Dos casos para la pol¨¦mica

La caja de los truenos se abri¨® el 28 de junio de 1996, cuando el juez Baltasar Garz¨®n, del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, dict¨® un auto admitiendo a tr¨¢mite la querella de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) contra algunos militares golpistas argentinos, a los que acusan de la desaparici¨®n de 38 ciudadanos espa?oles, 228 hijos de espa?oles y 158 nietos de espa?oles. Al admitir la denuncia, se declaraba competente la Jurisdicci¨®n espa?ola para investigar los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos por el r¨¦gimen militar que gobern¨® en Argentina entre 1976 y 1983.Pero la cosa no qued¨® ah¨ª. El juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, del Juzgado n¨²mero 6, acept¨® por su parte en julio de 1996 investigar la denuncia abierta por la misma UPF por genocidio y otros cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos por el general Augusto Pinochet y los dem¨¢s miembros de la Junta Militar chilena que gobern¨® entre 1973 y 1990. La denuncia acusa a los militares chilenos del asesinato y la desaparici¨®n de 4.000 ciudadanos, entre ellos los espa?oles Carmelo Soria, diplom¨¢tico, y Antoni Llid¨® y Joan Alsina, sacerdotes.

Los dos jueces se amparan para la instrucci¨®n y enjuiciamiento de estos hechos en el art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de la Jurisdicci¨®n espa?ola para 11 conocer de los hechos cometidos por espa?oles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, seg¨²n la ley penal espa?ola, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo... ". Los jueces ven reforzada su posici¨®n en los preceptos contenidos en la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y en los tratados y acuerdos internacionales firmados por Espa?a.

Garz¨®n decret¨®, el pasado 10 de octubre, prisi¨®n provisional, incondicional y comunicada en Carabanchel para el ex capit¨¢n de corbeta Aldolfo Scilingo y otros 10 ex jefes de la Armada argentina, contra quienes ha dictado una orden de busca y captura con efecto en todo el mundo, excepto en Argentina. Anteriormente, Garz¨®n hab¨ªa dictado orden de detenci¨®n contra el ex presidente argentino Leopoldo Galtieri. Ante el juez han llegado a declarar varios familiares de las v¨ªctimas, adem¨¢s de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, Garc¨ªa Castell¨®n ha escuchado declaraciones de chilenos, como la hija del ex presidente Salvador Allende, Isabel.