Se vende el cuartel

EL MINISTERIO de Defensa adjudic¨® la pasada semana a la consultor¨ªa Arthur Andersen y al banco de negocios NatWest Markets, por. 26 millones de pesetas, el concurso para elaborar un informe que permita racionalizar, con criterios empresariales, la enajenaci¨®n de las numerosas propiedades del Ej¨¦rcito que han quedado obsoletas o son improductivas. Se trata de vender o permutar por toda Espa?a decenas de edificios y unos 60 millones de metros cuadrados de suelo. Defensa estima que ingresar¨¢ unos 100.000 millones de pesetas en la operaci¨®n, pero otras fuentes creen que ser¨¢ mucho m¨¢s. El asunto no ha tenido el eco que una plan de tal envergadura merece.Con la contrataci¨®n de expertos privados, el ministerio intenta poner orden en el laberinto en que se introdujo hace ya 13 a?os cuando se puso en marcha la magna operaci¨®n inmobiliaria que encarg¨® a la Gerencia de Infraestructuras de Defensa. El ministro Eduardo Serra era entonces subsecretario del departamento, y fue ¨¦l mismo el impulsor de la iniciativa cuyas consecuencias, hasta el momento, han sido bastante conflictivas y escasamente rentables.

El plan preve¨ªa, entre otras cosas, vender los cuarteles que hab¨ªan quedado incrustados en medio de zonas urbanas muy pobladas y la construcci¨®n de nuevas bases operativas alejadas de n¨²cleos urbanos que, al menos en parte, ser¨ªan costeadas por la operaci¨®n inmobiliaria en marcha. El balance no es brillante. Las ventas de edificios y solares le est¨¢n suponiendo a Defensa unos ingresos anuales de unos 6.500 millones, cifra muy baja en comparaci¨®n con el valor, a precio de mercado, de los bienes de los que se ha desprendido. Las trabas administrativas, los costes pol¨ªticos de algunas ventas o la dificultad a la hora de enajenar determinados edificios han influido en ese escaso rendimiento econ¨®mico.

Pero ha sido en el terreno de los costes sociales donde la operaci¨®n ha resultado m¨¢s conflictiva. En muchos casos han sido los propios ayuntamientos los que han alimentado el convencimiento del ciudadano de que un antiguo cuartel incrustado en su barrio y que ya no sirve para uso militar debe revertir en beneficio del vecindario, y no ser utilizado para realizar un posterior negocio inmobiliario. En ocasiones ese convencimiento ten¨ªa una base legal: cuarteles construidos sobre terrenos cedidos o regalados en su d¨ªa por el municipio o la diputaci¨®n correspondiente con la expresa condici¨®n de servir para usos militares; o edificados en zonas expropiadas en su d¨ªa con la misma limitaci¨®n de uso. Movilizaciones en decenas de pueblos y ciudades para exigir la entrega gratuita de los acuartelamientos y bases obsoletos han contribuido a deteriorar la imagen de los ej¨¦rcitos.

Pero la otra cara de la. moneda es la necesidad de financiaci¨®n extra que necesitan las Fuerzas Armadas en este momento. Las encuestas, una de ellas, conocida ayer mismo, vienen revelando hace a?os que la mayor¨ªa de los espa?oles piensa que paga demasiados impuestos y, cuando se le pregunta de d¨®nde recortar¨ªa los gastos p¨²blicos para poder reducir la fiscalidad, indefectiblemente responde que de Defensa. Pero los estudios de opini¨®n tambi¨¦n confirman que una amplia mayor¨ªa, especialmente entre la juventud, est¨¢ por la supresi¨®n del servicio militar obligatorio. Si la transformaci¨®n de las actuales Fuerzas Armadas en un Ej¨¦rcito profesional no se ha realizado todav¨ªa, es por los elevados costes de la operaci¨®n. Y ya no s¨®lo por el coste de mantenimiento tras consolidarse el nuevo modelo, sino tambi¨¦n por el que conlleva el propio paso de un modelo a otro.

En el reciente adelanto del contenido de los Presupuestos para 1998 ofrecido por el Gobierno se consideraba a Defensa, junto a Educaci¨®n y Sanidad, una de las prioridades b¨¢sicas: para financiar su adecuaci¨®n en la perspectiva de su profesionalizaci¨®n. Es l¨®gico que el Gobierno intente. aliviar la carga que ese gasto supone para el contribuyente mediante la venta de terrenos y edificios militares.

Pero ello exige una discusi¨®n a fondo, en el Parlamento, sobre los Criterios a seguir. ?Debe ser Defensa quien dirija la operaci¨®n, con el consiguiente desgaste de imagen para los ej¨¦rcitos? ?No debiera hacerlo. Patrimonio del Estado, como ocurre en otros ministerios? ?Es normal que, pese a contar con un organismo creado para esos fines, se acuda a la empresa privada? Lo que no ser¨ªa normal es que un asunto en el que est¨¢ en juego una cantidad tan importante de dinero se resuelva sin la debida transparencia; de criterios y de gesti¨®n. La adjudicaci¨®n a consultoras privadas de la realizaci¨®n del proyecto puede estar justificada; pero los criterios son pol¨ªticos y deben discutirse.