El Defensor del Pueblo echa en falta m¨¢s rigor de Prisiones contra los funcionarios denunciados

El Defensor del Pueblo plantear¨¢ en su pr¨®ximo informe anual al Parlamento que la Administraci¨®n aplique con m¨¢s dureza y diligencia el r¨¦gimen disciplinario a los funcionarios de prisiones, seg¨²n fuentes de la instituci¨®n. Esta recomendaci¨®n se ha venido repitiendo en los ¨²ltimos a?os. El informe, a¨²n en fase de elaboraci¨®n, recoge unas 500 quejas sobre diversos aspectos carcelarios. Las mismas fuentes entienden que las autoridades no deben escudarse en el archivo judicial de las denuncias para no depurar conductas que, si no conllevan castigo penal, s¨ª pueden merecer reprensi¨®n interna. Pero Instituciones Penitenciarias es partidaria de que prevalezca la presunci¨®n de inocencia de los funcionarios antes que adoptar medidas que posteriormente pueden ser recurridas y ganadas por los interesados ante los tribunales.

Instituciones Penitenciarias aplica pocas veces medidas cautelares contra sus funcionarios cuando sobre ellos recae alguna denuncia de los presos, seg¨²n fuentes del Defensor del Pueblo y otras organizaciones humanitarias. Si media alguna investigaci¨®n judicial por malos tratos u otra conducta penal, el Ministerio del Interior s¨ª abre un expediente administrativo, pero ¨¦ste suele ser cerrado autom¨¢ticamente si los jueces deciden archivar el caso.El Defensor del Pueblo tiene en tramitaci¨®n 15 quejas por presuntos malos tratos o fallecimientos recibidas durante el a?o 1997, mientras que en 1996 tramit¨® 9 casos. Fuentes de la instituci¨®n consideran que el aumento es poco significativo y reconocen que es posible que haya quejas inconsistentes o infundadas.

El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que el pasado lunes encarg¨® a su servicio de inspecci¨®n 31 diligencias para investigar la actuaci¨®n de los jueces en 40 denuncias de organizaciones humanitarias, ha suscitado diversas iniciativas parlamentarias sobre la situaci¨®n en las prisiones. Las citadas organizaciones achacan a los jueces de vigilancia penitenciaria cierta pasividad y trato preferente para los funcionarios.

Bego?a Lasagabaster, diputada de Eusko Alkartasuna, y el Bloque Nacionalista Galego han solicitado que el director general de Instituciones Penitenciarias, ?ngel Yuste, d¨¦ explicaciones en el Congreso. "Lo que pretendemos es suscitar la preocupaci¨®n sobre la situaci¨®n en las c¨¢rceles, que yo tengo la impresi¨®n de que va a peor y que ha bajado la. diligencia de los funcionarios", dice Lasagabaster. "Por eso, Instituciones Penitenciarias debe dar explicaciones", a?ade.

500 quejas anuales

El Defensor del Pueblo recibi¨® o abri¨® de oficio en 1997 alrededor de 500 quejas sobre los m¨¢s variados aspectos referidos a las prisiones, una cifra similar a la registrada en 1996, seg¨²n fuentes de la instituci¨®n.Las siete organizaciones que han apelado ahora al Consejo General del Poder Judicial se quejan de pasividad de los jueces de Vigilancia Penitenciaria en la investigaci¨®n de las denuncias. Otras fuentes, sin querer pronunciarse sobre este aspecto, reconocen que los juzgados archivan casi todos los casos, la mayor¨ªa de las veces por falta de pruebas contra los funcionarios. Esta decisi¨®n judicial suele llevar aparejado el cierre de la investigaci¨®n interna abierta por la Administraci¨®n.

La opini¨®n del Defensor del Pueblo, expresada en sus ¨²ltimos informes anuales, es que hay que deslindar la culpabilidad penal de la responsabilidad administrativa. Es decir, es posible que un funcionario no haya incurrido en un delito doloso, pero s¨ª que haya quebrantado alguna dlsposici¨®n de tipo penitenciario, en cuyo caso la Administraci¨®n deber¨ªa adoptar alguna sanci¨®n interna.

Hace un mes, el Defensor del Pueblo envi¨® una carta al director de Instituciones Penitenciarias, ?ngel Yuste, interes¨¢ndose por si se hab¨ªan adoptado medidas cautelares contra dos funcionarios de la c¨¢rcel de Oca?a I (Toledo) que est¨¢n acusados de dar en julio del a?o pasado una paliza a un sacerdote preso por delitos sexuales. Yuste ha respondido al Defensor que a uno de los dos funcionarios se le ha suspendido recientemente de empleo y sueldo, mientras que al otro s¨®lo se le ha traslado a otro puesto donde no tiene contacto con los reclusos.

Yuste entiende que las sanciones administrativas previas a una decisi¨®n judicial son comparables a la prisi¨®n preventiva, algo que los jueces adoptan ¨²nicamente cuando hay alguna circunstancia que las justifique. El director argumenta que los jueces tambi¨¦n pueden decretar la suspensi¨®n de empleo, como medida cautelar, para aquellos funcionarios sobre los que recaigan sospechas de haber cometido una infracci¨®n grave. Seg¨²n Yuste, esto es inusual, de lo que puede deducirse que los magistrados dan preferencia a la presunci¨®n de inocencia.