El mayor cliente exige un descuento

EL ESTADO, a trav¨¦s de la Seguridad Social, es el principal consumidor de medicamentos. Exige, por ello, un trato de cliente privilegiado. ?sa es la clave d¨¦ la negociaci¨®n entre la industria farmac¨¦utica y el Gobierno. La v¨ªspera de Nochebuena, el Ministerio de Sanidad y el consorcio que agrupa a las empresas de producci¨®n de f¨¢rmacos (Farmaindustria) alcanzaron un preacuerdo -pendiente de ciertas compensaciones- que se transformar¨¢ en acuerdo formal la semana pr¨®xima.En virtud del mismo, las empresas aportar¨¢n la mitad, aproximadamente, de los 65.000 millones de pesetas que el ministerio pretende ahorrar en gasto farmac¨¦utico, en el marco del acuerdo sobre financiaci¨®n de la sanidad acordado en noviembre entre el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas. El mont¨®n restante deber¨¢ salir de una reducci¨®n de la lista de especialidades financiadas por el Estado -Una versi¨®n limitada del medicamentazo- y de la sustituci¨®n de otros f¨¢rmacos por gen¨¦ricos.

El dato fundamental del problema es que el gasto farmac¨¦utico ven¨ªa creciendo en Espa?a a un ritmo del 15% anual y amenazaba con llevar a la quiebra todo el sistema sanitario p¨²blico. De no haberse tomado las medidas de racionalizaci¨®n del gasto aprobadas a partir del famoso Informe Abril (julio de 1991), la factura farmac¨¦utica habr¨ªa superado en 1997 el bill¨®n de pesetas, doblando la cifra de cinco a?os atr¨¢s. La eliminaci¨®n de algunas medicinas de escasa utilidad terap¨¦utica o destinadas a s¨ªntomas menores, a partir de 1993, permiti¨® por primera vez reducir la factura de medicinas en un 7%. Esa tendencia, sin embargo, no se consolid¨®, y en 1996 el gasto super¨® los 800.000 millones. Los expertos consideran que basar el ahorro ¨²nicamente en la exclusi¨®n selectiva de f¨¢rmacos puede tener efectos perversos: que los m¨¦dicos, receten otros medicamentos no excluidos de la lista, y m¨¢s caros. Por eso, en 1995 se alcanz¨® un acuerdo con la industria para completar esa medida con otras destinadas a abaratar el coste de las especialidades, simplemente con cargo a los muy cuantiosos beneficios del sector. La reducci¨®n media ser¨ªa del 3%.

El fundamento de esa pol¨ªtica es que, siendo el Estado el principal cliente, las reglas de la competecia rigen muy relativamente en el sector farmac¨¦utico. Si un particular adquiriera un porcentaje tan elevado de la producci¨®n de una industria dada, impondr¨ªa sus condiciones, rebajando sustancialrriente los precios; pero al ser el Estado el cliente, el efecto es m¨¢s bien inverso: las subidas apenas afectan el consumo de una determinada especialidad. ?ste es, al menos, un aspecto del problema, aunque las cosas son, por supuesto, algo m¨¢s complicadas en la realidad: hay un aumento de la demanda relacionado con el grado de desarrollo y con la mayor longevidad. El Gobierno tiene motivos, por tanto, para apretar las tuercas en el ejercicio de su responsabilidad. Para ello ha amenazado con exclusiones m¨¢s dr¨¢sticas, de medicamentos subvencionados, algo que los laboratorios contemplan como una amenaza peor que la moderada reducci¨®n del sus beneficios.

El acuerdo es, as¨ª, el resultado de un cierto equilibrio entre los Intereses de las partes. Supone que la industria farmac¨¦utica doblar¨¢ la aportaci¨®n que ya hac¨ªa en funci¨®n del acuerdo de reducci¨®n de beneficios de hace dos a?os. Entre las posibles contrapartidas se estudia un mayor apoyo p¨²blico a la investigaci¨®n. Pero el principal inter¨¦s que salvaguarda el acuerdo es la viabilidad del sistema p¨²blico de sanidad: nada perjudicar¨ªa tanto a la industria como la quiebra del mismo.