Defensa denuncia a 63 ayuntamientos por no alistar a los reclutas

El Ministerio de Defensa ha denunciado a 63 ayuntamientos del Pa¨ªs Vasco y Navarra ante Justicia para que este ministerio decida si insta a la Fiscal¨ªa General del Estado a actuar contra ellos por negarse a alistar durante 1996 a los j¨®venes de su municipio obligados a cumplir el servicio militar. M¨¢s de la mitad de las corporaciones que han sido denunciadas (39) pertenecen a la provincia de Guip¨²zcoa y m¨¢s de un tercio del total (25) tienen un alcalde de la coalici¨®n independentista Herri Batasuna.

En una respuesta dirigida al senador socialista Heliodoro Gallego Cuesta, el Ministerio de Defensa reconoce tener conocimiento de que la obligaci¨®n de alistar a los mozos, prevista en, el art¨ªculo 9 de la ley del Servicio Militar, "f¨²e, vulnerada durante el pasado a?o" por un total de 63 ayuntamientos: 39 de Guip¨²zcoa, 12 de Vizcaya, tres de Alava y nueve de Navarra. "Estos incumplimientos", agrega la respuesta de Defensa, "han sido puestos en conocimiento de la ministra de Justicia [Margarita, Mariscal de, Gante], por si estima oportuno que el fiscal general del Estado [Jes¨²s Cardenal] promueva el ejercicio de la acci¨®n de la Justicia, en el supuesto de que la negativa pudiese ser constitutiva de delito previsto en el art¨ªculo 412.1 del C¨®digo Penal"Dicho art¨ªculo castiga, con penas de tres a doce meses de multa y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico de entre seis meses y dos a?os, al "funcionario p¨²blico que requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administraci¨®n de Justicia u otro servicio p¨²blico".

Entre los ayuntamientos denunciados se encuentran los de Hernani, Bergara, Arrasate-Mondrag¨®n y Pasaia, en Guip¨²zcoa; los de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, en Vizcaya; el de Salvatierra, en ?lava; y el de Etxarri-Aranatz, en Navarra. En total, hay 25 municipios cuyo alcalde es miembro de la coalici¨®n independentista Herri Batasuna (HB), 14 del Partido Nacionalista Vasco (PNV), once de Eusko Alkartasuna (EA), tres del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) y diez independientes, aunque muchos de estos ¨²ltimos est¨¢n en la ¨®rbita de la propia HB.

Uno de los consistorios denunciados por Defensa es el de Oiartzun, en Guip¨²zcoa, cuyo alcalde, Juan Bautista I?arra, de HB, fue detenido el pasado jueves por la Ertzaintza y conducido ante en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de San Sebasti¨¢n por negarse a alistar a los mozos de su localidad. El art¨ªculo 9 de la ley del Servicio Militar obliga a los espa?oles varones, en el a?o en que cumplen los 17, a alistarse en los ayuntamientos de su residencia.

"Las listas confeccionadas por los ayuntamientos, agrega la ley , "ser¨¢n remitidas al centro de reclutamiento correspondiente acompa?adas de las fichas de inscripci¨®n que hubieran recibido e incluir¨¢n como alistados de oficio a los nacidos y a los residentes en su municipio que no se hayan inscrito". Varios alcaldes han sido ya inhabilitados para el cargo por negarse a cumplir la ley del Servicio Militar, como Pablo Llorens Garc¨ªa, de HB, antiguo responsable municipal de Bargota (Navarra), o Roque I?arra, del PNV, que lo fue de Antzuola (Guip¨²zcoa).

Las primeras corporaciones que suprimieron su secci¨®n de quintas fueron los de Lezo (Guip¨²zcoa) y Bera de Bidasoa (Navarra), que o hicieron en 1987.

Posteriormente, muchos otros consistorios, incluidos los m¨¢s importantes del Pa¨ªs Vasco, han aprobado acuerdos municipales en los que se declaran ¨ªnsumisos, pero la mayor¨ªa de las veces los mismos no han tenido consecuencias pr¨¢cticas, ya que han seguido enviando peri¨®dicamente las listas de mozos a Defensa.

Cuando esto no se produce son los propios centros provinciales de reclutamiento los que suplen a los ayuntamientos y alistan directamente a los j¨®venes. Pese a ello, el Pa¨ªs Vasco y Navarra son, proporcionalmente, las comunidades que aportan menos reclutas a las Fuerzas Armadas, dado su alto ¨ªndice de objetores e insumisos.

El rechazo de las ¨ªnstituciones vascas a la ley de Objeci¨®n de Conciencia dificulta, adem¨¢s, el que los objetores puedan cumplir la prestaci¨®n social sustitutoria.