Lo inveros¨ªmil

DE ENTRE las respuestas posibles al documento elaborado por el director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, Jos¨¦ Barea, sobre la existencia de un d¨¦ficit adicional de 600.000 millones en los Presupuestos de 1997, el Gobierno eligi¨®, probablemente, la peor. La versi¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Informaci¨®n seg¨²n la cual Barea elabor¨® 24 horas despu¨¦s un segundo informe que desment¨ªa al anterior y bendec¨ªa los Presupuestos de este a?o y los de 1998 es, sencillamente, inveros¨ªmil. As¨ª se desprende de la intervenci¨®n del vicepresidente ?lvarez Cascos en el Congreso, que en una sesi¨®n de control parlamentario dijo ayer que las cuentas, p¨²blicas en nada hab¨ªan cambiado entre el 24 de septiembre, fecha del primer informe de Barea, y el 26 de septiembre, d¨ªa en que el Consejo de Ministros aprob¨® el Presupuesto. ?Qu¨¦ motivos ten¨ªa Barea para desmentir su primera versi¨®n, expuesta en el documento que desvel¨® Almunia?Si el Gobierno dice la verdad y existe un segundo documento que niega el d¨¦ficit suplementario denunciado en el primero, est¨¢ obligado a darlo a conocer al Parlamento. No estamos ante un texto oficial que ponga en peligro la seguridad del Estado, comprometa intimidades o est¨¦ sellado como confidencial; por tanto, la opini¨®n p¨²blica tiene derecho a saber si Barea rectific¨®, efectivamente, su an¨¢lisis inicial, y en caso afirmativo, por qu¨¦ lo hizo. Si ese informe de rectificaci¨®n existe, ser¨ªa conveniente para la credibilidad pol¨ªtica del Ejecutivo que se diera a conocer cuanto antes.

Precisamente porque su presentaci¨®n favorece al Gobierno, el hecho de que no se haya hecho p¨²blico abona la hip¨®tesis m¨¢s plausible: que tal documento no existe; o, por decirlo con mayor precisi¨®n, que no exist¨ªa antes de la semana pasada y que la Secretar¨ªa de Estado de Informaci¨®n simplemente minti¨® a la opini¨®n p¨²blica. Jos¨¦ Borrell ten¨ªa raz¨®n cuando en la sesi¨®n parlamentaria de ayer espet¨® a ?lvarez Cascos que "no es posible creer, como pretende el Gobierno, que un documento oficial, sellado y rubricado en cada una de sus p¨¢ginas, fuese modificado en 24 horas". La inverosimilitud aumenta cuando se conoce el car¨¢cter de Barea, poco dado a rectificaciones. En esta situaci¨®n, el error m¨¢s grave que pod¨ªa cometer el grupo parlamentario del PP, y el vicepresidente ?lvarez Cascos, encargado de lidiar tan espinoso asunto, es rehuir el debate sobre el fantasmag¨®rico documento. Porque si no lo presenta, quedar¨¢ probado que enga?¨® a los ciudadanos; y si lo hace pasado un plazo, cabr¨¢ siempre la sospecha, bien fundada, de que se trata de un informe fabricado a posteriori.

Pero la discusi¨®n sobre si existe o no el segundo documento de Barea, aunque es interesante en cuanto revela la facilidad con que este Gobierno se mete en jardines y sus escasos escr¨²pulos en hurtar informaci¨®n a la opini¨®n p¨²blica, no debe ocultar otras reflexiones sobre el Presupuesto. El Gobierno no parece interesado en entrar en el fondo de la cuesti¨®n para demostrar que este a?o no existe realmente un d¨¦ficit de financiaci¨®n de 600.000 millones, como asegura Barea, que habr¨ªa que financiar en 1998; y la oposici¨®n, es decir, el PSOE, tampoco parece dispuesta a demostrar que el agujero existe. En este sentido, hay que decir que tambi¨¦n ?lvarez Cascos ten¨ªa raz¨®n ayer cuando contest¨® en el Parlamento que las cr¨ªticas al Presupuesto contenidas en el informe de Barea (es decir, en el ¨²nico conocido hasta ahora) "no han sido recogidas en las enmiendas del Grupo Socialista". Si las cuentas de Barea son veraces y reales, resulta una frivolidad no proponer las correcciones necesarias para evitar el d¨¦ficit.

La trifulca montada en tomo al documento Barea ha puesto en evidencia que la Oficina Presupuestaria que Aznar anunci¨® como, piedra angular para controlar el gasto es apenas una fachada de cart¨®n piedra. Ni el Gobierno le facilita los datos necesarios para ejercer su funci¨®n, ni toma en consideraci¨®n sus informes, salvo que sean laudatorios. Por si no bastara con ello, su propia existencia amenaza con convertirse en obst¨¢culo para crear una oficina presupuestaria dependiente del Parlamento que en tiempo real pueda disponer de la informaci¨®n necesaria para controlar, al servicio de los ciudadanos, las cuentas p¨²blicas.