El juez pide que Tomey acredite en cinco d¨ªas la deuda de 3.500 millones

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Guadalajara ha requerido al secretario de la Diputaci¨®n provincial, Jaime Iborra, y al interventor, Luis Miguel Mart¨ªn, para que presenten en el plazo de cinco d¨ªas copia de los documentos que justifiquen la presunta deuda de 3.500 millones de pesetas que aparece reflejada en los presupuestos de esa corporaci¨®n. La iniciativa del juzgado se debe a una reciente providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que desea conocer qui¨¦nes son los supuestos deudores de la Diputaci¨®n.La fiscal¨ªa investiga la posible ocultaci¨®n de un d¨¦ficit por esa cantidad en la corporaci¨®n que preside el senador popular Francisco Tomey. A este ¨²ltimo se le acusa de un delito de falsedad en documento p¨²blico como responsable de la integraci¨®n "ficticia" de esa cantidad en las liquidaciones de los presupuestos de 1991 a 1996.

El Tribunal Supremo estudia investigar a Tomey para comprobar, adem¨¢s, si existi¨® 9 no malversaci¨®n. Para Mar¨ªa Angeles Garc¨ªa, fiscal jefe de Guadalajara, el supuesto maquillaje contable se hizo con deudas inexistentes, alteraciones pertinaces y "apuntes contables mendaces". Por su parte, el Tribunal de Cuentas iniciar¨¢ pr¨®ximamente una fiscalizaci¨®n especial sobre las cuentas de esa corporaci¨®n.

El Juzgado ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que su providencia se ha cumplimentado y a partir de ahora comienza a correr el plazo para que ambos funcionarios presenten la documentaci¨®n. Ninguno de los dos ha contestado a las llamadas de este peri¨®dico.

Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y los magistrados Raquel Iranzo y Jaime Lozano ped¨ªan en su providencia que en el citado plazo se aporte la identificaci¨®n de aquellos deudores "que aparecen en las listas de los acreedores y deudores, a fecha 31-12-96, que se remiti¨® a este tribunal en fase de prueba, bajo la identificaci¨®n gen¨¦rica de varios deudores".

El tribunal se?ala que en el denominado "listado inform¨¢tico de los movimientos contables del mayor de conceptos del presupuesto de ingresos" que se le remiti¨® tampoco aparecen identificados esos supuestos deudores. Por ello exige que el secretario y el interventor diga qui¨¦nes son y pide "copia de los documentos que sirvan de justificante de las deudas mencionadas".

En el supuesto de que los dos funcionarios no entreguen esos soportes documentales, los tres magistrados les piden que "certifiquen, bajo la fe del secretario, que tal relaci¨®n no resulta posible por ausencia de datos precisos y que los documentos justificativos antes mencionados no existen en los archivos o expedientes provinciales".