Inseguridad

LA INVESTIGACI?N abierta por el juez Manuel Mateo en la cl¨ªnica Iris de Albacete, la ¨²nica acreditada en esta ciudad para practicar interrupciones voluntarias del embarazado, constituye la en¨¦sima demostraci¨®n de que la actual legislaci¨®n sobre el aborto no s¨®lo provoca una grave insegundad jur¨ªdica, sino que puede derivar f¨¢cilmente hacia procedimientos de investigaci¨®n que recuerdan peligrosamente temidos m¨¦todos inquisitoriales de ¨¦pocas pret¨¦ritas. Una mujer que hab¨ªa abortado en esta cl¨ªnica se sinti¨® indispuesta y, acompa?ada por los propios facultivos que le hab¨ªan practicado el aborto, se dirigi¨® a otro hospital de la ciudad dotado de mayor tecnolog¨ªa en previsi¨®n de posibles complicaciones. Al informar la mujer de que hab¨ªa abortado, un m¨¦dico de este segundo hospital remiti¨® el caso al juzgado por si el aborto era ilegal. El juez, con este ¨²nico elemento como base, no s¨®lo orden¨® la detenci¨®n de la mujer y de cinco facultativos, sino que orden¨® adem¨¢s llevar al juzgado las 1.343 historias cl¨ªnicas que se encontraban en el hospital, pertenecientes a otras tantas mujeres que han abortado en ¨¦l en los ¨²ltimos a?os.El Consejo General del Poder Judicial ha ordenado abrir diligencias informativas sobre la actuaci¨®n del juez. Habr¨¢ que esperar a que esta investigaci¨®n concluya para valorarla en todas sus consecuencias. Es de esperar que el juez sea capaz de esgrimir poderosas razones -indicios claros de delito- para ordenar la investigaci¨®n del caso, porque ser¨ªa inadmisible que hubiera actuado ¨²nicamente movido por una sospecha gen¨¦rica e indefinida de ilegalidad. Muchas veces se ha dicho que la actual normativa deja al albur de la mentalidad de cualquier marido despechado o de cualquier m¨¦dico antiabortista el que una mujer que ha recurrido al aborto bajo el amparo de la ley se vea sometida a una injusta persecuci¨®n. Abrir una investigaci¨®n sin indicios suficientes de delito demostrar¨ªa que se ha actuado movido m¨¢s por razones ideol¨®gicas que jur¨ªdicas.

Incluso en el supuesto de que hubiera indicios s¨®lidos de delito, lo que no est¨¢ justificado de ninguna manera es que, para llevar a cabo la investigaci¨®n, se conculquen derechos fundamentales -como el derecho a la intimidad- y que esa vulneraci¨®n afecte adem¨¢s a cientos de personas. El impacto conminatorio de una orden judicial puede explicar que los m¨¦dicos de la cl¨ªnica libraran sin resistencia los historiales cl¨ªnicos, pero deber¨ªan haberse amparado en el derecho a la intimidad de las pacientes y en el secreto profesional para negarse a entregar datos ¨ªntimos de mujeres que nada ten¨ªan que ver con el caso que se pretend¨ªa investigar y que estos d¨ªas est¨¢n sufriendo la incertidumbre de verse envueltas en lo que lleva visos de convertirse en un proceso al aborto en general.