Mal derecho

"Hard cases make bad law". Los casos dif¨ªciles producen mal derecho. As¨ª reza un aforismo puesto en circulaci¨®n hace ya bastante tiempo en el mundo judicial de Estados Unidos. La sentencia de Filesa ha venido a poner de manifiesto la validez del mismo m¨¢s all¨¢ del sistema de administraci¨®n de justicia que le dio vida.

Filesa era en s¨ª un caso dif¨ªcil. Se ha hecho deliberadamente todo lo posible para convertirlo en m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa. La forma tan accidentada en que se desarroll¨® la instrucci¨®n. El ejercicio abusivo de la acci¨®n popular. La personaci¨®n del PP. Las acusaciones de prevaricaci¨®n dirigidas a los magistrados por un error en la colocaci¨®n de unas comillas en un auto por relevantes personalidades pol¨ªticas y m¨²ltiples medios de comunicaci¨®n en la fase inmediatamente anterior a la apertura del juicio oral. La imputaci¨®n de justicia "genuflexa" ante los poderosos al Tribunal Supremo por la forma en que accedi¨® al edificio un determinado testigo... Todo lo que era pol¨ªticamente imaginable hacer para dificultar la decisi¨®n del tribunal se ha hecho.

El resultado ha sido el que ha sido. Una sentencia que no es un instrumento de pacificaci¨®n, sino de todo lo contrario. Ha sido recibida con una alegr¨ªa desmesurada por los adversarios pol¨ªticos de quienes son condenados a penas privativas de libertad y como una decisi¨®n absolutamente desproporcionada y, por tanto, injusta por quienes han sido condenados. Casi me atrever¨ªa a decir que ha satisfecho la sed de venganza de unos y que ha defraudado las esperanzas de justicia de otros.

Obviamente a ning¨²n tribunal se le puede pedir que dicte una sentencia que no convenza a quienes da la raz¨®n y que convenza a quienes se la quita. Pero s¨ª se le puede y se le debe pedir que su argumentaci¨®n tenga el poder de convicci¨®n suficiente como para que quienes no han sido partes en el proceso, es decir, el conjunto de los ciudadanos y en particular los juristas, puedan entenderla y aceptarla, aunque no la compartan por completo.

Esta exigencia vale para todos los tribunales de justicia, pero m¨¢s que para ninguno para los del orden penal. Cuando un tribunal condena a un ciudadano a penas privativas de libertad, los magistrados que lo integran no s¨®lo tienen que tener subjetivamente la seguridad de que la conducta que est¨¢n enjuiciando es constitutiva del delito que se le imputa y adem¨¢s merecedora de la pena en la cuant¨ªa que se le impone, sino que tienen adem¨¢s que ser capaces de traducir esa convicci¨®n subjetiva en una justificaci¨®n objetiva que est¨¦ por encima de toda sospecha, es decir, que sea susceptible de ser interiorizada por la sociedad.

El derecho es un instrumento de pacificaci¨®n. Su raz¨®n de ser es que la sociedad a trav¨¦s de los tribunales de justicia ponga fin de manera civilizada al enfrentamiento, restableciendo de esta manera la paz. Para ello la decisi¨®n judicial tiene que ser capaz de soportar el test de la razonabilidad y de la proporcionalidad. Tanta o m¨¢s importancia que el fallo en s¨ª, tiene la manera en que el tribunal lo explica. Si no consigue justificar de manera objetiva, razonable y proporcionada la decisi¨®n que impone, la funci¨®n pacificadora de la sentencia se ve extraordinariamente reducida.

De esto es de lo que adolece la sentencia del caso Filesa, como explicaba el martes pasado el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona en un art¨ªculo publicado en La Vanguardia. Ni la argumentaci¨®n, dec¨ªa, es convincente, ni la pena que impone, proporcionada. Me temo que es una opini¨®n bastante generalizada. Al menos, entre los juristas.