciones, que ofrezca con claridad' los aut¨¦nticos perfiles de cada cuesti¨®n a debate. Que as¨ª sea -como aqu¨ª ha sucedido, en el caso de la sala- es una garant¨ªa, reflejo del principio de contradicci¨®n que, por definici¨®n, es confrontaci¨®n abierta de afirmaciones rec¨ªprocamente excluyentes. Y tambi¨¦n un ejemplar modo de cumplir con la dimensi¨®n cultural impl¨ªcita en el proceso penal, como instituci¨®n de las que contribuyen idealmente al mantenimiento del Estado de derecho.

Pero las reflexiones expuestas no agotan el conjunto de las que sugiere el caso objeto de este comentario. De ¨¦l hay, asimismo, un plano pol¨ªtico y otro informativo, ambos estrechamente implicados entre s¨ª y tambi¨¦n con proyecci¨®n inevitable sobre el propiamente procesal.

De la vertiente medi¨¢tica del asunto, aqu¨ª me preocupa la protagonizada por EL PA?S. En ella he echado de menos una reflexiva tensi¨®n hacia el equilibrio y la imparcialidad informativa, a la que el lector tiene inobjetable derecho. Actitud que, debo decirlo, tambi¨¦n estuvo ausente en el trato de algunas actuaciones de G¨®mez de Lia?o nada discutibles, producidas en el caso Lasa y Zabala. Para muestra, un buen bot¨®n, recordar¨¦ un editorial: El jardin del juez, a mi juicio, muy desafortunado por nada objetivo.

En el presente supuesto, el reproche no lo es de falta de una indiferencia contra natura a cualesquiera vicisitudes de los intereses del grupo que sustenta al diario. Pero un medio de comunicaci¨®n consecuente con la dimensi¨®n constitucional de su cometido est¨¢ obligado a informar cuando es informaci¨®n lo que ofrece; tomando para ello, incluso, la distancia necesaria del titular de la cabecera. M¨¢s en las situaciones de dificultad. Y sobre todo si, como sucede, se est¨¢ en la certeza de tener raz¨®n. Por lo dem¨¢s, obrar as¨ª, aparte de ser lo period¨ªsticamente correcto, es seguro que, en t¨¦rminos estrat¨¦gicos, habr¨ªa resultado tambi¨¦n lo m¨¢s productivo a la hora de crear opini¨®n favorable de calidad.

Creo que EL PA?S -y hablo de la l¨ªnea informativa (la colaboraci¨®n es personal y se firma)- se ha implicado sin matices en una dial¨¦ctica del amigo / enemigo que, m¨¢s all¨¢ de la defensa (comprensible) de posiciones (con raz¨®n) consideradas propias, ha favorecido, al mismo tiempo, la utilizaci¨®n instrumental de los aludidos serios perfiles negativos de este caso en otros casos que nada tienen que ver con ¨¦l, por m¨¢s que no falten interesados en sugerir -sobre todo sugerir difusa y oscuramente- todo lo contrario. Pienso que el tratamiento del asunto con la l¨®gica unidimensional de la parte ha contribuido a la creaci¨®n de un pesad¨ªsimo clima gen¨¦rico de peligrosa confusi¨®n deslegitimadora de algo m¨¢s que esta actuaci¨®n concreta del juez. (Que, desde luego, ya en "el pecado" est¨¢ llevando -al menos parte de- "la penitencia"). Se ha traducido, adem¨¢s, por la acumulaci¨®n t¨¢ctica, compulsiva y objetivamente solidaria de una heterog¨¦nea gama de intereses de muy diversos perjudicados, en la constituci¨®n de una especie de fondo susceptible de producir otras rentabilidades que la puramente defensiva en el caso de que se trata y para el c¨ªrculo estricto de los afectados (afectados, insisto, probablemente, sin raz¨®n de derecho penal para ello).

Aparte una actitud inequ¨ªvocamente informativa en el ¨¢rea de informaci¨®n, he echado de menos -m¨¢s trat¨¢ndose de este asunto- una l¨ªnea editorial serena que, discurriendo con rigor sobre lo hecho por G¨®mez de Lia?o, hubiera se?alado tambi¨¦n que no todo vale, ni siquiera contra ¨¦l y ahora. Aun en el caso, si se est¨¢ en ¨¦l, de tenerle por el primero en no respetar, desde su privilegiada posici¨®n de poder, esta regla.

Me parece que habr¨ªa sido necesario poner un contrapunto de reflexivo y expreso "desmarque" de las t¨¢cticas estrechamente instrumentales que tanto han proliferado en la ocasi¨®n; rehusar algunas ayudas tramposas que, en realidad, m¨¢s que "dar una mano", en este caso buscan servirse de ¨¦l en otros. Habr¨ªa sido bueno, igualmente, establecer distancia de ciertas interpretaciones globales que, con las descalificaciones inespec¨ªficas de "jueces", apuntan por sistema hacia el cuestionamiento pol¨ªtico, gen¨¦rico y globalmente deslegitimador de la jurisdicci¨®n como instancia. Una pulsi¨®n que con obsesiva insistencia -y de izquierda a derecha y viceversa, seg¨²n la causa y el encausado- ha recorrido todos estos a?os y permanece viva en las actuales vicisitudes, en las que siguen pesando pol¨ªticamente casos cr¨ªticos de relevancia jurisdiccional-penal obligada por raz¨®n de Constituci¨®n y legalidad. La experiencia, por cierto, incluye datos que no hay que olvidar, de los que uno tiene, a mi juicio, singular importancia en este contexto . Es que el denunciante de hoy y quienes ahora se le oponen con vehemencia en el frente pol¨ªtico compitieron, en desprecio al derecho y en sa?a, cuando se trat¨® de linchar moral y casi f¨ªsicamente a la irreprochable juez Huerta en el emblem¨¢tico "caso Linaza". Y la misma elocuente redistribuci¨®n de posiciones ha vuelto a producirse en tomo a algunos procesos en tr¨¢mite.