?Qui¨¦n apuesta por la calidad?

El comienzo de curso universitario est¨¢ marcado por la batalla del Ministerio de Educaci¨®n y la Conferencia de Rectores, que cobr¨® dimensi¨®n pol¨ªtica a ra¨ªz del conflicto en Alicante y Elche. Las quejas de los rectores por la indefinici¨®n del ministerio son todo menos abstractas: insuficiente inversi¨®n (un 0,9% del PIB frente al 1,6% de media en la UE), paralizaci¨®n de los aspectos claves de la reforma -planes de estudio, r¨¦gimen de profesorado y funcionamiento del Consejo de Universidades- y quiebra del principio de autonom¨ªa universitaria.Los argumentos m¨¢s utilizados por la otra parte, las autoridades educativas, han sido las acusaciones de corporativismo y s¨ªndrome de aislamiento social que padecer¨ªan las universidades, porque habr¨ªan olvidado la dimensi¨®n b¨¢sica de servicio p¨²blico de la Universidad y su vinculaci¨®n con la sociedad a la que se deben y han de rendir cuentas. El corolario, reiterado por la ministra, es la denuncia del da?o causado a la calidad de la ense?anza, hasta el punto de sugerir que el ministerio se erigir¨ªa en adalid de los intereses de los estudiantes, para garantizar la prioridad de ese objetivo de calidad sobre intereses espurios.

No creo que valga la pena discutir sobre el manido fantasma de los intereses gremiales. Los hay. Han producido y producen efectos perversos. Nadie lo discute. Pero no es menos cierto que en la Universidad se han creado mecanismos de control y evaluaci¨®n continuos de su personal, especialmente del profesorado, que no existen en ning¨²n otro ¨¢mbito de la Administraci¨®n. Sencillamente, se trata de ayudar a que funcionen.En cambio, el de la calidad de la ense?anza s¨ª es un asunto central. Pero no puede desvincularse de las medidas que reclaman los rectores. Es impensable que se mejore la' docencia si no se incrementa la financiaci¨®n, y no menos indiscutible que lo que se dedica en nuestro pa¨ªs no se corresponde con el proclamado objetivo de homologaci¨®n europea. No habr¨¢ convergencia real, aunque cuadren otros n¨²meros, si no estamos a la altura en lo decisivo, la educaci¨®n. Por otra parte, ?qui¨¦n puede dudar de la incidencia del sistema de reclutamiento y formaci¨®n del profesorado en los niveles de calidad?

Claro que las universidades han de rectificar. Son responsables, por ejemplo, de la perversi¨®n de figuras como la del profesor asociado, con pr¨¢cticas que han desembocado en la eliminaci¨®n de la interinidad de las vacantes o en la proliferaci¨®n del lumpemprofesorado, imponiendo a los departamentos el recurso a contratos baratos para cubrir docencia, porque para las autoridades acad¨¦micas es m¨¢s urgente cerrar el cuadro horario que asegurar la formaci¨®n y calidad del profesorado, aunque proclamen lo contrario.

Pero las responsabilidades de las universidades no obedecen, en la mayor¨ªa de los casos, a ning¨²n tipo de consignas jur¨¢sicas, a atrabiliarias mentalidades o ideolog¨ªas de cierre. La explicaci¨®n es el ahogo econ¨®mico que padecen y que les fuerza a encontrar recursos a toda costa, aunque sea al precio de destrozar plantillas para sacar de una plaza de funcionario tres contratos precarios. Algo tiene que ver tambi¨¦n con esa situaci¨®n la ausencia de una planificaci¨®n del mapa universitario, que permite la proliferaci¨®n de universidades creadas muchas veces al socaire de ventajas electorales que no de aut¨¦nticas necesidades sociales.

Es f¨¢cil crear por decreto aunque luego no haya recursos, ni profesores formados, ni bibliotecas, ni equipos de investigaci¨®n, sino simplemente edificios-contenedores. Ex¨ªjanse control y rendimientos, pero no sin recursos adecuados. Si eso no se plasma en la Ley de Presupuestos, la defensa de la calidad es una broma de mal gusto.