La reforma constitucional del Senado

La necesidad de reformar el Senado para que, de acuerdo a su definici¨®n constitucional como C¨¢mara de representaci¨®n territorial, se adaptase a la nueva realidad del Estado de las autonom¨ªas cobra carta de naturaleza parlamentaria hace ya diez a?os. En efecto, en 1987, tras un debate sobre comunidades aut¨®nomas en el que participaron el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y el ministro de Administraciones P¨²blicas, Joaqu¨ªn Almunia, la C¨¢mara Alta, a propuesta del Grupo de CiU, aprob¨® por unanimidad reformar su reglamento para aproximarse en sus funciones a lo que de ella predica el art¨ªculo 69 de la Constituci¨®n.La fecha no es una casualidad: acababan de celebrarse las segundas elecciones en las comunidades constituidas al amparo del art¨ªculo 148, y la generalizaci¨®n, potencia y dinamismo de la nueva planta territorial del Estado mostraban dos aspectos de una misma realidad pol¨ªtica. Por un lado, la inadaptaci¨®n del Senado para servir de cauce a la vocaci¨®n de los nuevos poderes auton¨®micos de participar en la voluntad estatal en asuntos de incumbencia parlamentaria, tal que las mayor¨ªas gubernamentales, la enmienda de las leyes o el control de los actos del Gobierno. Por otro, el proceso de descentralizaci¨®n aparec¨ªa ya caracterizado por el hecho de estar permanentemente abierto a la voluntad pol¨ªtica.

La idea de reformar el reglamento del Senado para que los Gobiernos auton¨®micos pudiesen dialogar multilateralmente en el Senado con el Gobierno de la naci¨®n y los grupos parlamentarios se abri¨® paso y, a la vez, se evidenciaba la necesidad de suscribir nuevos acuerdos entre los partidos pol¨ªticos para desarrollar racionalmente la nueva fase de descentralizaci¨®n pol¨ªtica.

Y as¨ª, dentro del impulso que suponen los acuerdos auton¨®micos de 1992, el Senado reforma su reglamento el 11 de enero de 1994, cre¨¢ndose la Comisi¨®n General de Comunidades Aut¨®nomas. En septiembre de ese mismo a?o ya con la participaci¨®n, de los presidentes de las comunidades, se celebra el primer debate sobre el Estado de las autonom¨ªas.

En la C¨¢mara Alta se expresala complejidad de nuestra estructura territorial, y tambi¨¦n, incluido el uso de todos sus idiomas, la que es consecuencia de un renacimiento de una nueva, plural y democr¨¢tica cultura en Espa?a. En la confianza de que el ejercicio de las virtudes del di¨¢logo, la tolerancia y el acuerdo producen, el debate culminar¨ªa con una propuesta para iniciar el estudio de la reforma constitucional del Senado. A lo largo de 1995, una ponencia pone en marcha un proceso de reforma, para el que pide, a los padres de la Constituci¨®n, a los presidentes auton¨®micos y a un grupo de expertos universitarios, asesoramiento. Sin embargo, el imprescindible consenso es cada vez m¨¢s dif¨ªcil: desde el momento mismo en que el PP conoce las fechas de celebraci¨®n de elecciones legislativas generales y en Andaluc¨ªa, acent¨²a su intransigencia hacia cualquier propuesta que no descanse en un uniformismo territorial cerrado.

Al llegar el PP al Gobierno, pronto se pusieron de relieve las limitaciones de sus propuestas sobre el Esta do de las autonom¨ªas. Depend¨ªa, en un extremo, de sus antiguos aliados regionalistas que le exig¨ªan cumplir sus compro misos, uniformistas, lo que se acab¨® traduciendo en que la distinci¨®n constitucional entre nacionalidades y regiones ha sido injustificadamente confundida; y de otro, de sus nuevos aliados nacionalistas, con lo que a un exceso de bilateralidad en las relaciones del Gobierno con ellos se a?adi¨® la opacidad de sus pactos y la ruptura de los consensos estatuyentes en asuntos tan b¨¢sicos como la financiaci¨®n auton¨®mica y la sanitaria. Por eso, el Gobierno de Aznar ha retrocedido en relaci¨®n a todo lo que de avance en di¨¢logo racional supusieron los acuerdos auton¨®micos de 1992 y el debate del Senado de 1994.

El Senado no pod¨ªa dejar de sufrir la consecuencias de esta pol¨ªtica. Populares y nacionalistas han frenado con su mayo r¨ªa el constante progreso que ven¨ªa, desde hace diez a?os, experimentando para configurar se como espacio de di¨¢logo plural y permanente entre las instituciones centrales del Estado y los Gobiernos territoriales. A veces, la mayor¨ªa achaca su actual crisis a la falta de orientaci¨®n de que adolece la presidencia, pero el hecho tremendo es que nadie, desde las filas de los grupos que apoyan al Gobieno, ha elevado la m¨¢s leve queja ante el incumplimiento flagrante de las obligaciones reglamentarias que dimanan de las funciones de la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas. Y as¨ª, el Senado ha estado premeditadamente apartado del conocimiento de los acuerdos con los que el Gobierno ha sellado el apoyo de los partidos nacionalistas.

El colmo: el debate sobre el Estado de las autonom¨ªas celebrado en la primavera de 1997 fue tal fiasco que ya nadie se atreve a reclamar el cumplimiento de la obligaci¨®n de su celebraci¨®n anual ante el temor de que el Gobierno reitere una actitud que tendr¨ªa funestas consecuencias para el futuro de la C¨¢mara Alta.

Pero precisamente por lo que est¨¢ sucediendo, transformar el Senado en C¨¢mara de representaci¨®n territorial es una necesidad que deber¨ªa mover a todos por igual a rescatar la idea de restablecer un amplio consenso sobre asuntos auton¨®micos, uno de cuyos puntos m¨¢s notables es la reforma constitucional del Senado.

La ponencia que actualmente est¨¢ realizando su estudio deber¨ªa recibir del Gobierno y de los partidos pol¨ªticos el impulso pol¨ªtico que necesita, de modo que pueda llegar, al reanudarse el pr¨®ximo periodo de sesiones, a un documento de principios ampliamente apoyados para, a continuaci¨®n, constituir una comisi¨®n mixta de diputados y senadores que redacte un proyecto articulado que pueda ser aprobado por las Cortes Generales antes de la primavera de 1999, de modo que despu¨¦s de las elecciones auton¨®micas convocadas para esa fecha la C¨¢mara Alta inicie su etapa de adaptaci¨®n a una realidad territorial a la que su reforma quiere dar respuesta.

Dentro de un a?o, cuando celebremos el vig¨¦simo aniversario de la Constituci¨®n, si la reforma est¨¢ en curso con un amplio consenso detr¨¢s, se podr¨¢ afirmar con plenitud de significados que estaremos en v¨ªsperas de realizar la obra pol¨ªtica m¨¢s esperada y ¨²til de este ¨²ltimo tramo de siglo.