El PP balear propone que s¨®lo paguen peaje los turistas

"No es una animalada: que los extranjeros y los visitantes que vienen desde fuera a estas islas [Baleares] nos financien [con el pago de peajes] nuestros servicios p¨²blicos, los mejores que podamos tener". Jaume Matas, presidente del Gobierno balear, del PP, razona y justifica as¨ª su alternativa pol¨ªtica para la construcci¨®n de nuevos tramos de autopista en la isla de Mallorca mediante la imposici¨®n selectiva de tasas diferenciadas a los turistas que los usen. En la opci¨®n del PP y del Ejecutivo balear no se precisa qu¨¦ visitantes deber¨¢n pagar el peaje. S¨®lo se apunta la exclusi¨®n de este tributo a los espa?oles no residentes en la isla.El 90% de los m¨¢s de 10 millones de turistas anuales que visitan Baleares son de la Uni¨®n Europea y el 10% son espa?oles: continentales o canarios. El archipi¨¦lago tiene 760.000 habitantes, de los que el 10% no son de nacionalidad espa?ola.

Respuesta a Fomento

El plan de peaje selectivo, que figura en la propuesta del convenio de carreteras con el Gobierno central -pendiente de cerrar desde hace meses-, ha sido articulado como una respuesta a la exigencia del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, de que el pr¨®ximo trazado de autopista en Mallorca sea de pago, sin discriminaci¨®n de nacionalidad o residencia.El Ejecutivo central plantea que para la mejora general de la infraestructura viaria de las islas Baleares con fondos del Estado, las nuevas autopistas radiales o la prolongaci¨®n de los tramos existentes no pueden ser libres. "El Ministerio de Fomento se ha empe?ado con el tramo de peaje y aunque la idea no nos guste intentaremos que no afecte a los mallorquines", apostilla Juan Verger, consejero balear de Fomento, presidente del PP de Baleares y, en el plano privado, empresario de nuevas gasolineras.

Verger y Matas asumen la direcci¨®n bic¨¦fala de la derecha balear, a la espera de que su antecesor, el destituido presidente Gabriel Ca?ellas, decida si quiere volver al primer plano de la vida pol¨ªtica tras la sentencia absolutoria del cohecho prescrito del caso S¨®ller [el cobro de un soborno de 50 millones en la concesi¨®n a un amigo del t¨²nel de peaje de S¨®ller en 1988]. El veredicto est¨¢ recurrido en el Supremo.

Mientras que el PP desde Baleares pretende gravar indirectamente las visitas y estancias de ciudadanos europeos por el uso de sus infraestructuras, en el Parlamento espa?ol y en la UE, el mismo partido persigue lograr un sistema estatal y comunitario de compensaciones econ¨®micas y fiscales para mitigar los costes de la insularidad y facilitar la implantaci¨®n de nuevas empresas. Las ¨²nicas objecciones planteadas a este proyecto de r¨¦gimen fiscal especial han sido del PSOE y de las minor¨ªas regionalistas canarias, que consideran il¨®gico e inoportuno primar a una comunidad con un nivel de renta superior a la media de Europa.