Esta vez porque s¨ª

EL GOBIERNO de Aznar dio ayer una muestra m¨¢s de su concepci¨®n autoritaria del poder con el nombramiento de Eduardo Fungairi?o como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El Consejo Fiscal hab¨ªa rechazado su candidatura en tres ocasiones por unanimidad. Muchos juristas entienden que el Ejecutivo ha violado probablemente el estatuto del ministerio p¨²blico, pero en todo caso ha roto la tradici¨®n que consideraba vinculante el pronunciamiento del Consejo en materia de ascensos.El nombramiento de fiscal jefe de la Audiencia Nacional entra en el ¨¢mbito de responsabilidades del Gobierno, a propuesta del fiscal general y "previo informe del Consejo Fiscal". Pero a la vez, este cargo exige que su titular tenga rango de fiscal de sala del Supremo, y los ascensos dentro de la carrera son competencia del fiscal general, "conforme a los informes del Consejo Fiscal". Esa m¨ªnima diferencia en el texto legal hab¨ªa sentado la doctrina de que el parecer del Consejo Fiscal tiene car¨¢cter consultivo en materia de nombramientos y vinculante en cuesti¨®n de ascensos. Cardenal se ha saltado ol¨ªmpicamente esta interpretaci¨®n, a la que ¨¦l mismo se apunt¨® en sus primeras entrevistas. Y todo ello para servir en bandeja al Gobierno el candidato que quer¨ªa, bajo el patrocinio directo del ministro de Interior.

Sabido es que las leyes son susceptibles de interpretaciones contradictorias. Pero incluso si pudiera retorcerse el texto hasta el punto de no considerar vinculante el pronunciamiento del Consejo Fiscal, un sentido m¨ªnimo de la prudencia pol¨ªtica hubiera desaconsejado al Gobierno nombrar a un candidato que en tres votaciones del Consejo Fiscal hab¨ªa obtenido cero votos. Salvo que Aznar lo haya entendido como un pulso personal, y ya se sabe c¨®mo se las gasta en materia de pulsos.

Seg¨²n parece, no fue bastante el traspi¨¦ que ya sufri¨® el Ejecutivo con la candidatura de Luis Manuel Poyatos, antiguo fiscal del Tribunal de Orden P¨²blico franquista y asociado a una secta ultraderechista. Ahora ha preferido romper directamente las reglas del juego, sin apelar siquiera a un cambio legislativo. Resulta coherente que las dos asociaciones que agrupan a los fiscales lo hayan interpretado en t¨¦rminos de reto a la carrera y anticipen un posible recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno premia con un ascenso a un fiscal sancionado por ocultar un informe pericial al juez, y lo hace en el propio ¨®rgano jurisdiccional en el que Fungairi?o cometi¨® su falta. Una sanci¨®n -en este caso una multa de 50.0.00 pesetas, que Fungairi?o ha recurrido- no tiene por qu¨¦ significar en ning¨²n colectivo la muerte profesional del sancionado; pero tampoco hace a este ¨²ltimo precisamente merecedor de premios. Es sabido adem¨¢s que Fungairi?o -cuya capacidad profesional no est¨¢ en cuesti¨®n- mantiene actitudes semejantes a las de los llamado los fiscales rebeldes de la Audiencia Nacional, uno de los cuales, Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, vio ayer truncado su prop¨®sito de eludir el traslado por sanci¨®n hasta que la Audiencia Nacional se pronunciara sobre su recurso. La sala correspondiente ha dictaminado que debe cumplir su sanci¨®n sin esperar a que se resuelva el fondo del asunto.

Tras haber quitado de en medio a la v¨ªctima del mot¨ªn -el anterior fiscal jefe, Jos¨¦ Aranda-, el Gobierno ha decidido poner al frente del barco a uno de los amotinados, en una gran lecci¨®n de pedagog¨ªa pol¨ªtica. ?Por qu¨¦ raz¨®n? La ¨²nica plausible es la de la eficacia de Fungairi?o en la lucha contra el terrorismo. Pero una l¨®gica de este tipo puede servir para explicar su permanencia en la Audiencia, no su ascenso.

Un viento de intolerancia se ha llevado con enorme rapidez los buenos prop¨®sitos electorales del PP sobre la autonom¨ªa del ministerio fiscal. La decisi¨®n sobre Fungairi?o supone un estreno premonitorio del nuevo fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, un nuevo fiasco de la min¨ªstra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y sobre todo una muestra m¨¢s del respeto que tiene este Gobierno a la ley. La crisis de la justicia no escampa, sino todo lo contrario. En s¨®lo unos meses, el fiscal general se ha convertido en poco m¨¢s que un delegado gubernativo ante los tribunales.