Reforma imprecisa
NADA DEBE ser tan dif¨ªcil en Espa?a como reformar la Administraci¨®n p¨²blica. Todos los partidos prometen dise?ar una maquinaria del Estado m¨¢s sencilla, m¨¢s reducida y m¨¢s eficaz, sin que hasta la fecha tales objetivos se hayan conseguido, ni siquiera de forma aproximada. Si durante los Gobiernos socialistas no se pudo impedir un crecimiento continuado de los cargos p¨²blicos y el intento de racionalizar los salarios fue un fracaso silenciado, las ¨ªnfulas electorales del PP -recortar 7.000 altos cargos- tropezaron con la dura realidad: despu¨¦s de una eliminaci¨®n apresurada de direcciones generales, cuyo resultado m¨¢s evidente fue elevar en m¨¢s de 500 el n¨²mero de puestos directivos, el Gobierno actual ha guardado un prudente silencio sobre el cambio necesario en la funci¨®n p¨²blica, quiz¨¢ para no atizar la irritaci¨®n producida por la congelaci¨®n salarial de los funcionarios en 1996.De ah¨ª que tenga particular relevancia el acuerdo de principio que acaban de firmar el Gobierno, los sindicatos y las comunidades aut¨®nomas sobre un nuevo Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica. Como cualquier acuerdo entre agentes de intereses tan dispares, en su mayor parte se trata de una declaraci¨®n de intenciones que necesita su desarrollo para ser analizado en profundidad. A pesar de este exceso de generalizaci¨®n, aporta algunas novedades interesantes a la carrera funcionarial. Para evitar que los ascensos queden limitados por la escasez de puestos directivos, el nuevo estatuto desvincula la carrera directiva -que se traduce hoy en 30 niveles retributivos- de la retribuci¨®n por m¨¦ritos, que quedar¨¢ escalonada en ocho categor¨ªas. La soluci¨®n es buena y evita la frustraci¨®n de muchos buenos funcionarios y t¨¦cnicos cualificados bloqueados en niveles salariales bajos; pero, como contrapartida, tiene el peligro de ser una v¨ªa de escape para justificar m¨¢s cargos y elevaciones del coste del personal.
Tambi¨¦n son un acierto la propuesta de la movilidad de los funcionarios en el ¨¢mbito local -y fuera de ¨¦l, si se pacta- y el establecimiento de incentivos monetarios que premien la eficacia laboral de los funcionarios. A cambio, el texto plantea problemas serios de transparencia -solamente se har¨¢n p¨²blicas las retribuciones b¨¢sicas de los funcionarios- y de proliferaci¨®n de cargos de libre designaci¨®n, puesto que no se limita el nombramiento de eventuales. No es ¨¦ste el m¨¦todo adecuado si lo que se pretende es el control del gasto administrativo en los cap¨ªtulos de personal y gastos corrientes. Tampoco se advierte un sistema m¨¢s eficaz que el actual para controlar las incompatibilidades.
Hay otros problemas sobre los que los firmantes del acuerdo pasan silenciosamente. Nada de dice de la movilidad funcional (cambio de puesto) de los cargos administrativos ni se plantea si tal garant¨ªa debe extenderse o no, por ejemplo, a los directores generales, para garantizar la imparcialidad de los servidores p¨²blicos. Parece apostarse por una Administraci¨®n m¨¢s condicionada por cargos eventuales y funcionarios de libre designaci¨®n. Es posible interpretar razonablemente que los sindicatos han aceptado esta parte del modelo administrativo a cambio del reconocimiento expl¨ªcito de que los acuerdos entre la Administraci¨®n y las centrales son de obligado cumplimiento, algo que es muy importante para la negociaci¨®n colectiva de los funcionarios. Tampoco se detecta preocupaci¨®n aparente por el principal problema de la Administraci¨®n espa?ola: su incapacidad para atender de forma r¨¢pida y eficaz las reclamaciones de los ciudadanos. ?ste, que deb¨ªa ser el principal motivo de debate, queda en el m¨¢s espeso de los olvidos.
Las iniciativas para mejorar el funcionamiento burocr¨¢tico en Espa?a -la Administraci¨®n como servicio p¨²blico, en el sentido m¨¢s noble del concepto- deben ser bien acogidas, aunque la mayor parte de ellas permanezcan todav¨ªa en la inconcreci¨®n. Quiz¨¢ la cortedad de perspectiva sea el precio que hay que pagar por el acuerdo, que es un avance importante en s¨ª mismo. Cuando se aplique con todas sus consecuencias, ser¨¢ el momento de examinar sus efectos.
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