La ministra francesa de Justicia sugiere divorcios r¨¢pidos en las alcald¨ªas al margen de los tribunales
"En el fondo, ya que los esposos se han casado ante el alcalde, ?por qu¨¦ no imaginar que el matrimonio pueda disolverse de igual manera a partir del momento en que los dos miembros de la pareja est¨¢n de acuerdo? Es una cuesti¨®n importante porque tambi¨¦n hay que procurar no debilitar el matrimonio", dec¨ªa hace pocos d¨ªas la ministra de Justicia francesa, Elisabeth Guigou.Los abogados han puesto el grito en el cielo y han hablado de "matrimonios de usar y tirar", de "familias entregadas al caos" y de reino de "la ley del m¨¢s fuerte" para defender su presencia y la del juez en cada una de las m¨¢s de 120.000 causas de divorcio que se juzgan cada a?o en Francia.
La propuesta de la ministra s¨®lo afectar¨ªa a la mitad de los casos, aqu¨¦llos en que existe "com¨²n acuerdo". Elisabeth Quigou considera que "el derecho no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad" y quiere que el alcalde que es en Francia la autoridad civil ante la que se contrae matrimonio, sirva tambi¨¦n de testimonio de esos divorcios. Los tribunales se ver¨ªan liberados de entre 50.000 y 60.000 casos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para la Justicia. Los particulares se ahorrar¨ªan entre 7.500 y 15.000 francos (entre 185.000 y 370.000 pesetas) de gastos de abogado. Una en cuesta reciente aseguraba que el 70% de los franceses era favorable a esa posibilidad de divorcio "desjusticializado".
Los divorcios equivalen a un 10% de los asuntos civiles tratados en los juzgados y el 28% de las consultas que reciben los abogados. Entre 1962 y 1995, en Francia, el n¨²mero de divorcios se ha multiplicado por 3,5 y el de matrimonios, por 1,7. Los parisinos, protestantes e intelectuales son quienes m¨¢s a menudo recurren al procedimiento del com¨²n acuerdo.
La sugerencia de Elisabeth Guigou ha encontrado un amplio eco favorable excepto entre los sectores que defienden intereses corporativos, los muy cat¨®licos o quienes consideran peligroso convertir en problema administrativo una cuesti¨®n de orden legal.
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