?Por qu¨¦ otra ley del catal¨¢n?

Los tres primeros art¨ªculos de la Constituci¨®n Espa?ola proclaman la triple pluralidad del Estado: la ideol¨®gica, la territorial y la ling¨¹¨ªstica y cultural. En sus casi 20 a?os de vigencia, la sociedad espa?ola ha avanzado positivamente en la asunci¨®n de la pluralidad democr¨¢tica y en la distribuci¨®n territorial del poder. Sin embargo, algunos sectores, de la sociedad espa?ola todav¨ªa no han asumido plenamente la tercera pluralidad, la cultural y ling¨¹¨ªstica. El t¨®pico que relaciona la unidad pol¨ªtica con la unidad ling¨¹¨ªstica, la idea de que en Espa?a existe una gran lengua, el castellano, y diversas peculiaridades vern¨¢culas y el desconocimiento de las aportaciones de las otras lenguas hisp¨¢nicas a la cultura europea, siguen siendo generales incluso entre pol¨ªticos, empresarios, periodistas e intelectuales. Se pretende ignorar que el 41% de la poblaci¨®n espa?ola reside en comunidades aut¨®nomas con lengua propia -y tambi¨¦n oficial- distinta del castellano.Catalu?a tiene su lengua propia, la catalana, que, presente ya en el siglo X, se ha mantenido con gran vitalidad en todas las ¨¦pocas. El uso social del castellano en Catalu?a es relativamente reciente. Hoy, el Estatuto de Autonom¨ªa (1979) establece un mandato en virtud del cual la Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento y el uso de los dos idiomas hasta llegar a su plena igualdad. En cumplimiento de este mandato, se aprob¨® en 1983 la primera Ley de Normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica. Su objeto era despenalizar el catal¨¢n en los usos oficiales y generalizar su conocimiento a trav¨¦s del sistema educativo y los medios de comunicaci¨®n de la Generalitat.

A pesar del extraordinario avance del conocimiento oral y escrito entre la poblaci¨®n operado en los ¨²ltimos 20 a?os, la lengua catalana se ve hoy afectada por nuevos fen¨®menos que tienden a minorizarla. Se trata de la mundializaci¨®n de la econom¨ªa y del comercio, de lo que podr¨ªamos llamar la industrializaci¨®n de la lengua y de los productos culturales (el libro, el cine, el v¨ªdeo, los multimedias) y, finalmente, la explosi¨®n de las telecomunicaciones y la inform¨¢tica. Fen¨®menos que afectan a la mayor¨ªa de lenguas de difusi¨®n limitada, incluidas aquellas que cuentan con poderes estatales exclusivos como son, por citar s¨®lo las de la Uni¨®n Europea, el sueco, el fin¨¦s, el dan¨¦s o el griego, todas ellas de menor n¨²mero de hablantes que la catalana. Este nueva situaci¨®n est¨¢ provocando la expansi¨®n de las lenguas de gran difuci¨®n a escala mundial (el ingl¨¦s y el espa?ol, sobre todo) y la exclusi¨®n de las de menor difusi¨®n de determinados ¨¢mbitos. Por ello, casi todos los pa¨ªses de Europa, incluida Francia, han elaborado normativas de protecci¨®n para sus lenguas. Todos estos nuevos factores se superponen en Catalu?a a las secuelas de m¨¢s de dos siglos de exclusi¨®n de la lengua catalana de la escuela, la justicia o la administraci¨®n. En Catalu?a, persiste todav¨ªa en la actualidad una situaci¨®n de precariedad de la lengua catalana. Algunas cifras dan idea de ello: menos del 2% de las obras cinematogr¨¢ficas que se exhiben en Catalu?a lo son en catal¨¢n; s¨®lo lo es el 11 %de la prensa diaria; s¨®lo el 16% de la publicidad y menos del 30% de las emisiones de televisi¨®n o de radio.

Las cifras de uso de la lengua propia en la administraci¨®n de justicia o en las notar¨ªas son mucho m¨¢s reducidas, casi rid¨ªculas.

Los mecanismos de la Ley de 1983 resultan hoy insuficientes para garantizar la presencia igual del catal¨¢n y el castellano en la sociedad. Por otra parte, la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica es un fen¨®meno din¨¢mico incompatible con una legislaci¨®n est¨¢tica, como demuestran, entre otros, los precedentes de B¨¦lgica, Quebec o Suiza.

Es por ello que el Gobierno de Catalu?a ha impulsado la elaboraci¨®n de un nueva Ley. Para su tr¨¢mite se ha optado por el sistema de Ponencia Conjunta, lo que garantiza la participaci¨®n y la corresponsabilizaci¨®n de todos los grupos parlamentarios y favorece el di¨¢logo y el debate social.

En pocas palabras, los objetivos del nuevo marco legal son: consolidar la pol¨ªtica actual en materia de administraci¨®n p¨²blica y de educaci¨®n; favorecer el uso del catal¨¢n en la documentaci¨®n mercantil, en la justicia y en el mundo del derecho; garantizar una presencia m¨ªnima del catal¨¢n en las emisoras de radio de frecuencia modulada, en las televisiones locales y por cable y en el cine y, finalmente, introducir una regulaci¨®n del uso del catal¨¢n en el mundo socioecon¨®mico destinada a evitar que siga ausente en las empresas que prestan servicios p¨²blicos y en el etiquetaje de los productos alimenticios.

Todo ello, en el marco estatutario de la doble oficialidad, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar libremente y con plenos efectos jur¨ªdicos la lengua oficial, catal¨¢n o castellano, de su elecci¨®n, estableciendo un mandato claro de equiparaci¨®n real de las dos lenguas que exige una especial promoci¨®n de la catalana.

La nueva normativa pretende incidir en toda la sociedad para aproximar el uso del catal¨¢n al del castellano en Catalu?a y hacer real la libertad de elecci¨®n de lengua. Por ello trata de evitar que una situaci¨®n de predominio social de unos pocos haga in¨²til el esfuerzo personal y colectivo de muchos de extender el conocimiento de la lengua catalana a todos los sectores sociales que se ha realizado en los ¨²ltimos anos, propiciado adem¨¢s por su facilidad de comprensi¨®n y aprendizaje. Se establece, en casos muy concretos (radiodifusi¨®n, cine, servicios p¨²blicos y etiquetaje de productos alimenticios) el deber de determinadas empresas a garantizar el uso del catal¨¢n en sectores donde hoy, no por elecci¨®n del ciudadano o del consumidor, sino por simple inercia del mercado, la lengua catalana est¨¢ ausente.

El binomio "cuotas y sanciones" se ha convertido en estribillo interesado de los detractores de la nueva normativa. Suelen callar que la normativa espa?ola de radiodifusi¨®n y de cinematograf¨ªa establece y define las cuotas al amparo de la legislaci¨®n europea y garantiza su cumplimiento con sanciones. Suelen callar que no se propone ni una sola sanci¨®n al ciudadano, cuya libertad de elecci¨®n se ampara, si no al concesionario de un servicio p¨²blico que hipot¨¦ticamente impida a la comunidad la libre elecci¨®n de lengua.

Suelen callar que no se establece ninguna sanci¨®n que no exista ya en el ordenamiento jur¨ªdico. Acusan de intervencionista a la futura normativa sobre la lengua sin recordar que todas las normas que pretenden proteger al d¨¦bil, desde las laborales a las de arrendamientos urbanos, desde las de protecci¨®n al consumidor a las medioambientales, lo son. La futura ley, por tanto, suma mucho y no resta nada. Suma en igualdad de derechos entre los ciudadanos. Suma cohesi¨®n social a un pa¨ªs con una sola comunidad biling¨¹e. Suma progreso para el catal¨¢n sin mengua del castellano puesto que pretende la igualdad de aqu¨¦l y de ¨¦ste en Catalu?a. Suma para el conjunto del Estado avanzando en el camino del tercer gran cambio constitucional: el de hacer efectiva y no nominal la pluralidad ling¨¹¨ªstica de Espa?a. Al fin y al cabo, como advert¨ªa el poeta y acad¨¦mico Pere Gimferrer, "cualquier idioma tiene derechos y deberes que no conciernen s¨®lo a los que lo usan, sino a cualquier persona culta y a toda la humanidad".