Los juristas avalan la iniciativa andaluza

Los juristas, en especial los constitucionalistas, no aprecian dificultades legales para llevar a cabo la iniciativa de Manuel Chaves, presidente de la comunidad aut¨®noma andaluza, en relaci¨®n con el medicamentazo. En general, estiman que se trata de un asunto de legalidad m¨¢s que de constitucionalidad y, seg¨²n algunos, s¨®lo ser¨ªa cuestionable constitucionalmente la disposici¨®n estatal que establece la medida. Todos los juristas consultados se muestran cautos ante un caso que solamente conocen a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n social.Antonio Torres del Moral, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Educaci¨®n a Distancia (UNED), manifiesta: "Si se trata de suplir con una partida de ingresos auton¨®micos propios las deficiencias de la atenci¨®n sanitaria estatal, creo que se puede hacer. Pero la dedicaci¨®n de medios econ¨®micos a esas atenciones producir¨¢ carencias en otras materias. Es una cuesti¨®n de prioridades. Legalmente, lo que no est¨¢ prohibido est¨¢ permitido, pero pol¨ªticamente si dedica los medios a una necesidad habr¨¢ de afrontar qu¨¦ le falte para otra".

Principio de igualdad

Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Madrid, observa que la iniciativa de Chaves podr¨ªa afectar al principio constitucional de igualdad. "Al margen de los problemas de competencias entre el Estadd y las comunidades aut¨®nomas, veo un poco raro", dice, "que existan diferencias en el nivel b¨¢sico de la cobertura sanitaria elemental, de modo que no se garantice igualitariamente una asistencia elemental a todos los miembros de una comunidad jur¨ªdica de igualdad como es el Estado".Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y dirigente de Nueva Izquierda estima, por su parte, que "Espa?a es un Estado social y la Constituci¨®n exige a los poderes p¨²blicos, incluidos los auton¨®micos, que busquen el bienestar social de los ciudadanos". A?ade que "si se producen insuficiencias por parte del Estado, los dem¨¢s poderes p¨²blicos est¨¢n obligados a suplirlas y proteger a los pensionistas". L¨®pez Garrido considera que "la competencia a la que pueden acogerse las 17 comunidades aut¨®nomas es la de asistencia social, que todas ellas han asumido".

Javier P¨¦rez Royo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, asegur¨® ayer a Efe que "no hay trabas legales para que la Junta de Andaluc¨ªa subvencione algunos de los medicamentos excluidos por el Gobierno central de la financiaci¨®n auton¨®mica".