Deterioro judicial

EL DETERIORO creciente de la imagen que los ciudadanos tienen de la justicia, medido recientemente en encuestas realizadas por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una manifestaci¨®n de la realidad con la que hay que contar para afrontar posibles reformas. Por eso ha sido oportuno que el ¨®rgano de gobierno de los jueces se haya apoyado en datos reales, obtenidos a trav¨¦s de sondeos, para elaborar un diagn¨®stico de la justicia en el Libro Blanco aprobado la semana, pasada.Que los ciudadanos tienen una mala opini¨®n del funcionamiento de la justicia no es un gran descubrimiento. Pero es de todo punto inquietante comprobar la r¨¢pida degradaci¨®n que ha sufrido su imagen: hace diez a?os, el 28% de los espa?oles consideraba que la justicia funcionaba mal o muy mal; hoy es el 51%. Por contra, s¨®lo un exiguo 16% cree que funciona bien. Este pronunciado declive, confirmado por otros datos sobre la corrupci¨®n o la parcialidad de algunos jueces, debe servir de est¨ªmulo para la b¨²squeda urgente de soluciones a un problema que, si bien afecta a todos los ciudadanos, lo padecen con especial gravedad quienes cuentan con menos medios.

Alguna reflexi¨®n deber¨ªan realizar los pol¨ªticos sobre las causas de esta degradaci¨®n. Los ciudadanos consideran que la Administraci¨®n de justicia es lenta, cara, oscura, anacr¨®nica; en suma, que, lejos de resolver sus problemas, a menudo los complica. Mientras tanto, los pol¨ªticos de uno y otro signo se dedican a instrumentalizar la justicia en contra de sus oponentes o a eludir sus propias responsabilidades. El uso de la acci¨®n popular como arma arrojadiza contra el adversario, la utilizaci¨®n del poder legislativo para atacar de forma oportunista al contrario y la desatenci¨®n a las necesidades ciudadanas reales de tutela judicial efectiva apuntan hacia el origen de los males presentes y presagian un negro porvenir.

El partido del Gobierno, al que debe corresponder la iniciativa de las reformas judiciales que el CGPJ propone -como limitar el poder de los jueces, extremar las incompatibilidades o crear un servicio de quejas y reclamaciones-, y la organizaci¨®n judicial mayoritaria, que deber¨ªa ser la m¨¢s interesada en corregir los males detectados, han recibido con displicencia el Libro Blanco y se han limitado a reclamar el regreso al sistema corporativo de elecci¨®n de los 12 miembros del consejo de origen judicial. S¨®lo una concepci¨®n de la justicia como servicio p¨²blico a los ciudadanos y como instrumento para satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva puede mejorar la percepci¨®n que tienen los espa?oles de la justicia. Pero si el Poder Judicial y los profesionales llamados a servirlo tratan de patrimonializar la independencia de los jueces y si el partido gobernante conecta con ese corporativismo, la modernizaci¨®n de este poder del Estado se retrasar¨¢ d¨¦cadas.