"Ego me absolvo..."
LA INVESTIGACI?N interna realizada por el PP sobre la gesti¨®n del presidente de la Diputaci¨®n de Guadalajara y senador por ese partido, Francisco Tomey, no ha encontrado indicios de "irregularidad", "corrupci¨®n" o "anomal¨ªa contable". La conclusi¨®n era de esperar si se tiene en cuenta la afici¨®n del PP a instrumentar aparatosas comisiones autoexculpatorias para distraer la atenci¨®n sobre los casos de gesti¨®n dudosa o presuntas irregularidades de sus militantes. Pero mientras el informe del PP absolv¨ªa a Tomey de toda culpa y el comit¨¦ ejecutivo del partido en Castilla-La Mancha avanzaba que no se tomar¨ªan medidas pol¨ªticas contra ¨¦l por la supuesta ocultaci¨®n continuada de un d¨¦ficit de 3.500 millones en los presupuestos de la Diputaci¨®n -asunto que investiga el Supremo-, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n abr¨ªa una indagatoria sobre el senador por supuesta prevaricaci¨®n, informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias en las empresas en las que participan su hermano y su esposa, agraciadas con subvenciones y adjudicatarias de contratos p¨²blicos.En el informe exculpatorio, obra del diputado auton¨®mico Pedro Peral, el PP es juez y parte y la credibilidad que debe conced¨¦rsele es, al menos, limitada. Su contenido tampoco impresiona. Asegura que la Diputaci¨®n cumpli¨® el ordenamiento jur¨ªdico vigente, pero no explica por qu¨¦ los presupuestos contabilizaron de forma "pertinaz" los cr¨¦ditos de dudoso cobro para ocultar un d¨¦ficit presupuestario. Menci¨®n aparte merece la imputaci¨®n de los apuntes contables irregulares al interventor fallecido, como si los interventores no trabajaran sobre decisiones ajenas a su control.
La utilidad principal del informe es la de aportar una coartada para librar a Tomey de las sanciones pol¨ªticas y permitir que el propio PP no se vea obligado a imponerlas. El subterfugio es tosco. Aplicando al partido de Aznar la pol¨ªtica de separaci¨®n entre responsabilidades pol¨ªticas y penales que con tanto empe?o defendi¨® antes de 1996, Tomey deber¨ªa dimitir a la espera de los resultados de una investigaci¨®n judicial que est¨¢ en marcha y que establecer¨¢ las responsabilidades penales. No se trata de rumores o acusaciones infundadas que puedan ser despachadas alegremente con las conclusiones de una inspecci¨®n entre correligionarios; se, trata de diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y de una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En este momento preciso es donde se demuestra la voluntad de afrontar las responsabilidades pol¨ªticas; si se demoran hasta que la justicia d¨¦ el siguiente paso -si llegara a hacerlo-, que es convertir a Tomey en imputado, ya no tendr¨¢n m¨¦rito pol¨ªtico alguno.
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