Una falsa alternativa a la corrupci¨®n

Las discusiones parlamentarias y extraparlamentarias sobre la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos se est¨¢n centrando, como era de esperar, en el aumento de sus ingresos o, m¨¢s exactamente todav¨ªa, en la posibilidad de ser subvencionados con mayor generosidad. A tal efecto, el planteamiento no puede ser m¨¢s sencillo: los partidos necesitan m¨¢s dinero, y, como la ley actual no les permite adquirirlo l¨ªcitamente, han de acudir a medios corruptos de financiaci¨®n. En su consecuencia, el ¨²nico medio de acabar con la corrupci¨®n presente es autorizar para el futuro mayores ingresos, para que de esta suerte no tengan que acudir a fuentes indeseables, fraudulentas y delictivas. Ret¨®ricas aparte, el mensaje de los partidos no puede ser m¨¢s transparente: si se nos concede m¨¢s dinero por las buenas, no necesitaremos proporcion¨¢rnoslo por las malas. Y parece que el argumento est¨¢ convenciendo y va calando.A mi juicio, sin embargo, tal comportamiento encubre una coacci¨®n inequ¨ªvoca y muy mal encubierta que reproduce viejas conductas de salteadores. El bandolero sale al camino y amenaza a los viajeros con la advertencia de que o le entregan la bolsa voluntariamente o se la arrebata con el trabuco en la mano. Esta manera de enfocar las cosas, este planteamiento de una mayor financiaci¨®n como alternativa a la corrupci¨®n, en cuanto que es el ¨²nico modo de suprimirla, es un chantaje inadmisible, porque la vuelta a la legalidad y la recuperaci¨®n de la limpieza nunca pueden venir condicionadas por el corrupto.

La excusa para tan inaudita exigencia -impl¨ªcita pero elocuente- es la necesidad: si los partidos no pueden satisfacer sus gastos de forma legal, han de acudir por fuerza a medios il¨ªcitos. Por lo mismo, si se les aumentan las subvenciones y posibilidades de donativos, ya no tendr¨¢n necesidad de robar. Donosa explicaci¨®n y, adem¨¢s, c¨ªnica, habida cuenta de que no se ve a ninguno de ellos en "estado de necesidad", ni siquiera a los que, por su posici¨®n parlamentaria y car¨¢cter ideol¨®gico, tienen menos posibilidades de financiarse, tanto privada como p¨²blicamente.

Todos hemos atravesado en la vida periodos cr¨ªticos en los que los ingresos resultan inferiores a los gastos; pero s¨®lo a muy pocos se les ocurre cubrir el d¨¦ficit con el producto de la estafa y la corrupci¨®n. Si los ingresos no llegan a los gastos, hay que empezar reduciendo ¨¦stos para aproximarlos a aqu¨¦llos, y no a la inversa utilizando procedimientos ilegales. S¨®lo cuando la coincidencia es imposible y el cr¨¦dito ha desaparecido podr¨¢ hablarse de "estado de necesidad" y justificarse soluciones m¨¢s radicales, aunque no precisamente delictivas.

Por lo dem¨¢s, no se acierta a comprender lo elevado de sus gastos, dado que a la vista de las cuentas y balances oficiales que presentan no pueden ser m¨¢s modestos. De modo que o mienten las cuentas o mienten los partidos al lamentarse del d¨¦ficit. ?A qui¨¦n creer entonces? Confieso que en esta coyuntura yo me inclino por la primera posibilidad. En efecto, digan lo que digan sus documentos oficiales, sus gastos son enormes y tambi¨¦n su despilfarro. Los dineros del sacrist¨¢n cantando se vienen, cantando se van. Como a los partidos pol¨ªticos no les cuesta ganar dinero (que la almoneda del poder es muy rentable), no les vale la pena esforzarse en ahorrar; y de la misma manera que saquean a los contratistas del Estado a la hora de adjudicar obras, servicios y suministros, tambi¨¦n ellos tiran el dinero alegremente, engordan su burocracia y hasta toleran que sus proveedores les saqueen con tal de que sean empresas de familiares y amigos, pues al fin y al cabo todo queda en casa. Seamos serios: nadie puede oponerse por principio a dar una mayor flexibilidad a la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, pero con varias condiciones: por lo pronto, nada de coacciones; luego, reducci¨®n de gastos caprichosos y saneamiento interno, y, en fin, cuentas claras.

Los ciudadanos no pueden tener confianza alguna en organizaciones que falsifican su documentaci¨®n, defraudan a Hacienda, profesan cotidianamente el tr¨¢fico de influencias, juegan sucio, cultivan la mentira, practican la hiprocres¨ªa y la arrogancia, comen a dos carrillos, tiran la piedra, esconden la mano y, cuando sorprendidos con los dedos en la masa se ven acorralados, no tienen mejores argumentos de defensa que imprecaciones propias de patio de vecindad al estilo de "peor eres t¨²" y "mira qui¨¦n va a hablar". Pues ahora -paradoja sorprendente- como premio a tantas virtudes, se les van a aumentar los ingresos.

Estamos viviendo en Espa?a los ¨²ltimos coletazos de un temporal que ha arrasado el panorama pol¨ªtico al descubrir conductas inconfesables y dejado entrever abismos de corrupci¨®n. Al mal tiempo, no obstante, buena cara. Lo peor ha pasado ya y sin otros desgarrones que algunas condenas para cuatro militantes de medio: pelo y desafortunada suerte; los de arriba y los partidos han escapado ilesos. Y hasta ganando han salido, puesto que est¨¢n aprovechando la confusi¨®n y la resaca para mejorar sus finanzas.

En cualquier caso grave irresponsabilidad ser¨ªa conceder subvenciones sin exigir cuentas precisas a alguien que ha demostrado ser de muy poco fiar. Y si para razonar la inutilidad de mi sugerencia se me recuerdan las obligaciones que a este prop¨®sito ya impone la vigente ley de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos de 1987, contestar¨¦ que m¨¢s a mi favor, porque es el caso que las cuentas intemas y las que presentan al tribunal de este nombre (y en su caso a la Junta Electoral Central) son literalmente una burla, como una broma es, en consecuencia, cre¨¦rselas o aparentar que se creen, sin que a nadie se le haya ocurrido tampoco multar las infracciones, seg¨²n all¨ª se establece, ni mucho menos depurar responsabilidades con pronunciamientos m¨¢s rotundos.

Lo dicho aconseja indagar las circunstancias que permiten tales burlas y bromas, por muy poca gracia que tengan. Lo que no ha de resultar dif¨ªcil. Veamos: las Cortes quieren regular la financiaci¨®n de los partidos y, en garant¨ªa, pretenden exigir cuentas de su financiaci¨®n; adem¨¢s, y para mejor atar las cosas, se reservan la facultad de aprobar la fiscalizaci¨®n realizada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas (un organismo ya de por s¨ª bastante sospechoso). En otras palabras, dan y autorizan y tambi¨¦n con

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