La futura ley de TV auton¨®micas multiplicar¨¢ un sector con una deuda de 80.000 millones

El sector audiovisual espa?ol se prepara para una nueva conmoci¨®n. El anteproyecto de ley del Gobierno sobre las televisiones auton¨®micas -que ir¨¢ al Consejo de Ministros del pr¨®ximo viernes- permite que cada comunidad disponga de dos cadenas propias, as¨ª como, su privatizaci¨®n. La concesi¨®n del servicio ser¨¢ por 10 a?os prorrogables y los canales auton¨®micos no podr¨¢n formar parte de una cadena de televisi¨®n, aunque s¨ª compartir el 25% de la programaci¨®n. La previsible multiplicaci¨®n de canales repercutir¨¢ en un sector que ya ha acumulado una deuda en torno a los 80.000 millones de pesetas, y cuyas concesiones coincidir¨¢n con periodos electorales en la mayor¨ªa de las autonom¨ªas.

El anteproyecto, que consta de 10 art¨ªculos y cuatro disposiciones transitorias, transfiere la titularidad del servicio del Estado a las comunidades aut¨®nomas y permite a ¨¦stas que opten por un modelo de gesti¨®n p¨²blico, privado o mixto. Asimismo supone la modificaci¨®n del Estatuto de RTVE de 1980 y la derogaci¨®n de la Ley del Tercer Canal de 1983.En su art¨ªculo 4, el texto elaborado por Fomento se ocupa de los "principios inspiradores" de la prestaci¨®n del servicio. Aqu¨ª el anteproyecto adem¨¢s de exigir el respeto a la Constituci¨®n, al pluralismo pol¨ªtico, al honor e intimidad de las personas, la protecci¨®n de la infancia y la promoci¨®n de la lengua de cada comunidad, desciende al detalle de reclamar Ia separaci¨®n entre, informaciones y opiniones" y la "objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones". La Ley de Televisi¨®n Privada de 1988 se limitaba a este respecto a se?alar en su art¨ªculo 9 "la necesidad de garantizar una expresi¨®n libre y pluralista de ideas y corrientes de opini¨®n".

Sin embargo, el anteproyecto entra en menos detalles en lo que se refiere al R¨¦gimen de Funcionamiento y Programaci¨®n. Este art¨ªculo 5 consta de tres apartados en los que se establece que "las televisiones de cobertura territorial auton¨®mica no podr¨¢n forma parte de una cadena de televisi¨®n", es decir, no podr¨¢ constituirse un consorcio de varias auton¨®micas a escala nacional. No obstante, se permite que las comunidades fijen Ias condiciones para la conexi¨®n televisiones auton¨®micas", con la condici¨®n de que no puedan emitir "Ia misma programaci¨®n durante m¨¢s del 25% del tiempo total de emisi¨®n semanal, aunque sea en horario diferente".

El tercer apartado est¨¢ tomado de la controvertida ley del f¨²tbol televisado y se?ala que las cadenas auton¨®micas "podr¨¢n adquirir derechos exclusivos sobre programas o retransmisiones de inter¨¦s general, con la obligaci¨®n de cesi¨®n de los mismos, en r¨¦gimen de p¨²blica concurrencia, a todos los dem¨¢s operadores.

El anteproyecto nada especifica sobre el porcentaje de producci¨®n propia o europea que deben emitir las cadenas auton¨®micas ni se imponen l¨ªmites a los bloques de publicidad, al acogerse a lo que ordena la directiva comunitaria Televisi¨®n sin Fronteras.

En cuanto a las comunidades que opten por mantener el modelo de cadena p¨²blica, el anteproyecto, afirma que su financiaci¨®n se llevar¨¢ cabo a trav¨¦s de asignaciones presupuestarias, la comercializaci¨®n y venta de sus productos y publicidad. Las autonom¨ªas que elijan un modelo de gesti¨®n privado deber¨¢n otorgar una concesi¨®n administrativa en concurso p¨²blico a sociedades mercantiles que revistan la forma de sociedades an¨®nimas y cuyas acciones sean nominativas.

El Ministerio de Fomento, seg¨²n el texto del anteproyecto, mantiene una serie de funciones como "la reserva provisional de las frecuencias del dominio p¨²blico radioel¨¦ctrico", "la aprobaci¨®n del proyecto t¨¦cnico", "el control e inspecci¨®n de las instalaciones", "el otorgamiento de la concesi¨®n definitiva del dominio p¨²blico radioel¨¦ctrico" y "la autorizaci¨®n previa a la puesta en funcionamiento de la estaci¨®n radioel¨¦ctrica".

La inminente aprobaci¨®n de este proyecto del Gobierno ha cogido por, sorpresa a parte del sector audiovisual espa?ol. Este teme que la multiplicaci¨®n de cadenas -el anteproyecto posterga a la futura aprobaci¨®n del Plan Nacional de Televisi¨®n Terrenal Digital el n¨²mero de canales digitales que una comunidad podr¨¢ explotar- restrinja todav¨ªa m¨¢s el pastel publicitario, m¨¢xime cu¨¢ndo proliferan las televisiones locales a¨²n sin regular. Fuentes del sector aseguran que la actual inversi¨®n publicitaria en televisi¨®n ronda los 220.000 millones de pesetas cuando se necesita el doble para garantizar la rentabilidad de las cadenas.

"Chapuza" o "ideolog¨ªa"

El socialista Joaqu¨ªn Leguina no duda en calificar la iniciativa del Gobierno como una "chapuza" que desequilibra el modelo audiovisual actual y hace muy dif¨ªcil el consenso sobre uno nuevo. Leguina no oculta su temor a que el proyecto d¨¦ lugar al favoritismo pol¨ªtico.La diputada de IU In¨¦s Saban¨¦s opina que el proyecto del Gobierno no obedece a la voluntad de enjugar el d¨¦ficit de los canales auton¨®micos sino a un "proyecto ideol¨®gico" orientado a poner en pie un grupo multimedia del que no ser¨ªa ajeno Telef¨®nica. Saban¨¦s, que aclara que no est¨¢ en contra de la privadas sino de que "se privatice lo p¨²blico", considera que con la privatizaci¨®n de las auton¨®micas peligra "la exigencia de calidad de los contenidos" y "el control democr¨¢tico de su gesti¨®n".

Telemadrid y Canal 9 se perfilan como las m¨¢s proclives a la privatizaci¨®n. En la capital de Espa?a, PSOE e IU han denunciado que el Partido Popular ha "encarecido injustificadamente" Telemadrid -ha invertido 24.950 millones desde 1995-para ahora traspasarla a manos privadas. En Valencia, los socialistas han acusado ya al PP de "crear un entramado de empresas que puedan concurrir a la compra de Canal 9", en el que estar¨ªa implicado, seg¨²n el PSOE, el ex director de Canal 9 Jes¨²s S¨¢nchez Carrascosa.