El Consejo el Poder Judicial investigar¨¢ 31 denuncias por malos tratos en las c¨¢rceles

La Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acord¨® ayer que el Servicio de Inspecci¨®n del Consejo inicie 31 investigaciones por denuncias de malos tratos a los presos en los a?os 1996 y 1997. La investigaci¨®n es consecuencia de las protestas realizadas en diciembre por familiares de presos y una treintena de organizaciones humanitarias, que fueron recibidas por el presidente del CGPJ, Javier Delgado Barrio, quien pidi¨® que concretaran los datos. La lista fue facilitada el 24 de febrero. Delgado la remiti¨® a la Comisi¨®n Disciplinaria por si las quejas de pasividad de los jueces de vigilancia o de trato judicial preferente a los funcionarios pueden originar expedientes disciplinarios.

El magistrado Benigno Varela, portavoz del CGPJ y presidente de su comisi¨®n disciplinaria, inform¨® ayer de la puesta en marcha de la investigaci¨®n "mediante el acuerdo de encargar al Servicio de Inspecci¨®n la apertura de 31 diligencias informativas". A dicha comisi¨®n pertenecen tambi¨¦n los vocales Manuela Carmena, Francisco Monterde, Emilio Olabarr¨ªa y Francesc Caminal. El portavoz explic¨® que "el n¨²mero de diligencias no coincide exactamente con el de denuncias, porque algunas de estas ¨²ltimas se han acumulado".Varela asegur¨® que las investigaciones se refieren a la lista de denuncias producidas en 1996 y 1997, seg¨²n la relaci¨®n entregada al presidente del Consejo el 24 de febrero por los representantes de seis asociaciones humanitarias -Coordinadora de Barrios, Asociaci¨®n contra la Tortura, Madres contra la Droga, Derechos Humanos de Andaluc¨ªa, Asociaci¨®n Libre de Abogados y Coordinadora de Solidaridad con los Presos-, encabezadas por el sacerdote Enrique de Castro. Delgado se interes¨® por conocer si el fen¨®meno de los malos tratos en las c¨¢rceles es generalizado y se comprometi¨® a que el CGPJ investigue los casos expuestos.

Investigaci¨®n minuciosa

El mismo d¨ªa que Delgado recibi¨® de las seis asociaciones humanitarias la relaci¨®n de casos concretos de malos tratos, la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, actualmente integrada en el Ministerio del Interior, emiti¨® un comunicado en el que daba cuenta de que todas las denuncias recogidas en el informe ya en poder del CGPJ hab¨ªan sido archivadas por los jueces. Adem¨¢s, aseguraba que "todos los hechos fueron investigados minuciosamente, no apreci¨¢ndose consecuencia penal alguna".Sin embargo, el presidente del CGPJ y la Comisi¨®n Disciplinaria del mismo no est¨¢n tan seguros de la correcci¨®n del funcionamiento judicial. De ah¨ª que hayan acordado la apertura de 31 investigaciones, a pesar de- que la Administraci¨®n Penitenciaria, tras afirmar que es "la primera interesada en perseguir y evitar" los malos tratos a presos, estima que las denuncias s¨®lo contribuyen a "distorsionar la realidad" de las c¨¢rceles espa?olas y a "sembrar la duda" sobre los funcionarios de prisiones.

Por el contrario, las organizaciones que han elaborado la relaci¨®n de casos solicitada por el presidente del CGPJ denuncian "a los juzgados de instrucci¨®n y a los de vigilancia penitenciaria que, salvo honrosas excepciones, no hacen efectiva la tutela judicial de las personas presas al no tramitar las denuncias que se formulan por ellas como las de cualquiera otros ciudadanos". Los representantes de las citadas organizaciones humanitarias expresan su "impotencia de ver c¨®mo las denuncias de los presos por malos tratos e incluso muertes se vuelven contra ellos en represalias o condenas".

Las denuncias afectan a las c¨¢rceles de Brieva (?vila), Ja¨¦n II, Puerto de Santa Mar¨ªa I (C¨¢diz), Villabona (Asturias), Alcal¨¢-Meco y Soto del Real (Madrid) y Picassent y Picassent II (Valencia), Segovia, Pamplona, Alahur¨ªn de la Torre (M¨¢laga), Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Oca?a (Toledo) y Topas (Salamanca). Las denuncias cuentan con todos los datos de identificaci¨®n, fechas y circunstancias que permitir¨¢n su investigaci¨®n.

Denuncias de ida y vuelta

Dos presas hermanas denunciaron que varias funcionarias de la c¨¢rcel de Brieva las apalearon, una vez esposadas y con las manos a la espalda, en represalia por un previo forcejeo al intentar retirarles un aparato de radio. En los hospitales a los que fueron conducidas las presas se les apreciaron las lesiones sufridas. La denuncia no lleg¨® al juzgado, mientras que la denuncia de las funcionarias se tramit¨® y origin¨® una petici¨®n fiscal de cuatro a?os de c¨¢rcel a cada una.Las agresiones denunciadas por un preso del Puerto de Santa Mar¨ªa no fueron admitidas a tr¨¢mite por el juzgado de vigilancia penitenciaria, mientras que la denuncia de los funcionarios contra el mismo preso, por atentado, origin¨® la apertura de juicio oral al preso.

Un recluso de Soto del Real denunci¨® que 15 funcionarios le agredieron, esposado, por pedir explicaciones cuando se le suprimi¨® el tiempo de patio. En el hospital se le apreci¨® fractura de costillas, entre otras lesiones, pero la juez de Colmenar Viejo (Madrid) orden¨® el archivo de la causa.