Algo se mueve en el empleo de discapacitados

Un a?o m¨¢s las cifras denuncian la grave situaci¨®n del empleo de las personas con discapacidad en Espa?a. Seg¨²n los ¨²ltimos datos oficiales, de los m¨¢s de 700.000 contratos indefinidos registrados en el Inem el pasado a?o tan s¨®lo 5.700, exactamente 5.725, correspondieron a contratos fijos de trabajadores discapacitados, lo que representa un exiguo 0,8% del total.La absoluta irrelevancia de esta cifra cobra, por contraste, su aut¨¦ntica dimensi¨®n si la ponemos en relaci¨®n con la tasa de paro del sector de la discapacidad, tres veces superior a la de la poblaci¨®n general, o con el n¨²mero de demandantes de empleo discapacitados, nada menos que 400.000, calculado por el Consejo Econ¨®mico y Social en un informe de 1995.

A este ritmo de creaci¨®n de empleo, los minusv¨¢lidos que ahora mismo quieren y pueden trabajar no tendr¨ªan un empleo sino hasta pasados casi setenta a?os.

Estas p¨ªrricas cifras siguen d¨¢ndose, por parad¨®jico que parezca, en un a?o 1997 que ha supuesto un giro, si no radical s¨ª muy apreciable, en las pol¨ªticas de empleo para minusv¨¢lidos. Hac¨ªa mucho tiempo que no se produc¨ªa el c¨²mulo de hechos y circunstancias favorables que han ocurrido durante 1997 en este ¨¢mbito. Tan favorables o, al menos tan oportunas, que sin pecar de optimismo nos autorizan a hablar de un cambio de marco y estructuras que, lenta pero inexorablemente, nos ir¨¢ deparando resultados m¨¢s alentadores.

La n¨®mina de los hechos destacables comienza, sin duda, con un cambio normativo, que a¨²n a riesgo de parecer lejano y meramente formal, est¨¢ llamado a tener una importancia enorme en los a?os pr¨®ximos. Me estoy refiriendo a la inclusi¨®n gracias, muy se?aladamente, a la labor de los discapacitados espa?oles; del Gobierno, que se hizo eco de sus propuestas, y del comisario Marcelino Oreja, de la cl¨¢usula antidiscriminatoria en los nuevos tratados de la Uni¨®n Europea surgidos de la Cumbre de Amsterdam.

Por vez primera, la Uni¨®n Europea, tan ajena hist¨®ricamente a las cuestiones sociales, consagra en sus normas m¨¢ximas la protecci¨®n jur¨ªdica de las personas con discapacidad contra cualquier forma de discriminaci¨®n. El segundo hecho rese?able del a?o vino tambi¨¦n en Europa. La Cumbre de Luxemburgo sobre empleo, a propuesta del Gobierno espa?ol, cerraba el c¨ªrculo al recoger entre sus conclusiones la recomendaci¨®n a los Estados miembros de prestar una especial atenci¨®n a las pol¨ªticas de empleo a favor de un grupo social tan severamente excluido como el de las personas con discapacidad.

Si la actividad en el ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea ha sido considerable, no ha sido menor en Espa?a, donde, gracias a la receptividad del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y de todo su equipo de colaboradores, la comprensi¨®n de los agentes sociales (sindicatos y empresarios), que est¨¢n empezando a considerar como cosa propia la cuesti¨®n del empleo de discapacitados, la disposici¨®n favorable de las comunidades aut¨®nomas y la capacidad de propuesta, negociaci¨®n y compromiso de los minusv¨¢lidos espa?oles agrupados en torno al Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Minusv¨¢lidos (CERMI), que han dado muestras de rigor, seriedad y madurez, se ha avanzado sustancialmente en las pol¨ªticas de empleo a favor de las personas con discapacidad.

Y no se trata de un avance meramente coyuntural fruto de unas circunstancias tan propicias como transitorias, sino de un cambio, esperemos que definitivo, de marco y de escenario. En lo que a empleo de discapacitados se refiere, las cosas ya no podr¨¢n seguir siendo iguales.

Los jalones del a?o 1997 son numerosos. Los primeros pasos en esta direcci¨®n vinieron de la mano de los acuerdos de abril para la reforma laboral negociados entre los agentes sociales y el Gobierno, con su posterior desarrollo legislativo que, en relaci¨®n con los discapacitados, los ampli¨® y mejor¨®.

Meses m¨¢s tarde, concretamente en septiembre, el Programa Plurianual de Empleo del Reino de Espa?a, elaborado por el Gobierno a instancias de la Comisi¨®n Europea, incorporaba un cap¨ªtulo espec¨ªfico sobre empleo de discapacitados, en el que se recog¨ªan buena parte de las demandas formuladas por el sector. Al mes siguiente, en octubre, el Consejo de ministros aprobaba -y se trata de un hecho sin precedentes en nuestro pa¨ªs un plan de medidas urgentes para la promoci¨®n del empleo de los discapacitados.

Por primera vez, el Gobierno de la naci¨®n aprobaba un plan de empleo para un colectivo espec¨ªfico, en -este caso el de los minusv¨¢lidos, que part¨ªa de una propuesta de los representantes de los minusv¨¢lidos y que hab¨ªa sido negociado con el propio sector.

La coyuntura, tras a?os de inercia y aton¨ªa, que nos ha abocado a la triste situaci¨®n de paro y falta de expectativas laborales que describ¨ªa al principio, es, pues, sumamente favorable.

Contamos con el marco normativo, tanto a escala comunitaria como nacional, adecuado hasta el punto de que los minusv¨¢lidos son hoy el colectivo mejor situado en lo que se refiere a incentivos y ayudas.

Se dan las condiciones objetivas para un cambio profundo y significativo, que abra el mundo del trabajo, puerta de acceso a una vida social plena, a las personas con discapacidad. ?Por qu¨¦ entonces avanzamos tan lentamente en lo que a empleo se refiere?

La realidad ha demostrado, con gran sorpresa para algunos que todav¨ªa no acaban de asumirlo, que el crecimiento econ¨®mico y el control de los principales indicadores no se traduce forzosamente en empleo y, menos a¨²n para favorecer a un colectivo tan desfavorecido como el de los minusv¨¢lidos.

El crecimiento econ¨®mico es una condici¨®n necesaria, pero no suficiente, a la hora de crear empleo, especialmente cuando se trata de discapacitados.

Ahora m¨¢s que nunca es preciso que los poderes p¨²blicos redoblen sus esfuerzos y aun en las iniciativas de todos los que tienen algo que decir en este campo, que son muchos, para con decisi¨®n y firmeza avanzar sostenidamente en la integraci¨®n laboral y social de los discapacitados. De lo contrario, estaremos condenando, aun sin quererlo, a la exclusi¨®n laboral y a la marginaci¨®n social a un n¨²mero considerable de ciudadanos por el mero hecho de ser diferentes.