Inspecci¨®n general

EL ESC?NDALO de las gasolineras del grupo Villanueva -el primer grupo empresarial de estaciones de servicio, con m¨¢s de 50 en toda Espa?a- se ha extendido ya fehacientemente a una segunda comunidad: las irregularidades verificadas en Madrid (cinco estaciones precintadas) se repiten en Toledo y Albacete (diez gasolineras cerradas ya). No parece aventurada, pues, la sospecha de que el supuesto fraude se ha producido en una generalidad de estaciones de servicio de la familia Villanueva y sus socios, que abarcan otras zonas del territorio espa?ol, como Murcia, Castell¨®n o Burgos, donde se imponen con urgencia inspecciones oficiales.A remolque de los casos denunciados por este diario y la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), las inspecciones eficaces de la Administraci¨®n madrile?a llegaron ciertamente con retraso; y m¨¢s a¨²n las de Castilla-La Mancha. Pero al menos ambas han puesto ya en claro que estamos ante un caso que deber¨¢ investigar hasta sus ¨²ltimas consecuencias la Audiencia Nacional, para averiguar qu¨¦ utilidad ten¨ªan los cableados iegales y los interruptores ocultos que los remataban.

Por eso llama la atenci¨®n la aparente calma que se desprende del resto de las regiones donde se enclavan gasolineras de los Villanueva. No se entiende que las administraciones concernidas no se hayan puesto manos a la obra, y si lo han hecho, que guarden reserva sobre los resultados, aunque sean provisionales, de sus comprobaciones. Las propias compa?¨ªas productoras que prestan sus r¨®tulos a estas gasolineras deber¨ªan impulsar estas inspecciones y fomentar los sistemas de controles por sorpresa de todos los surtidores.

El alcance econ¨®mico de este presunto fraude gigantesco -el grupo Villanueva factura m¨¢s de 50.000 millones al a?o, y las supuestas desviaciones de los contadores han llegado en algunos casos al 7%- as¨ª como su antig¨¹edad -se calcula, que data de hace 10 o 15 a?os- contrasta con las ben¨¦volas sanciones que prev¨¦ el nuevo C¨®digo Penal, pensado probablemente en este terreno para los peque?os comerciantes y no para poderosos grupos empresariales. En efecto, cada gasolinera donde se hubiera cometido delito contra los consumidores podr¨ªa verse sancionada con una multa de 27 millones de pesetas, una ¨ªnfima cantidad de lo estafado; y a sus responsables, con un a?o de prisi¨®n, que no se cumple si no hay antecedentes penales.

Por tanto, la primera consecuencia pol¨ªtica de los enga?os en los surtidores ha de conducir en primer lugar a la mejora de los sistemas de inspecci¨®n oficiales, para que no se puedan burlar tan f¨¢cilmente con aparatos electr¨®nicos bastante elementales. Y despu¨¦s, a estudiar una posible modificaci¨®n de las penas previstas para este delito, de modo que una mayor dureza responda adecuadamente al enfado social que ha suscitado, este caso y a la prevenci¨®n de nuevos intentos que se basaran en lo barato que resulta el eventual castigo.