La Corte Suprema nicarag¨¹ense cree que el acuerdo de extradici¨®n firmado con Espa?a es inconstitucional

Los casi 100 millones de d¨®lares de ayuda financiera que ha tra¨ªdo Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en su visita a Nicaragua y el macroproyecto de alfabetizaci¨®n de adultos anunciado a bombo y platillo han quedado algo deslucidos por sendas pol¨¦micas: el convenio de extradici¨®n firmado entre Aznar y el presidente Amoldo Alem¨¢n, y la presi¨®n de 47 espa?oles para que se les devuelvan 166 propiedades confiscadas durante la revoluci¨®n sandinista (1979-1989).La firma del tratado ha provocado un duro enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial nicarag¨¹enses. La Corte Suprema de Justicia considera que el tratado es "inconstitucional", ya que en su art¨ªculo 4 contempla la extradici¨®n por "delitos pol¨ªticos y de terrorismo". La vicepresidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, fue contundente al explicar que "en el derecho de extradici¨®n hay un principio seg¨²n el cual ¨¦sta no procede cuando se trata de delitos pol¨ªticos, principio contenido en la Constituci¨®n de Nicaragua y en la mayor¨ªa de tratados suscritos por el pa¨ªs".

La Canciller¨ªa cree que el problema es ficticio, ya que el C¨®digo Penal establece que el terrorismo no es un delito pol¨ªtico. Esta explicaci¨®n no impedir¨¢, sin embargo, que la Corte Suprema resuelva cualquier recurso de un ciudadano afectado por el tratado con la sentencia de "inconstitucional".

La pol¨¦mica gener¨® adem¨¢s otra inquietud: la de si el tratado se ha firmado ahora porque haya etarras residiendo en Nicaragua. Sin embargo, el embajador espa?ol descart¨® esta posibilidad: "Tan s¨®lo se trata de un instrumento jur¨ªdico m¨¢s para luchar contra el terrorismo". Aznar ha firmado un tratado similar con Panam¨¢ y ya hay uno vigente con El Salvador. Respecto a las pretensiones de los espa?oles cuyas propiedades fueron confiscadas, hace unos d¨ªas, el embajador en Managua, Carlos D¨ªaz Valc¨¢rcel reconoci¨® que este conflicto es el ¨²nico escollo en las relaciones bilaterales.

Ahora, tras la reuni¨®n de Aznar con los representantes de la Asociaci¨®n de Confiscados Espa?oles, las cosas est¨¢n peor. Los afectados dicen estar "decepcionados" con la actitud del presidente. "La verdad es que se ha callado la boca. Nos ha escuchado pero s¨®lo ha dicho que va a hablar con Arnoldo (Alem¨¢n)", se?alaron.

Un informe oficial del ministerio de Finanzas nicarag¨¹ense detalla que, de los 47 reclamantes, s¨®lo 27 han conseguido- los bonos de indemnizaci¨®n por el valor de sus propiedades (casi siete millones de d¨®lares) en los ¨²ltimos siete a?os. Quedan 20 casos sin resolver que afectan a 84 propiedades. A nueve de ellos se les ha dicho que sus reclamaciones no se sostienen.

El hermetismo y la f¨¦rrea seguridad ha rodeado la visita de Aznar a Managua. Cuando descendi¨® del avi¨®n de la Fuerza A¨¦rea Espa?ola, 70 agentes de la Direcci¨®n de Informaci¨®n para la Defensa del Ej¨¦rcito nicarag¨¹ense escoltaron al presidente espa?ol, adem¨¢s de su servicio de seguridad personal y oficiales de la Polic¨ªa Nacional. Los lugares que visit¨® fueron acordonados por antidisturbios.

La Uni¨®n de Periodistas de Nicaragua protest¨® por las medidas de seguridad, que pr¨¢cticamente dejaron sin cobertura la mayor parte de la visita, y por la organizaci¨®n de la ¨²nica rueda de prensa, en la que s¨®lo ten¨ªan derecho a preguntar cuatro periodistas nacionales.