Justicia genuflexa

LA SALA Segunda del Tribunal Supremo instruye estos d¨ªas un sumario sobre las eventuales responsabilidades delictivas de dos jueces, dos fiscales y algunos abogados, a quienes otro magistrado acusa de conspiraci¨®n en el caso Sogecable. Este juez tambi¨¦n est¨¢ sometido a investigaci¨®n. No es irrelevante que sobre uno de los encausados, el juez Javier G¨®mez de Lia?o, pesen adem¨¢s dos querellas por prevaricaci¨®n, una interpuesta por miembros del Consejo de Administraci¨®n de Sogecable y PRISA, y otra de la Asociaci¨®n de Abogados Europeos en ejercicio de. la acci¨®n popular. Como tampoco lo es que los dos fiscales acusados sean dos de los famosos indomables: Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, sancionada por falta grave con su traslado fuera de la Audiencia Nacional, e Ignacio Gordillo, suspendido de empleo y sueldo por un mes sin que haya cumplido su sanci¨®n medio a?o despu¨¦s.La opini¨®n p¨²blica aspira con raz¨®n a que de este preocupante suceso procesal salga alg¨²n tipo de limpieza que -en eso parecen coincidir tirios y troyanos- nuestra justicia necesita con urgencia. Pero cabe lugar al escepticismo si contemplamos la pacata actitud del Consejo del Poder Judicial frente a las insolencias que se producen en el sistema y el envalentonamiento de determinados jueces, fiscales y abogados. Est¨¢n acusados del m¨¢s grave delito de que puede ser culpable un administrador de justicia, y lejos de respetar los usos procesales, se lanzan sobre las tribunas medi¨¢ticas para politizar su caso.

Los procesados en el llamado caso Sogecable son propietarios y administradores de una televisi¨®n, y varios de ellos, consejeros de este diario y del Grupo PRISA. Sin embargo, ninguno -que sepamos- ha hecho declaraciones fuera de la sala del juzgado, pese a su facilidad de acceso a los medios. Sin duda, por respeto a los tribunales. Respeto que no guardan el juez G¨®mez de Lia?o o el fiscal Gordillo, que, pese a estar en estos momentos fuera del caso, no tienen empacho en acudir a las tribunas medi¨¢ticas amparadas . por los querellantes y el denunciante para exponer sus razones y poner cara de buenos. El magistrado dej¨® at¨®nitos a los oyentes de la cadena de radio episcopal -que se sigue distinguiendo por su zafiedad ma?anera- al decir que la justicia espa?ola es "genuflexa, lacaya y servil" por el hecho, a todas luces normal, de que cuando llega a testificar al Supremo un ex presidente de Gobierno -Felipe Gonz¨¢lez- le "baje a recibir un magistrado del Gabinete". Se olvid¨® decir Lia?o que tal magistrado, que cumpl¨ªa por encargo su deber protocolario, no era otro que el ex marido de su actual compa?era sentimental, la fiscal Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado, imputada en la misma causa que el propio juez. La opini¨®n p¨²blica tiene derecho a suponer que Lia?o no repara en mezclar probables contenciosos privados con sus temerarios criterios sobre la justicia -la que ¨¦l no imparte, debemos suponer-.

Pero la aparici¨®n estelar de Lia?o, reproducida con amor por la televisi¨®n del Gobierno, s¨®lo fue el principio de una serie. Antonio Garc¨ªa Trevijano acudi¨® poco despu¨¦s al mismo p¨²lpito. Y al d¨ªa siguiente, el fiscal Ignacio Gordillo. ?ste, apartado del caso por las acusaciones de conspiraci¨®n para delinquir que pesan sobre ¨¦l, se permiti¨® decir por la antena lo que su superior jer¨¢rquico le ha impedido aseverar en la sala. Que un magistrado y un fiscal sometidos a investigaci¨®n por su posible prevaricaci¨®n en la instrucci¨®n se dediquen a opinar sobre ese caso en los medios debe ser algo sin precedentes en el mundo occidental. Y en el oriental. Y nos habla de la imparcialidad de esas personas en el tema que nos ocupa.

He aqu¨ª algunos lamentables ejemplos de lo que venimos diciendo desde hace tiempo y todo el mundo sabe: que los defectos de la Administraci¨®n de la justicia son evidentes, pero solucionables si existe voluntad pol¨ªtica. Los problemas concretos no afectan mayoritariamente a la carrera, sino a un reducido grupo de jueces, fiscales y, naturalmente, abogados. Como el se?or Trevijano, o el se?or Stampa -letrado del querellante Jes¨²s Cacho, despedido de EL PA?S por manipular informaci¨®n financiera-, que en un alarde de demagogia procesal se permiti¨® evocar la figura de un asesino que tiene la pistola en la mano para sostener la conveniencia de que Juan Luis Cebri¨¢n sea llamado a declarar ante el juez instructor. Sin duda, por su condici¨®n de penalista, este letrado conoce bien a algunos asesinos, pero ignora la trayectoria profesional y personal de cuantos han hecho y hacen este peri¨®dico, que es, ante todo y sobre todo, un ambiente para la decencia. Naturalmente, Stampa tuvo que acudir a met¨¢foras tan burdas porque le faltaban argumentos t¨¦cnicos, al punto de aseverar ante el Tribunal que no importa que no haya existido perjuicio para nadie, y que basta el simple de que se pudiera producir, para tipificar un delito de apropiaci¨®n indebida. Afirmaci¨®n suficiente para que cualquier alumno de Derecho fuera enviado a casa con un suspenso, pero que sirve a los efectos de difamaci¨®n puesta en marcha contra el Grupo PRISA.

En definitiva, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Gobierno -a trav¨¦s de la ministra de Justicia y del fiscal general- encaran una enorme responsabilidad. Si de verdad se quiere sanear la justicia, pueden empezar a hacerlo de inmediato, pues a ellos compete tomar medidas y parar tanto desatino, tanta infamia y tales desaguisados. Pero si siguen consintiendo desafueros y desprop¨®sitos como los que comentamos, habr¨¢ que sospechar que esta -conspiraci¨®n de los necios tiene alianzas m¨¢s poderosas.