Retroceso afortunado

LA DECISI?N del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera de suavizar el llamado medicamentazo reduciendo el n¨²mero de productos farmac¨¦uticos excluidos de la Seguridad Social de 500 a 200, y promover, como base del ahorro sanitario, una reducci¨®n de los precios de las medicinas de entre el 3% y el 6%, es una afortunada rectificaci¨®n de los planes iniciales defendidos por el Gobierno, y como tal debe ser saludada. En este aspecto, el nuevo modelo de financiaci¨®n sanitaria pactado con las comunidades aut¨®nomas permitir¨¢, si llega a ponerse en pr¨¢ctica en todos sus t¨¦rminos, abaratar el coste de las medicinas para todos los bolsillos y, sobre todo, garantizar unos ahorros para el conjunto del sistema que solamente con la exclusi¨®n anunciada de los 500 medicamentos no estaba asegurado. Tanto los ciudadanos como el propio sistema resultan m¨¢s beneficiados con este procedimiento que con el medicamentazo a secas.La nueva f¨®rmula de financiaci¨®n sanitaria incluye finalmente un aumento de recursos en 1998 de 315.000 millones, de los cuales unos 65.000 millones se conseguir¨¢n mediante la citada rebaja de precios y la exclusi¨®n de medicinas financiadas por la Seguridad Social. El acuerdo tiene dos graves problemas pol¨ªticos que el Gobierno no ha sabido resolver. El primero es que favorece abiertamente a Catalu?a y, en general, a las comunidades que tienen transferidas competencias de Sanidad, en detrimento comparativo con el resto; ni Rato ni Romay han sido capaces de evitar la imagen de que el medicamentazo y toda la parafernalia negociadora con las comunidades aut¨®nomas se ha montado para favorecer a sus socios catalanes. El segundo problema es que el Gobierno prometi¨® financiaci¨®n adicional para la sanidad en 1998, y lo que hasta el momento ofrece, al menos parcialmente, es ahorro y recorte de gasto, tanto en el coste de los medicamentos como en la persecuci¨®n del fraude por incapacidad laboral. De forma que los 65.000 millones obtenidos por esta v¨ªa est¨¢n condicionados al ¨¦xito de programas que nunca se consiguen al ciento por ciento. El origen de la financiaci¨®n nueva es desconocido.

La pretensi¨®n de conseguir un recorte en los precios de entre el 3% y el 6% requiere algo m¨¢s que una mera declaraci¨®n de intenciones; exigir¨¢, probablemente, una negociaci¨®n directa y dura con las empresas. En ning¨²n caso puede ser una imposici¨®n a palo seco. Ser¨ªa una ingenuidad negar que Sanidad ha manejado p¨²blicamente el globo sonda de la retirada de los 500 medicamentos como amenaza poco disimulada al sector farmac¨¦utico. Sin embargo, si bien el modelo de financiaci¨®n elegido es mejor que la mera exclusi¨®n, la forma en que se ha planteado es, de nuevo, confusa e irrespetuosa para con las empresas afectadas. Parece una provocaci¨®n innecesaria a un interlocutor ya de por s¨ª dif¨ªcil el hecho de que Farmaindustria se haya enterado por la prensa de las nuevas condiciones de financiaci¨®n.

Hay margen suficiente, a pesar de las torpezas pol¨ªticas, para que esa negociaci¨®n concluya con ¨¦xito. La existencia de un ampl¨ªsimo mercado cautivo en Espa?a controlado por Farmaindustria y la evoluci¨®n creciente del gasto farmac¨¦utico permiten que la industria pueda soportar sin graves da?os rebajas de precios. Falta que las conversaciones se inicien con la mayor diligencia.