Acuerdo general entre CiU y PSC sobre la futura ley del catal¨¢n

La ponencia parlamentaria encargada de elaborar la futura ley del catal¨¢n terminar¨¢ la semana pr¨®xima la primera. lectura completa del nuevo articulado, del que CiU ha retirado su idea inicial de obligar a las empresas privadas a estar en condiciones de atender y corresponder a sus clientes en el idioma oficial (catal¨¢n o castellano) que ¨¦stos elijan. Esta renuncia de CiU forma parte de un acuerdo con los socialistas, gracias al cual estos ¨²ltimos han depuesto su oposici¨®n general a la elaboraci¨®n de una nueva ley del catal¨¢n que sustituya a la actual, vigente desde 1983.El pacto CiU-PSC se enfrenta a una doble oposici¨®n, en ambos casos minoritaria. Por una parte, la del PP, que considera vulnerados los derechos de los castellanohablantes; por otra, la de los, independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit per la Independ¨¦ncia (PI), para quienes la renuncia de CiU a imponer el uso del catal¨¢n en las relaciones socioecon¨®micas privadas es una abdicaci¨®n inaceptable.

La futura ley establecer¨¢ un r¨¦gimen indirecto de sanciones para los funcionarios p¨²blicos,. las emisoras de radio y televisi¨®n de concesi¨®n auton¨®mica y las empresas que vulneren sus disposiciones ling¨¹¨ªsticas. La nueva normativa especificar¨¢ que los incumplimientos de la ley ser¨¢n castigados con las sanciones previstas en otras leyes ya vigentes, como las que regulan la funci¨®n p¨²blica y la disciplina de los mercados y la defensa de los consumidores.

S¨®lo el PP se opone frontalmente a que la nueva ley hable, siquiera indirectamente, de sanciones ling¨¹¨ªsticas. Los socialistas, por su parte, consideran innecesario que la ley cite las sanciones porque ¨¦stas ya est¨¢n previstas en otras normativas, pero no discuten su existencia. En el ERC y el PI, por el contrario, se juzga insuficiente este r¨¦gimen sancionador indirecto y se reclama que la ley del catal¨¢n contenga un sistema propio.

Rotulaci¨®n comercial

La futura ley reiterar¨¢ la obligaci¨®n actual de los comerciantes de atender a los clientes tanto si ¨¦stos hablan en castellano como si lo hacen en catal¨¢n, aunque no estar¨¢n obligados a corresponderles en el mismo idioma.Las empresas privadas dedicadas a la venta de productos o a la prestaci¨®n de servicios s¨ª estar¨¢n obligadas a redactar "al menos en catal¨¢n" todos sus r¨®tulos y carteles de informaci¨®n general a los usuarios y consumidores en los establecimientos abiertos al p¨²blico. Las compa?¨ªas privadas que ofrecen servicios p¨²blicos, como las de transportes o suministros, deber¨¢n emplear "al menos el catal¨¢n" en las facturas y cualquier documentaci¨®n relativa al tr¨¢fico de mercanc¨ªas, sin perjuicio de hacerlo en castellano cuando los usuarios lo pidan.

Los fabricantes de productos alimenticios, as¨ª como los de t¨®xicos, deber¨¢n redactar al menos en catal¨¢n todos los datos obligatorios de sus etiquetas.