Miguel Ricart, condenado a 170 a?os por asesinato

La Audiencia de Valencia conden¨® ayer a Miguel Ricart, de 28 a?os, a 170 a?os de c¨¢rcel por la violaci¨®n y asesinato de las tres ni?as de Alc¨¢sser en noviembre de 1992 -Miriam Garc¨ªa, de 14 a?os; Antonia G¨®mez, de 15, y Desir¨¦e Hern¨¢ndez, de 14-. Las espeluznantes, confesiones del acusado y los indicios reunidos por la Guardia Civil y los forenses fundamentan una condena que rechaza supuestas torturas o amenazas al procesado. El tribunal recomienda que se ampl¨ªe la investigaci¨®n a¨²n abierta contra el fugitivo Antonio Angl¨¦s para "evidenciar o descartar" la posibilidad de que participaran m¨¢s personas en el caso. Tambi¨¦n critica la posici¨®n mantenida por Fernando Garc¨ªa, padre de una de las v¨ªctimas, y la "agresi¨®n continuada" de los juicios paralelos.

La sentencia, dictada 36 d¨ªas despu¨¦s de la conclusi¨®n del juicio, culmina cuatro. a?os de investigaci¨®n judicial y un largo proceso de dos meses y medio al ¨²nico detenido por el triple crimen de Alc¨¢sser. La participaci¨®n de Ricart ha que dado claramente probada, seg¨²n se desprende de la sentencia, de 33 f¨®lios, que despoja el caso de artficios, especulaciones y teor¨ªas rocambolescas.Frente a los hasta 245 a?os de c¨¢rcel solicitados por el fiscal y las acusaciones populares -Asociaci¨®n Clara Campoamor y la diputada socialista de la Comunidad Valenciana Lourdes Alonso-, el tribunal ha decidido condenar a Ricart a un total de 170. Le impone 30 a?os por cada uno de los tres asesinatos, y otros 20 por cada uno de los cuatro delitos continua dos de violaci¨®n en conexi¨®n con el previo rapto de las v¨ªctimas, con las agravantes de despoblado y ensa?amiento.

La sentencia le absuelve de varios delitos de agresi¨®n sexual que las acusaciones populares distingu¨ªan de las violaciones, as¨ª como de tenencia il¨ªcita de armas y encubrimiento. Asimismo, le impone las costas y exige una indemnizaci¨®n de 300 millones para las familias de las v¨ªctimas. El Estado, al que varias acusaciones exig¨ªan responsabilidad civil subsidiaria, es absuelto.

El tribunal analiza pormenorizadamente las diferentes confesiones de Ricart antes de que alegara supuestas torturas, y les concede total validez como prueba para su condena frente a la declaraci¨®n que realiz¨® en el juicio, calificada de "inveraz". Todas las confesiones cumplieron con las garant¨ªas legales y no hay indicios que avalen una sospecha de malos tratos.

As¨ª, el fallo se atiene "a lo manifestado [por Ricart] en sus declaraciones sumariales, donde se produce la autoinculpaci¨®n progresiva hasta llegar "a la versi¨®n m¨¢s coherente con el conjunto de la prueba practicada", que dej¨® al descubierto "el desmoronamiento" del acusado ante la investigaci¨®n.

Indicios

Estas declaraciones se apoyan en los indicios reunidos por la Guardia Civil y los forenses, que concuerdan con el relato del propio Ricart. Entre otros, el presidente de la sala y ponente de la sentencia, el magistrado Mariano Tom¨¢s Ben¨ªtez, recuerda que el acusado y Angl¨¦s conoc¨ªan la caseta de La Romana (Tous) a la que fueron conducidas las v¨ªctimas. Adem¨¢s, "la estancia de las ni?as en la caseta resulta probable" por que en ella se encontr¨® un pendiente de Miriam, entre otros objetos. El hecho de que casi no existan manchas de sangre en la casa "no imposibilita el relato" de Ricart, porque las lesiones sufridas all¨ª por las v¨ªctimas no ocasionan derrames importantes.

Los informes forenses refuerzan la condena, ya que describen lesiones adelantadas por el propio Ricart, como son las violaciones con un palo, las marcas que dej¨® en las piernas de las ni?as al sujetar sus tobillos, o la posici¨®n de los cuerpos junto a la fosa antes de recibir el disparo mortal en la cabeza. Otro de los datos facilitados por el acusado y confirmado despu¨¦s, es la compra de unos bocadillos en un bar de Catadau mientras las v¨ªctimas permanec¨ªan atadas en la caseta.La sentencia tambi¨¦n resalta, como indicio contra Ricart, que ofreciera diferentes coartadas falsas, mientras que el hecho de que no haya una prueba biol¨®gica no es base suficiente para una exculpaci¨®n. No obstante, los resultados de ADN obtenidos establecen "una alta probabilidad de que otras personas pudiesen intervenir", por lo que se recomienda que se ampl¨ªen las pesquisas a¨²n abiertas contra Angl¨¦s.En cambio, Ricart s¨®lo ha alegado supuestas torturas y amenazas para negar las imputaciones, lo que rechaza el tribunal de plano. Los forenses no vieron ninguna se?al o signo de temor en el acusado, a lo que se une el hecho de que sus denuncias no se produjeron hasta que supo en 1995 que los primeros an¨¢lisis biol¨®gicos le exculpaban.

Sin perfil t¨ªpico

Adem¨¢s, "el acusado no tiene el perfil t¨ªpico de quien es susceptible de aceptar una autoinculpaci¨®n falsa", sino al contrario; de ser ciertas las torturas "no habr¨ªa dejado escapar la oportunidad de denunciarlas" ya en 1992. Ricart, como pusieron de manifiesto los peritos, tiene tendencia a responsabilizar de sus actos a terceras personas y "predisposici¨®n a mentir". Con todo ello, queda superado "el m¨ªnimo probatorio, de forma sobrada" para la condena.

Antes de entrar en la valoraci¨®n de las pruebas, la sentencia argumenta el rechazo a las diferentes peticiones de nulidad de diligencias de la investigaci¨®n, que fueron correctas, y descarta tambi¨¦n deducir testimonios contra la Guardia Civil o los forenses por supuestas irregularidades. A la hora de denegar tajantemente que el sumario regrese a la fase de instrucci¨®n, el tribunal critica dura mente a los abogados de Fernando Garc¨ªa, padre de Miriam, y sus constantes intentos de torpedear el proceso con peticiones de suspensi¨®n sustentadas "exclusivamente" por su perito, Luis Frontela, "en sinton¨ªa con su cliente". Su "posicionamiento desnaturalizado ocupar¨¢ un lugar destacado en el anecdotario jur¨ªdico-ritual espa?ol", dice la sentencia, que califica de "incongruente" e "injustificable" que se pidiera tal nulidad y a la vez la condena de Ricart.

Sobre los llamados juicios paralelos, destaca la sentencia que el proceso ha sufrido "una agresi¨®n continuada, previamente y durante las sesiones de la vista, con informaciones parciales en alg¨²n medio de comunicaci¨®n, tendentes a crear un ambiente de oscurantismo en el tr¨¢mite procesal".