Fraude confirmado

LA JUEZ Ana Revuelta ha ordenado la clausura de tres gasolineras una vez que, tras una inspecci¨®n por sorpresa, confirmara que los surtidores de las estaciones de servicio estaban manipulados para suministrar menos gasolina de la que el cliente paga. La Comunidad de Madrid, adem¨¢s, ha confirmado que 11 surtidores de los 18 que inspeccion¨® -tambi¨¦n sin previo aviso- ten¨ªan los precintos rotos. El fiscal se ha querellado contra el grupo Villanueva, propietario de las tres gasolineras cerradas, y la Direcci¨®n General de Consumo de la Comunidad ha abierto expediente sancionador a las estaciones de servicio cuyos surtidores presentaban los precintos rotos. Despu¨¦s de la r¨¢pida y eficiente investigaci¨®n judicial, provocada por un informe alarmante de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios seg¨²n el cual algunas gasolineras estaban hurtando hasta un 7% de la gasolina que vend¨ªan a sus clientes, parecen confirmarse los indicios de un fraude cuyas proporciones todav¨ªa se desconocen. En vista de esta confirmaci¨®n, circunscrita al ¨¢rea de Madrid, el siguiente paso debe ser, por tanto, establecer si otras estaciones de servicio en el resto de Espa?a practican tambi¨¦n esta sisa de gasolina. No es de recibo la pasividad demostrada por los responsables de todas las comunidades aut¨®nomas donde el grupo denunciado posee gasolineras. De las, dificultades observadas en la capital para confirmar las sospechas, cabe extraer la conclusi¨®n razonable de que el procedimiento m¨¢s adecuado para evitar que al consumidor se le robe mediante artilugios, mec¨¢nicos o electr¨®nicos, que escatiman la medida del combustible es poner un pr¨¢ctica un sistema de controles de improviso de los sistemas de medici¨®n en las gasolineras. De poco sirven las inspecciones anunciadas, previsibles o superficiales. Ser¨ªa conveniente, adem¨¢s, que las compa?¨ªas productoras, como Cepsa o Repsol, que venden los combustibles a las estaciones de servicio y en muchas ocasiones abanderan los establecimientos, colaboraran, en la medida en que practican inspecciones por sorpresa -aunque para establecer que el combustible vendido en la estaci¨®n es e[ suministrado por ellas- en erradicar un fraude que tambi¨¦n les pedudica a ellas. Se quiera o no, la presencia de sus logotipos en las gasolineras sospechosas de adulterarlos litros realmente suministrados afecta a su creditilidad. En la investigaci¨®n y detecci¨®n de este fraude, la actitud de la Comunidad de Madrid, m¨¢s concretamente de su Direcci¨®n Greneral de Industria, ha dejado mucho que desear. Su primera reacci¨®n ante las denuncias de la OCU fue de un escepticismo dif¨ªcil de defender -m¨¢xime cuando tan poco costaba comprobar las denuncias-; y cuando, a rega?adientes, se decidi¨® a certificar la existencia o no de las irregularidades, practic¨® una inspecci¨®n anunciada, rutinaria y, a la vista de los hechos posteriores, muy poco competente, cuyo resultado fue desmentir p¨²blicamente la venta fraudulenta denunciada por la OCU y adelantada por este peri¨®dico. Leopoldo del Pino, director general de Industria de la Comunidad de Madrid, no s¨®lo no ha salvaguardado los intereses de los consumidores madrile?os en el ¨¢rea de su competencia, sino que, adem¨¢s, su primera intervenci¨®n inspectora, de no mediar otras posteriores y m¨¢s acertadas, hubiera facilitado con su err¨®nea conclusi¨®n el encubrimiento de los hurtos sistem¨¢ticos de gasolina a los automovilislas en las estaciones implicadas. De no ser por la firmeza de la OCU, por la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Madrid, por la diligencia de la juez, as¨ª como por la enmienda del Gobierno madrile?o de sus primeros errores, la investigaci¨®n no se hubiera. concretado y el fraude no se hubiera descubierto. Hay que esperar ahora que todos los Gobiernos aut¨®nomos hayan aprendido la lecci¨®n y se tomen en serio el control de las estaciones de servicio; y que la oposici¨®n pol¨ªtica, misteriosamente ausente en el debate sobre un caso de corrupci¨®n que interesa a todos los ciudadanos, ejerza su labor con decisi¨®n y exija que los Gobiernos aut¨®nomos cumplan con sus obligaciones inspectoras y de defensa de los consumidores.