Seg¨²n el color del cristal con que se mira

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley sobre r¨¦gimen del suelo y valoraciones, del que la Comunidad Aut¨®noma de Andaluc¨ªa s¨®lo tiene la informaci¨®n que ha sido recogida en la prensa, lo que no deja de ser significativo en una materia en la que el Tribunal Constitucional acaba de afirmar la competencia de las comunidades aut¨®nomas.Con independencia de que m¨¢s adelante y con mejor conocimiento pueda efectuar un an¨¢lisis m¨¢s detallado, me ocupar¨¦ ahora del dato que, por num¨¦rico, m¨¢s ha sido destacado por la prensa e incluso por los propios responsables del Ministerio de Fomento. Me refiero a la obligaci¨®n de los propietarios de "ceder obligatoria y gratuitamente el suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento del sector o ¨¢mbito que establezca la legislaci¨®n urban¨ªstica, que no podr¨¢ ser superior al l0%". Mientras, el Gobierno vasco ha establecido ese porcentaje en el 15% y los gobiernos regionales socialistas hemos manifestado la voluntad de establecer un porcentaje similar.

Vaya por delante mi rotunda negaci¨®n de que todos los problemas del urbanismo espa?ol se encierren en esas dos cifras, ya casi m¨¢gicas; ni mucho menos que ello constituya ni siquiera el factor m¨¢s importante del precio del suelo. Pero ya que la pol¨¦mica se ha situado en estos porcentajes, reflexionemos un poco sobre ello.

En primer lugar, sobre el propio concepto. En los ¨²ltimos meses, en realidad desde la llegada del PP al poder, se habla insistentemente de la "cesi¨®n obligatoria de suelo a los ayuntamientos", como si de un impuesto revolucionario se tratara. La Ley del Suelo de 1990, y su texto refundido de 1992, por el contrario, utiliza el concepto de "porcentaje de aprovechamiento susceptible de apropiaci¨®n" por parte de los propietarios y lo fija en el 85%.

No, no se trata de lo. mismo. Porque la Constituci¨®n, en su art¨ªculo 47, indica que "la comunidad participar¨¢ en las plusval¨ªas que genere la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos". Se parte, pues, de la funci¨®n p¨²blica de la acci¨®n urban¨ªstica y se reconoce que los propietarios del suelo no han de ser los ¨²nicos beneficiarios de las plusval¨ªas que ¨¦sta genera.

En consecuencia, no es lo mismo decir que los propietarios cedan el 10% o el 15% a los ayuntamientos, a decir que es la comunidad la. que le reconoce al propietario el 90% o el 85% del aprovechamiento. Significa situarse, en el primer caso, desde el inter¨¦s privado, y en el segundo, desde el p¨²blico.

En segundo lugar, sobre el destino del suelo que reciben los ayuntamientos. Parecer¨ªa, adem¨¢s, en la argumentaci¨®n seguida, por los defensores del aumento del porcentaje de apropiaci¨®n por parte de los propietarios del suelo, que el aprovechamiento cedido a los ayuntamientos fuera a, volatilizarse; y en tal caso, podr¨ªa pensarse que si los mismos costes se atribuyen a m¨¢s suelo (del 85% al 90%), todos saldr¨ªamos ganando. Por ello resulta embarazoso tener que recordar que los ayuntamientos deben destinar esas cesiones al Patrimonio Municipal de Suelo y a la construcci¨®n de viviendas protegidas u otros usos sociales.

Este tema nos podr¨ªa introducir en m¨¢s de un debate de cierta profundidad: desde las causas hist¨®ricas de la carencia de suelo de propiedad p¨²blica en nuestro pa¨ªs al debate de las, haciendas locales, y el del mercado y precio del suelo. Pero, circunscribi¨¦ndome a la cuesti¨®n central de este art¨ªculo, los ayuntamientos ven directamente mermados, sus recursos para la obtenci¨®n de suelo en un 33%, al menos.

Est¨¢ por ver que esa fijaci¨®n de la cesi¨®n de los ayuntamientos en el 10%, o menos, vaya a redundar en un abaratamiento de la vivienda como insisten no las asociaciones de consumidores, sino los urbanizadores y promotores privados. Pero es obvio que los ayuntamientos van a disponer de menos recursos para la construcci¨®n de viviendas sociales, el n¨²mero de actuaciones en este terreno ser¨¢n menores y ello no puede sino redundar en la elevaci¨®n de los costos de la pol¨ªtica social de vivienda, as¨ª como en la menor. capacidad de negociaci¨®n de los ayuntamientos; pues una, correcta gesti¨®n de este recurso por ¨¦stos, con sentido colectivo y p¨²blico, puede permitirles intervenir en un mercado tan especulativo y opaco como el del suelo.

Y en tercer lugar, la cicater¨ªa del tope: "hasta un l0%". No me detendr¨¦ en la posible inconstitucionalidad de la medida; s¨®lo en el tope. En mi opini¨®n, el Gobierno quiere mantener un pulso con las comunidades aut¨®nomas que han manifestado su rechazo a la Ley 7/1997 sobre medidas liberalizadoras del suelo, donde ya hab¨ªa fijado ese 10% y que resulta ser a todas luces inconstitucional, de acuerdo con la sentencia 61/ 1997 del Tribunal Constitucional. El Gobierno ha dejado claramente indicado que la fijaci¨®n por real decreto ley de este 10%, en junio pasado, era lo m¨¢ximo que est¨¢ dispuesto a admitir.

Sin embargo, en una comprensi¨®n adecuada de que la competencia urban¨ªstica corresponde a las autonom¨ªas, podr¨ªa haber fijado una horquilla m¨¢s amplia, para que ¨¦stas hubieran podido dar la importancia que estimaran oportuno a este porcentaje en el conjunto de su pol¨ªtica urban¨ªstica, que es tambi¨¦n, una pol¨ªtica social. El Gobierno nos obliga, por as¨ª decirlo, a jugar con sus cartas.

En otro supuesto, los ciudadanos podr¨ªan valorar mejor el peso del inter¨¦s p¨²blico y de los intereses privados en las pol¨ªticas urban¨ªsticas de los Gobiernos regionales y locales, de uno y otro signo. Y as¨ª espero que se entienda en la discusi¨®n parlamentaria.