Mando a distancia

INDEPENDENCIA Y credibilidad deber¨ªan ser cualidades esenciales de cualquier autoridad audiovisual encargada de supervisar los contenidos. El Comit¨¦ de Medios Audiovisuales que propone ahora el PP se aleja de ambas. El proyecto no s¨®lo pone a su cabeza al presidente de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), lo que lleva a una mala mezcolanza de las cuestiones t¨¦cnicas con otras culturales o deontol¨®gicas, sino que al nombrar tambi¨¦n el Gobierno a sus seis vocales se garantiza un mando a distancia con el que entrometerse a¨²n m¨¢s -?qu¨¦ dif¨ªcil!- en todas las cadenas de televisi¨®n.Tras la cr¨ªticas de CiU, del PSOE y de IU es dificil ver con qu¨¦ mayor¨ªa parlamentaria piensa el PP sacar adelante su proyecto. Hab¨ªa consenso, pol¨ªtico en 1995, cuando el Senado aprob¨® casi por unanimidad la f¨®rmula del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, a ra¨ªz del informe de la comisi¨®n que presidi¨® Victoria Camps. Esta f¨®rmula se inspiraba en la idea de autorregulaci¨®n del sector, que merece una oportunidad real frente a la tentaci¨®n de las medidas intervencionistas. El proyecto presentado por el PP da varios pasos atr¨¢s respecto al informe Camps.

La pretensi¨®n de que el nombramiento por el Gobierno de los seis vocales de tal comit¨¦ garantiza su independencia -el PP prefiere hablar de "autonom¨ªa"- ser¨ªa discutible incluso en pa¨ªses con acreditada tradici¨®n en la materia, como el Reino Unido o Estados Unidos. Mucho m¨¢s en Espa?a, sobre todo a la luz de la trayectoria seguida por el Gobierno de Aznar, que en su corta vida ha dado amplias muestras de intromisi¨®n en los medios de comunicaci¨®n y de nombramientos que carecen de cualquier rasgo de independencia, como el de L¨®pez Amor al frente de RTVE. Mientras la televisi¨®n p¨²blica est¨¦ como est¨¢ y no d¨¦ pruebas de neutralidad y objetividad informativa, ning¨²n comit¨¦ nombrado por el Gobierno puede aspirar a ganarse una reputaci¨®n de independencia.

El propio caso del Consejo de RTVE, la teledirigida televisi¨®n estatal, demuestra que tampoco ser¨ªa una soluci¨®n un comit¨¦ elegido por las Cortes, como propone el PSOE. La mejor salida es la autorregulaci¨®n y, si acaso, pensar en una figura -sin gran aparato administrativo- que pudiera actuar como defensor de los espectadores.