El largo viaje

Pocos d¨ªas despu¨¦s de la liberaci¨®n de Ortega Lara por la Guardia Civil y de la puesta en libertad de Cosme Delclaux, el tr¨¢gico desenlace del secuestro de Miguel ?ngel Blanco, concejal del PP en Ermua, pone otra vez en evidencia la teor¨ªa y la pr¨¢ctica de los derechos humanos que ETA aplica de forma implacable a sus v¨ªctimas. Cuando se trata de su propia suerte, en cambio, los terroristas no s¨®lo se amparan bajo el escudo protector de los derechos fundamentales garantizados a todos (incluidos los asesinos) por la Constituci¨®n, sino que tambi¨¦n manipulan torticeramente los intersticios normativos para utilizarlos fraudulentamente en su provecho. Mientras ETA reten¨ªa a Ortega Lara durante 532 d¨ªas en un infierno a tres metros bajo tierra y disparaba contra el indefenso Miguel ?ngel Blanco, un activista de HB (Mikel Otegi) acusado del asesinato a sangre fr¨ªa y por la espalda de dos ertzainas en diciembre de 1995 aprovechaba un vac¨ªo legal para darse a la fuga nada m¨¢s saber que el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco hab¨ªa anulado el veredicto absolutorio dictado por un jurado el pasado mes de marzo.De nada ha servido la impresionante movilizaci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas y de la ciudadan¨ªa para impedir que ETA cumpliera sus amenazas. El obsceno contraste entre la fr¨ªa negaci¨®n por los verdugos de los derechos humanos de sus v¨ªctimas -del derecho a la vida y a la libertad de Miguel ?ngel Blanco- y su ventajista invocaci¨®n de los principios constitucionales para eludir la responsabilidad de sus cr¨ªmenes no es la ¨²nica manifestaci¨®n de asimetr¨ªa moral de la banda terrorista. Los aplausos con que un grupo radical distingui¨® hace unos d¨ªas a los cuatro secuestradores de Ortega Lara a su llegada a la Audiencia Nacional y la c¨ªnica excusa dada por el abogado de Otegi (las bien ganadas vacaciones de un asesino absuelto) para justificar su incomparecencia ante el tribunal combinan de forma nauseabunda el ventajismo de la impunidad y el desprecio hacia la dignidad de las v¨ªctimas.

Como sucediera a?o y medio antes con el secuestro de Ortega Lara, la banda terrorista condicion¨® la liberaci¨®n del concejal popular de Ermua a una dr¨¢stica modificaci¨®n del r¨¦gimen penitenciario -esta vez, completa e inmediata- de los 500 activistas de ETA condenados por sentencia firme o en prisi¨®n provisional. El terrible final del secuestro de Miguel ?ngel Blanco hace superflua la condena de esa innoble estrategia de extorsi¨®n que comercia con vidas humanas y que establece condiciones de imposible cumplimiento para no llevar a cabo sus amenazas. Pero cabe preguntarse, sin embargo, si la propuesta aprobada el pasado mi¨¦rcoles por la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Vitoria, con el voto en contra de populares, socialistas y alavesistas, para elevar a instancias europeas el acercamiento de los reclusos de ETA al Pa¨ªs Vasco habr¨ªa podido estar justificada en el imaginario caso de no haber existido ese chantaje; la moci¨®n tuvo el apoyo de HB, que nunca ha censurado los atentados, secuestros y asesinatos de ETA, y el respaldo de los nacionalistas moderados (PNV y EA, socios en el Gobierno de Vitoria) y de la err¨¢tica IU.

Es cierto que el internamiento de los presos de ETA en c¨¢rceles alejadas de su antiguo domicilio obliga a sus familiares a fatigosos viajes; no parece, sin embargo, que las instalaciones penitenciarias del Pa¨ªs Vasco y de zonas lim¨ªtrofes puedan reunir -ni hoy ni ma?ana- los requisitos de seguridad y de capacidad necesarios para ese acercamiento. Tambi¨¦n es verdad que la Ley Penitenciaria incluye el objetivo de que cada "¨¢rea territorial" cuente con "el n¨²mero suficiente" de establecimientos para "evitar el desarraigo social de los penados"; ahora bien, el verbo empleado por la norma ("se procurar¨¢") para fijar el cumplimiento de esa orientaci¨®n program¨¢tica demuestra que no se propuso establecer derechos individuales o colectivos a favor de los reclusos o de sus familiares.

Tal vez la estrategia de dispersi¨®n iniciada en 1989 por el Gobierno socialista (y respetada entonces por el PNV, aunque Arzalluz ahora lo niegue) para facilitar la puesta en libertad de los presos de ETA dispuestos a dejar las armas haya agotado su capacidad de producir efectos reinsertadores. Pero los procedimientos elegidos por la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento vasco -presidida por un diputado del PNV- a fin de impulsar en Europa sus propuestas atentan contra la lealtad constitucional y la estabilidad democr¨¢tica. Los intentos de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la negativa de la Administraci¨®n central al acercamiento de todos los presos de ETA al Pa¨ªs Vasco desprecia la distribuci¨®n competencial del Estado de las autonom¨ªas (la legislaci¨®n penitenciaria no corresponde al Parlamento vasco, sino a las Cortes Generales) y ofende al Estado democr¨¢tico (acusado expl¨ªcitamente de violar derechos humanos). El camino hacia Estrasburgo es inviable: ni el Parlamento de Vitoria est¨¢ legitimado para acceder a las instancias judiciales del Consejo de Europa ni la proximidad de un preso a su entorno social forma parte de los listados de derechos humanos. El monstruoso corolario de la infundada pretensi¨®n, defendida por la imp¨ªa alianza que vincula a HB con el PNV, EA e IU, ser¨ªa una insultante equiparaci¨®n de las penas de prisi¨®n dictadas por los tribunales de un Estado de derecho (donde ha sido abolida la pena de muerte) con los tiros en la cabeza del maniatado Miguel ?ngel Blanco: es imposible sostener de buena fe que el alejamiento del domicilio materno de los presos terroristas deber¨ªa ser juzgado por el Tribunal Europeo de Estrasburgo como una conculcaci¨®n de esos mismos derechos humanos que los secuestradores y asesinos de la banda criminal pisotean a diario. Por muy fatigosos que resulten los traslados de los familiares a las c¨¢rceles donde los reclusos de ETA cumplen condena, la comparaci¨®n con el largo viaje, emprendido ayer por Miguel ?ngel Blanco (para utilizar el metaf¨®rico t¨ªtulo del relato de Jorge Sempr¨²n sobre su deportaci¨®n al campo nazi de Buchenwald) es una inhumama vileza que ning¨²n defensor del Estado de derecho y de la democracia, nacionalista o no nacionalista, deber¨ªa cometer.