Eutanasia clandestina

RAM?N SAMPEDRO, el primer espa?ol que reclam¨® judicialmente su derecho a la eutanasia, muri¨® el lunes pasado en la localidad coru?esa de Boiro, posiblemente tras conseguir que alguien le ayudara. Durante varios a?os este hombre, que estaba en la cincuentena y que qued¨® paral¨ªtico de cuello abajo cuando apenas contaba 25 a?os, ha suplicado morir. Pudo haberse suicidado de alg¨²n modo, pero prefiri¨®, en vez de resolver su problema en la intimidad, convertirlo en una reivindicaci¨®n en pro de la legalizaci¨®n de la eutanasia. A lo largo de los a?os noventa y ante la prohibici¨®n de la eutanasia activa en nuestro C¨®digo Penal, present¨® su caso al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ambos le remitieron a plantear su demanda en las instancias de su ¨¢mbito geogr¨¢fico y, consecuentemente, no obtuvo soluci¨®n.La eutanasia activa sigue consider¨¢ndose delito en todo el mundo. S¨®lo en un territorio australiano (Darwin Norte) y en el Estado norteamericano de Oreg¨®n, donde se aprob¨® por refer¨¦ndum, ha estado vigente por un breve intervalo. En Estados Unidos, un tribunal federal declar¨® inconstitucional la ley estatal de 1994, y, en Australia, el Parlamento central aboli¨® en marzo pasado la resoluci¨®n de Darwin. En la actualidad, la eutanasia pasiva -aquella que consiste en no aplicar medidas excepcionales sucesivas para prolongar artificialmente la vida (el llamado encarnizamiento terap¨¦utico) es la ¨²nica autorizada.

Nuestro C¨®digo Penal, como los dem¨¢s, proscribe la prestaci¨®n de muerte al enfermo que la solicita y con ello simula ignorar los interminables dolores y la tortura de una vida vegetativa como la que ha padecido durante cerca de treinta a?os Ram¨®n Sampedro. En Holanda, siendo ilegal la eutanasia activa, existe una reglamentaci¨®n que, a posteriori, puede eximir al m¨¦dico asistente de responsabilidad penal si su conducta responde a unas determinadas condiciones, como cumplir una reiterada voluntad del enfermo, concluir as¨ª grandes sufrimientos y haber agotado cualquier v¨ªa de curaci¨®n.

Al margen de los prejuicios, los peligros objetivos que han retrasado la despenalizaci¨®n de la eutanasia han sido fundamentalmente dos: el primero es la posibilidad de influencia de m¨¦dicos o familiares en la decisi¨®n del enfermo, conculcando el principio b¨¢sico de su voluntariedad; el segundo es la probable tendencia de los sistemas sanitarios a ahorrar gastos destinados a enfermos terminales induci¨¦ndoles a demandar su extinci¨®n. Tanto en Holanda como en Australia o Estados Unidos hay estudios suficientes para que un cuidadoso protocolo impida otros usos de la eutanasia que no sean los de realizar la leg¨ªtima voluntad del enfermo. El caso de Ram¨®n Sampedro ense?ar¨ªa que, si su muerte ha sido asistida, puede que no sea fruto de un acto legal, pero s¨ª de una acci¨®n ¨¦tica y humana.

Como resultado de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 143 del C¨®digo Penal, si alguien hubiera atendido el desesperado ruego de Ram¨®n Sampedro podr¨ªa ser condenado a tres a?os de c¨¢rcel. La ley vigente se presenta de esta forma implacable, pero sin duda los jueces deber¨ªan tener en cuenta otras consideraciones antes de enviar a prisi¨®n al hipot¨¦tico colaborador. Diariamente y cada vez m¨¢s, m¨¦dicos reponsables y cabales est¨¢n ayudando secretamente a pacientes que escogen una muerte digna. Alrededor de un 2% de los fallecimientos en los pa¨ªses desarrollados pueden ya estar gest¨¢ndose de esta manera. Aplazar la legalizaci¨®n de la eutanasia activa, protegida siempre por todas las garant¨ªas precisas, equivale a dilatar sin raz¨®n el sufrimiento humano o conducir a la oscuridad de lo clandestino lo que son actos de respeto y compasi¨®n.