El fiscal pide penas de hasta 13 a?os a pol¨ªticos de CiU en el 'caso del Priorat'
Un total de 56 a?os de prisi¨®n, 85 a?os, de inhabilitaci¨®n absoluta y m¨¢s de 38 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones. Esta es la totalidad de las penas que el fiscal solicita para los nueve acusados en el denominado caso del Priorat, las irregularidades econ¨®micas cometidas en el Consejo Comarcal desde 1992 hasta 1994 bajo la presidencia del dirigente de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) Josep Mar¨ªa Buil. Adem¨¢s del propio presidente, la fiscal¨ªa ha extendido las acusaciones al ex gerente, Enric d'Anguera, de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica (CDC); al secretario-interventor, a cuatro pol¨ªticos de la comarca -tres de los cuales todav¨ªa forman parte del actual equipo de gobierno- y a dos gerentes de las empresas supuestamente beficiadas.
Las conclusiones provisionales del fiscal Fel¨ªpe Zazurca, remitidas ayer al juzgado de Falset que ha instruido el caso, se centran exclusivamente en diversos programas medio ambientales que llev¨® acabo el Consejo Comarcal. Es decir, tanto el desv¨ªo de subvenciones otorgadas por el Departamento de, Medio Ambiente de la Generalitat como el pago de cantidades milIonarias a dos empresas por informes y trabajos que nunca existieron o que elaboraron los propios funcionarios del organismo.
Todo ello sirve al fiscal para delimitar los delitos que cometieron los nueve acusados: faIsificaci¨®n de documentos, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y estafa. Sin embargo, el fiscal entiende que de los m¨¢s de 60 millones de pesetas defraudados ninguno revirti¨® en beneficio de los imputados.
El documento redactado por la fiscal¨ªa, de 14 folios de extensi¨®n, es una descripci¨®n exhaustiva de graves irregularidades cometidas por D'Anguera bajo el benepl¨¢cito de pol¨ªticos y del secretario-interventor para beneficiar a las empresas Ecol¨®gica de Residuos y IEDER. En la primera, estuvo trabajando un hijo del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El fiscal considera que desde el consejo del Priorat se solicitaron a Medio Ambiente subvenciones superiores a las necesarias para financiarse.
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