Espa?a se autoexcluye

LA CUMBRE de Luxemburgo sobre el empleo ha mejorado las pobres expectativas previas a la misma. Al final, los Quince consiguieron algunos acuerdos que definen una incipiente pol¨ªtica com¨²n para combatir el paro. Estos resultados obligan a los pa¨ªses europeos a cumplir objetivos de reinserci¨®n laboral de los parados j¨®venes y de larga duraci¨®n, mediante la f¨®rmula de cuantificar ofertas de empleo o formaci¨®n profesional en el plazo de cinco a?os. El hecho de que estas decisiones se hayan producido -m¨¢s all¨¢ del escepticismo sobre compromisos poco definidos y que carecen de instrumentos financieros propios para cumplirlos- es un indicador de que los dirigentes pol¨ªticos europeos parecen haber anotado el grav¨ªsimo problema de tener 18 millones de parados y, por otra parte, que las posiciones m¨¢s reticentes hac¨ªa la conveniencia de aplicar actuaciones comunes (aunque sean m¨ªnimas), como Alemania y Espa?a, han plegado velas en beneficio de quienes defend¨ªan pol¨ªticas m¨¢s activas.Si el resultado global del encuentro de Luxemburgo es satisfactorio en general, la posici¨®n de Espa?a no lo es tanto. Nuestro pa¨ªs es el ¨²nico que, por el momento, ha declarado tajantemente que se unir¨¢ a la cl¨¢usula de exenci¨®n o exclusi¨®n aprobada en la cumbre, seg¨²n la cual los pa¨ªses con tasas de paro inusualmente elevadas podr¨¢n cumplir los programas de reinserci¨®n laboral en un plazo superior a los cinco a?os fijados para el resto de los pa¨ªses. Es decir, que mientras los parados j¨®venes y de larga duraci¨®n de los pa¨ªses europeos cuentan con el compromiso de sus Gobiernos de que tendr¨¢n. nuevas oportunidades laborales en el pr¨®ximo lustro, bien mediante una oferta de empleo, bien, mediante cursos de reconversi¨®n profesional,- los desempleados espa?oles -casi el 2 1 % de la poblaci¨®n activa-, y concretamente los de larga duraci¨®n -que son aproximadamente 1.700.000 personas-, no podr¨¢n exigir a su Gobierno el cumplimiento de tal compromiso. El plazo ser¨¢ superior a esos cinco a?os, pero Espa?a no ha precisado por ahora en cu¨¢nto tiempo ser¨¢ superior.

La autoexclusi¨®n espa?ola del primer atisbo de pol¨ªtica de empleo com¨²n en Europa no es, evidentemente, un capricho, sino una opci¨®n pol¨ªtica. La econom¨ªa espa?ola es una de las que han tenido que aplicar un ajuste presupuestario mayor y en un periodo de tiempo m¨¢s corto -el d¨¦ficit ha pasado desde m¨¢s del 6% del PIB hasta menos del 3% en tres ejercicios presupuestarios para cumplir los criterios de convergencia de Maastricht. Las exigencias para integrarse en el euro, al tiempo que se mantienen los niveles de protecci¨®n social y de inversi¨®n p¨²blica, obligan a realizar dificiles equilibrios con las cuentas p¨²blicas. Resulta complicado cuadrarlas sin romper las costuras, pero la asignaci¨®n de recursos internos es la mayor de las pol¨ªticas econ¨®micas que quedan a los Gobiernos nacionales.

Que la posici¨®n del Gobierno sea explicable no impide que est¨¦ obligado a cumplir ciertas condiciones. La primera es de informaci¨®n: Aznar debe informar a los ciudadanos cu¨¢l es el- coste de aplicar a los parados los compromisos de incentivo y promoci¨®n profesional adquiridos en Luxemburgo, y cu¨¢l es, pues, la imposibilidad financiera que obliga a Espa?a a inhibirse de esos acuerdos. Estos datos son fundamentales para que la sociedad sepa las consecuencias de la autoexclusi¨®n y, sobre todo, para que puedan debatirse pol¨ªticas de empleo sustitutivas. En un dilema tan grave como el de disminuir el paro, no puede renunciarse sin m¨¢s a debatir la inversi¨®n en programas de recolocaci¨®n y formaci¨®n de parte de los ingresos obtenidos por las privatizaciones o las subvenciones a las empresas p¨²blicas, por poner dos ejemplos.

Desde un punto de vista pol¨ªtico, la cumbre de Luxemburgo no ha sido satisfactoria para Espa?a: es la primera vez que un Gobierno espa?ol hace uso de una cl¨¢usula de autoexclusi¨®n -una especie de opting out, en la jerga comunitaria-, y ello implicar¨¢ una p¨¦rdida de homogeneidad con las pol¨ªticas laborales del resto de Europa. Espa?a se descuelga del acervo comunitario en un momento cr¨ªtico, precisamente cuando los Quince han apostado por una pol¨ªtica social com¨²n reclamada con fuerza por las opiniones p¨²blicas.

Las debilidades estructurales de la econom¨ªa espa?ola, esta vez indisimulables, obligan a elegir una v¨ªa m¨¢s lenta de aproximarse a la pol¨ªtica europea de empleo: severo correctivo para el propagadismo del que ha hecho gala el Ejecutivo espa?ol. Aceptada como inevitable esta decepci¨®n, es imprescindible que no se agrave posteriormente con la resignaci¨®n y el desinter¨¦s. El Gobierno tiene m¨¢s plazo para cumplir los objetivos, pero no bula para olvidarlos. No- estar¨ªa de m¨¢s que, como prueba de buenas intenciones, fijara -con la mayor rapidez- en qu¨¦ plazo superior a los cinco a?os se compromete a aplicar su propio programa antiparo.