El Gobierno dice que no puede impedir el ascenso de un guardia civil condenado

El Gobierno asegura que no puede impedir que el sargento de la Guardia Civil Jos¨¦ Mar¨ªa de las Cuevas Carretero, condenado hace cuatro meses por torturar al etarra Kepa Urra en 1992, est¨¦ realizando actualmente el curso de ascenso a alf¨¦rez. En ese sentido, argumenta que la sentencia no es firme y, adem¨¢s, que Cuevas nunca tuvo la condici¨®n de procesado, que s¨ª habr¨ªa impedido su ascenso, debido a que fue juzgado por el procedimiento abreviado. Bego?a Lasagabaster, diputada de Eusko Alkartasuna (EA), opina que el Ejecutivo usa "argucias legales" para incumplir las recomendaciones de Amnist¨ªa Internacional.

Jos¨¦ Mar¨ªa de las Cuevas fue admitido en el curso de ascenso el 10 de noviembre pasado tras haber presentado documentaci¨®n acreditativa. de no estar privado de sus derechos civiles, no estar procesado por un delito doloso y no tener anotado en su expediente sanciones disciplinarias graves, o muy graves, seg¨²n la respuesta del Gobierno a Bego?a Lasagabaster, diputada de EA.La Direcci¨®n General de la Guardia Civil recibi¨® once d¨ªas despu¨¦s, el 21, la sentencia de la Audiencia de Vizcaya en la que se condena al sargento a cuatro a?os, dos meses y un d¨ªa de prisi¨®n y a seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n especial por torturar a Urra el 29 de enero de 1992.

Apelando a la presunci¨®n de inocencia que ampara a todo acusado, al "no constar que la sentencia en cuesti¨®n sea firme" y como, "en cualquier caso, los efectos de la pena de inhabilitaci¨®n no pueden producirse a¨²n", la Direcci¨®n determin¨® que tales circunstancias no pod¨ªan ser "causa obstativa del ingreso del condenado en el centro de formaci¨®n" de El Escorial (Madrid).

Pese a eso, el Gobierno reconoce "la gravedad y reprochabilidad de los hechos y el delito a los que se contrae (siempre en el supuesto de que llegue a ganar firmeza en tales t¨¦rminos)".

Las normas de la convocatoria de ascenso establec¨ªan para los aspirantes la condici¨®n de "no estar procesados por delito doloso". Frente a eso, el Ejecutivo hace una argumentaci¨®n terminol¨®gica al decir que De las Cuevas ha estado " imputado en un procedimiento abreviado y no procesado en ¨¦l, puesto que en esta clase de procedimiento no se acuerda el procesamiento de los acusados". A?ade que "al no existir constancia del hipot¨¦tico procesamiento del interesado no pod¨ªa imped¨ªrsele que participara" en el curso para el ascenso.

El Gobierno arguye que la admisi¨®n del sargento en el proceso "no obsta para que, de convertirse la resoluci¨®n judicial en firme y definitiva, se adopten despu¨¦s [contra ¨¦l] los efectos pertinentes en cuanto a la incidencia en el orden administrativo". Adem¨¢s, si la sentencia fuera confirmada en todos sus extremos "dar¨ªa lugar a la incoaci¨®n de expediente gubernativo por falta muy grave" y podr¨ªa suponer hasta la expulsi¨®n del suboficial.

Lasagabaster considera "reprobable y rechazable" la contestaci¨®n del Ejecutivo por escudarse en argucias legales como decir que De las Cuevas nunca estuvo procesado, sino imputado, cuando es una situaci¨®n jur¨ªdicamente similar. "Adem¨¢s de que est¨¢ condenado, nunca pueden primar los aspectos formales sobre los de fondo, y menos a¨²n cuando se trata de hechos que afectan a los derechos fundamentales de las personas", concluye Lasagabaster, que cree que as¨ª se favorece la impunidad de los agentes implicados en torturas.