El fiscal investiga a un senador canario del PP por irregularidades urban¨ªsticas

La fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga al senador del PP Domingo Gonz¨¢lez Arroyo por presuntas anomal¨ªas urban¨ªsticas en el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), del que es alcalde. La investigaci¨®n parte de una denuncia, ante la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial canaria, de Casto Mart¨ªnez Berriel, arquitecto municipal del Ayuntamiento hasta el pasado mes de enero y afiliado al PP. El senador niega las imputaciones, dice que el arquitecto es un resentido y arremete contra la consejera de su partido Mar¨ªa Eugenia M¨¢rquez, a la que tilda de incompetente.

El arquitecto asegura en un escrito presentado el pasado 27 de febrero ante la fiscal¨ªa que el senador popular ha establecido un procedimiento de concesi¨®n de licencias "incompatible con la legalidad vigente", le acusa de tr¨¢fico de influencias y dice que ha convertido la corporaci¨®n en "un negocio privado". En la denuncia cita testimonios de ciudadanos que acud¨ªan a su oficina t¨¦cnica, de la que era responsable, y le confesaban pagos ilegales al alcalde por diversas gestiones administrativas y licencias de construcci¨®n. La Oliva tiene 9.000 habitantes y es el municipio m¨¢s extenso de los cinco de la isla.El alcalde y senador responde as¨ª: "No hay irregularidades urban¨ªsticas. Este arquitecto est¨¢ resentido porque pretend¨ªa que le renov¨¢ramos su contrato al ser militante del PP. A los que tendr¨ªa que investigar el fiscal por alguna de sus actuaciones est¨¢n en la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial. Creo que la carrera de mi compa?era Mar¨ªa Eugenia M¨¢rquez no avala su cargo pol¨ªtico. Yo soy el alcalde desde hace 20 a?os con el voto de los pobres".

En su escrito ante el fiscal, Mart¨ªnez Berriel afirma: "Por la oficina t¨¦cnica pasa mucha gente diciendo que entrega tal o cual cantidad al alcalde a cambio de tal o cual gesti¨®n y que han pagado tasas por conceptos que la administraci¨®n no cobra, como es el caso de las licencias de construcci¨®n de urbanizaciones que al ser al fin propiedad municipal no habr¨ªan de devengar pago alguno". El arquitecto enumera algunos casos concretos en que se pudieron producir pagos ilegales, uno de ellos de cien millones de pesetas. "Son todas ellas cifras de las que no puedo dar fe, pero s¨ª puedo decir que circulan como ciertas y que los ciudadanos han hecho saber a esta oficina t¨¦cnica", agrega.

Antes de dirigirse al fiscal, el arquitecto present¨® en enero una denuncia administrativa ante la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial, que dirige la popular Mar¨ªa Eugenia M¨¢rquez. Y lo hizo tres semanas despu¨¦s de que le fuera rescindido su contrato eventual con el ayuntamiento. No obstante, Casto Mart¨ªnez asegura que un mes antes de su destituci¨®n hab¨ªa denunciado verbalmente las irregularidades ante responsables de ese departamento. "Me despidi¨® despu¨¦s de enterarse de mi primera denuncia", asegura.

La consejer¨ªa traslad¨® aquella denuncia a la fiscal¨ªa. Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirm¨® a EL PA?S que ha abierto diligencias informativas y que si aprecia indicios de delito, instar¨¢ al juez de instrucci¨®n a que incoe diligencias previas.

El alcalde y senador del PP tiene pendiente de resoluci¨®n otra denuncia por desacato presentada en el Tribunal Supremo por un enfrentamiento entre la Polic¨ªa Municipal y la Guardia Civil al quitar un precinto en una c¨¦ntrica calle de la isla. Adem¨¢s de senador y alcalde de La Oliva, Domingo Gonz¨¢lez es diputado del Parlamento de Canarias y presidente del PP en Fuerteventura.

El arquitecto Casto Mart¨ªnez ha presentado al fiscal jefe de Canarias un listado de 25 expedientes sobre los que en 1997 se adoptaron, en su opini¨®n, resoluciones injustas y contrarias a los informes t¨¦cnicos.

En la denuncia, el arquitecto afirma: "El procedimiento administrativo establecido por el alcalde [es] incompatible a todas luces con la legalidad vigente y con la m¨¢s rudimentaria organizaci¨®n administrativa. La corporaci¨®n funciona como un negocio inmobiliario privado del alcalde o una oficina de gesti¨®n de servicios al margen de la administraci¨®n".

El ex jefe de la oficina t¨¦cnica asegura que, para otorgar una licencia, el alcalde del PP recibe primero al administrado en su despacho, "antes incluso del tr¨¢mite de entrada", para lograr la posible intermediaci¨®n en la compra del suelo o en la gesti¨®n de servicios particulares "en beneficio propio o poner en contacto a los agentes protagonistas del proceso edificatorio".

Seg¨²n su relato, a continuaci¨®n el expediente pasa a un control para averiguar si el administrado es deudor del Ayuntamiento. "De ser as¨ª, el expediente se paraliza hasta que ¨¦ste pague su deuda. En mi opini¨®n, una presunta coacci¨®n que trata de presionar al administrado para fines recaudatorios sin que ello tenga nada que ver con el objeto de la solicitud de la instancia".