La batalla s¨®lo acaba de empezar

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha movido pieza. El escrito elevado ayer cuestiona la jurisdicci¨®n espa?ola sobre los cr¨ªmenes cometidos en Argentina y, por tanto, pide al juez Baltasar Garz¨®n que cierre los ojos y olvide los hechos que ha conocido a trav¨¦s de su investigaci¨®n durante el ¨²ltimo a?o. Es previsible que el juez rechace los argumentos en un auto a mediados del mes de marzo. La Fiscal¨ªa recurrir¨¢ y el asunto ser¨¢ dilucidado por la Sala de lo Penal.La responsable de juzgar, caso de que se llegase a juicio oral, es la Secci¨®n Tercera. Como no se trata de un recurso sobre el fondo del asunto y, por tanto, no existe contaminaci¨®n, ser¨ªa l¨®gico que la misma Secci¨®n Tercera resuelva la cuesti¨®n jurisdiccional, sin pasarlo a la Cuarta.

Hay dos problemas, como m¨ªnimo, con los argumentos de la Fiscal¨ªa. El primero es elucidar si Garz¨®n est¨¢ aplicando la retroactividad de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Al ser de 1985, dice la Fiscal¨ªa, posterior a los hechos denunciados, implica la aplicaci¨®n retroactiva de la citada ley. No es ning¨²n hallazgo te¨®rico decir que la aplicaci¨®n de una norma procesal, como en este caso, no implica retroactividad.

El fiscal Jos¨¦ Vicente Chamorro, apoy¨¢ndose en G¨®mez Orbaneja, escribi¨® en su informe sobre Argentina, el 7 de mayo de 1996: "Las normas procesales no se aplican a hechos anteriores a su entrada en vigor, sino al proceso que es un conjunto de actuaciones posteriores a ese momento. As¨ª que no cabe hablar de retoractividad, sino de vigor propio de la ley. Y ese mismo criterio rige en cuanto a las normas org¨¢nicas y a las que atribuyen la jurisdicci¨®n". Es, por tanto, discutible.

Adem¨¢s, hay algunos hechos que son permanentes. Aunque cometidos antes de la ley, el secuestro y alejamiento de beb¨¦s y menores de sus padres, as¨ª como la desaparici¨®n eterna, de personas pervivieron despu¨¦s de su entrada en vigor.

Y, last but not least, los convenios internacionales. Estos establec¨ªan que los cr¨ªmenes contra la humanidad fueran juzgados por un tribunal penal internacional. La Fiscal¨ªa lo recuerda. Bien. Se supone que los firmantes de los convenios no quer¨ªan la impunidad. Si no hay tribunal penal internacional, como es el caso, ?deben los cr¨ªmenes cometidos y los criminales permanecer impunes?

Hechos como la admisi¨®n de una querella criminal por genocidio en Chile, la propuesta de un pacto sacrosanto de silencio para los cr¨ªmenes en Argentina lanzada por el capitan Astiz, y la calurosa acogida de las autoridades fiscales de Estados Unidos al juez Garc¨ªa-Castell¨®n para investigar los cr¨ªmenes de Chile, revelan que tanto Garz¨®n como su colega Garc¨ªa-Castell¨®n van por la buena senda. La batalla s¨®lo acaba de comenzar.