El Tribunal Supremo ordena a los juzgados vascos que investiguen los casos de violencia callejera

El Tribunal Supremo ha resuelto que los juzgados del Pa¨ªs Vasco deber¨¢n investigar as denuncias por des¨®rdenes p¨²blicos y violencia callejera hasta comprobar si los presuntos delitos son de terrorismo, seg¨²n nuevo C¨®digo Penal. S¨®lo en ese caso podr¨¢n inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. As¨ª lo estableci¨® el Supremo el pasado 24 de mayo, al resolver un conflicto de competencia entre la Audiencia Nacional y un juez de Barakaldo (Vizcaya).

La orden de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Barakaldo es muy clara: hay que investigar las denuncias, tomar declaraci¨®n a denunciantes y denunciados y discriminar de todos los asuntos los que tengan que ver con el terrorismo. De este modo, resuelve el conflicto negativo de competencia, consistencia, en que tanto el juzgado del Pa¨ªs Vasco como la Audiencia Nacional se inhibieron en el conocimiento de un caso de des¨®rdenes p¨²blicos.El nuevo C¨®digo Penal catalog¨® entre los delitos de terrorismo -de los que es competente la Audiencia Nacional -aquellos que cometen "los que, sin pertenecer a banda armada, organizaci¨®n o grupo terrorista, y con la finaliclad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz p¨²blica, cometieren homicidios, lesiones ( ... ), detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas", entre otros. En aplicaci¨®n de este precepto, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Barakaldo, en un caso de des¨®rdenes p¨²blicos en Portugalete, se inhibi¨® en favor de la Audiencia Nacional, que hizo otro tanto, por lo que ha tenido que resolver el Supremo.

Fuero preferente

La resoluci¨®n, de la que ha sido ponente Roberto Garc¨ªa Calvo, se?ala que, es "fuero preferente el del lugar" en el que se cometieron los hechos, por lo que el juzgado de Barakaldo no puede remitir sin m¨¢s el asunto a la Audiencia Nacional, sino que ha de investigar antes de decidir si se encuentra ante un delito de terrorismo, en cuyo caso ser¨¢ correcto que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional.

La ampliaci¨®n del abanico de los delitos referentes a la violencia callejera que supuso la entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal condujo a que la mayor¨ªa de las denuncias formuladas en los juzgados de guardia del Pa¨ªs Vasco por ataques o sabotajes, as¨ª como los presuntos autores de los hechos, sean trasladados a la Audiencia Nacional, y en algunos casos sin previa Investigaci¨®n judicial. La resoluci¨®n del Supremo alterar¨¢ esa din¨¢mica.

Seg¨²n fuentes de la Ertzaintza, 86 personas fueron conducidas a la Audiencia desde enero de 1996 hasta mayo de este a?o, de las que s¨®lo 39 ingresaron en prisi¨®n. ?stas ten¨ªan que ver con grupos organizados, de los denominados Y, y fueron detenidos con -orden judicial. Los principales problemas surgen con los detenidos de grupos no organizados de saboteadores. La Ertzairitza remiti¨® a los juzgados vascos 224 detenidos por este tipo de delitos.

Ese es el caso elevado al Tribunal Supremo. El auto de competencia dictado el pasado d¨ªa 24 hace referencia a un conflicto planteado por el Juzgado Decano de la Audiencia Nacional tras recibir un caso de des¨®rdenes callejeros que se produjeron en Portugalete (Vizcaya) y que fue remitido por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de Barakaldo. La resoluci¨®n del Supremo da la raz¨®n a la -Audiencia Nacional y obliga al de Barakaldo a que investigue la naturaleza de la denuncia. Propone adem¨¢s en su auto la l¨ªnea de trabajo, al ordenar que se tome declaraci¨®n a los denunciantes, que se intente identificar a los detenidos y que se establezca, si es as¨ª, relaci¨®n con los delitos de terrorismo. En ese caso, y s¨®lo en ese caso, el juzgado deber¨¢ remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional.

La resoluci¨®n tiene el alcance de ordenar a los juzgados que no se inhiban por sistema Y que instruyan hasta que consideren probada su incompetencia para juzgar esos asuntos. El auto, que ya ha sido remitido a las dos partes, puede haber sufrido alg¨²n retraso en llegar al Juzgado de Barakaldo debido a la huelga de funcionarios que en el Pa¨ªs Vasco afecta a la administraci¨®n de Justicia desde hace tres semanas.