Espa?a destruir¨¢ en tres a?os sus 850.000 unidades

Espa?a destruir¨¢ en un plazo m¨¢ximo de tres a?os, uno menos de lo que obliga el tratado, las 850.000 minas antipersonas almacenadas en los arsenales del Ej¨¦rcito, seg¨²n indicaron ayer fuentes gubernamentales.El secretario de Estado de Pol¨ªtica Exterior, Ram¨®n de Miguel, firmar¨¢ hoy en Ottawa (Canad¨¢) la Convenci¨®n sobre la Prohibici¨®n del Empleo, Almacenamiento, Producci¨®n y Transferencia de Minas Antipersonas y sobre su Destrucci¨®n, junto a los representantes de m¨¢s de 100 pa¨ªses.

El Gobierno espa?ol, a?adieron las mismas fuentes, remitir¨¢ en breve al Parlamento el Tratado de Ottawa para su ratificaci¨®n, as¨ª como un proyecto de ley sobre medidas unilaterales, en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Congreso el pasado 25 de febrero.

Las existencias espa?olas de minas antipersonas ascienden a unas 850.000 unidades. El 90% de ellas son minas explosivas, que se entierran a poca profundidad y se activan al contacto. La mayor¨ªa corresponde al modelo P-5, pero se conservan tambi¨¦n unas 150.000 del tipo P-4, ya obsoletas, que han empezado a ser destruidas mediante explosi¨®n controlada. El 10% restante son minas antirremoci¨®n, que estallan al intentar desactivarlas, y saltadoras, que se elevan para explotar en el aire.

530 millones de coste

Los estudios del Ministerio de Defensa cifran en 530 millones de pesetas el coste de la destrucci¨®n del arsenal espa?ol de minas. El plan consiste en incinerarlas en la factor¨ªa de desmilitarizaci¨®n de municiones que la empresa Fabricaciones Extreme?as (Faex) tiene en las proximidades de Navalmoral de la Mata (C¨¢ceres). Se da la circunstancia de que Faex es propiedad de Explosivos Alaveses (Expal), que fue el principal fabricante espa?ol de este tipo de artefactos.El tratado permite a los pa¨ªses firmantes conservar "la cantidad m¨ªnima [de minas] absolutamente necesaria" para el adiestramiento de sus equipos de detecci¨®n y desactivaci¨®n. El Ej¨¦rcito espa?ol prev¨¦ conservar un total de 10.000 unidades, suficientes para cubrir sus necesidades durante una d¨¦cada. La paradoja estriba en que, cuando estas existencias se agoten, habr¨¢ que comprar las minas a naciones que no hayan suscrito la convenci¨®n.

El Ej¨¦rcito de Tierra adquiri¨® sus ¨²ltimas minas antipersonas de guerra en 1991, y el Ej¨¦rcito del Aire, en 1994. En julio de este ¨²ltimo a?o, el Gobierno espa?ol aprob¨® una moratoria sobre la exportaci¨®n, que fue prorrogada en 1995 y 1996, ya con car¨¢cter indefinido. Desde 1993 no se ha autorizado ninguna exportaci¨®n de este tipo de minas.

Greenpeace, una de las organizaciones impulsoras de la Campa?a Internacional contra las Minas Antipersonas, galardonada con el Nobel de la Paz, ha denunciado el prop¨®sito del Gobierno espa?ol de excluir las "bombas de racimo y armas de efectos similares" de la prohibici¨®n, incumpliendo as¨ª el acuerdo del Congreso.

Fuentes militares sostienen, por su parte, que las mal llamadas bombas de racimo, en realidad bombas antipista, no son homologables a las minas antipersonas, pues no son armas indiscriminadas, sino dirigidas a destruir los aer¨®dromos del adversario en caso de conflicto". Las minas antipersonas que llevan incorporadas, seg¨²n las mismas fuentes, tienen como objetivo evitar la reparaci¨®n de las pistas da?adas y, a diferencia de las restantes, no quedan enterradas y se desactivan en un m¨¢ximo de siete d¨ªas.

Greenpeace sostiene, por el contrario, que la ¨²nica excepci¨®n que permite el tratado son los mecanismos antimanipulaci¨®n de las minas anticarro.