Justicia po¨¦tica

LA SEPARACI?N entre responsabilidades pol¨ªticas y responsabilidades penales es una pr¨¢ctica muy ¨²til en democracia, en cuanto que permite a los ciudadanos exigir cuentas -en forma de dimisi¨®n, casi siempre- a los cargos p¨²blicos sin esperar a las resoluciones judiciales, sin poner por ello en riesgo la presunci¨®n de inocencia y siempre que existan razones precisas y fundamentadas para ello. La exigencia de responsabilidad pol¨ªtica es una pr¨¢ctica saludable, porque las reglas del juego pol¨ªtico responden a criterios diferentes del judicial; pero debe acotarse su l¨ªmite de acuerdo con el sentido com¨²n y la operatividad, de forma que, por decirlo brevemente, "por el pecado de un monaguillo no se pida la dimisi¨®n del Papa". El Partido Popular utiliz¨® insistentemente durante las dos legislaturas anteriores esta distinci¨®n entre pol¨ªtica y tribunales para exigir, en unos casos con raz¨®n y en otros de forma embarullada, aunque siempre como depositarios ¨²nicos de la honradez ofendida, la dimisi¨®n de los altos cargos de Gobiernos socialistas implicados en distintos fraudes o delitos.Ha llegado el momento de que el PP se aplique con firmeza y rigor la separaci¨®n entre responsabilidades pol¨ªticas y judiciales que tanto defendi¨®. Es de obligada coherencia que el partido exija la dimisi¨®n de su senador y presidente de la Diputaci¨®n de Guadalajara, Francisco Tomey. Razones hay para ello: el Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso el preceptivo suplicatorio por si fuera necesario iniciar un proceso penal contra el citado senador. El Supremo aprecia indicios de un delito continuado de falsedad en documento oficial -supuesta ocultaci¨®n de un d¨¦ficit de 3.500 -millones contabilizando derechos de cobro inexistentes entre 1991 y 1996- y no descarta que aparezcan indicios de malversaci¨®n u otros delitos. El PP, de forma consecuente, ha anunciado que votar¨¢ a favor del suplicatorio.

La dimisi¨®n de Tomey evitar¨ªa seguramente mayores da?os al PP -como razon¨® acertadamente el recientemente dimitido consejero de la Comunidad Valenciana Luis Fernando Cartagena- y parece la medida profil¨¢ctica m¨¢s adecuada para que no existan esos juicios paralelos que, seg¨²n el presidente Aznar, "se celebran no al amparo de la ley, sino al amparo de las sensaciones p¨²blicas", y que "son pr¨¢cticamente sentenciados antes por los medios que por los tribunales". La reflexi¨®n del presidente, expuesta el mi¨¦rcoles en Montevideo, es abiertamente contradictoria con la tesis de su vicepresidente Francisco ?lvarez Cascos, que ped¨ªa a los representantes de la justicia sentencias acordes con los veredictos de la sociedad, y, a la postre, resulta poco cre¨ªble, porque se produce en el momento en que los tribunales empiezan a actuar en numerosos casos de indicios de corrupci¨®n atribuidos a gestores del PP.

Quiz¨¢ el presidente Aznar aprecie la iron¨ªa de este momento pol¨ªtico, en el que deber¨¢ tragar la medicina que tanto recet¨® a sus adversarios pol¨ªticos. Iron¨ªa duplicada por cuanto que ahora lamenta la "inseguridad" que pueden crear en la sociedad los llamados jueces estrella, a los que tanto instig¨® desde la oposici¨®n para que actuaran contra el Gobierno socialista.Aznar y el PP se queman ahora en el fuego que ellos mismos encendieron.Justicia po¨¦tica se llama esa figura.