Estrella amarilla

EL PLENO del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acord¨® en su ¨²ltima reuni¨®n condenar como una "amenaza inadmisible" la advertencia de un llamado Sindicato de Abogados Euskaldunes de "marcar" con "nombres y apellidos" a los jueces y magistrados que, seg¨²n ese colectivo, son "beligerantes" contra el euskera. Esta acusaci¨®n se dirige contra los jueces que, en aplicaci¨®n de la ley y de la doctrina del Tribunal Constitucional, han venido utilizando un servicio de traducci¨®n simult¨¢nea para las declaraciones de acusados, abogados o testigos realizadas en lengua vasca. Este episodio engarza con otras formas de presi¨®n sobre los jueces que ejercen en el Pa¨ªs Vasco. Varios de ellos han aparecido como objetivos potenciales de ETA en la documentaci¨®n intervenida a activistas detenidos.Desde hace meses, los miembros de ese grupo de abogados vienen neg¨¢ndose a aceptar la intervenci¨®n de un int¨¦rprete en los juicios en que sus defendidos eligen expresarse en vasco. Ello ha obligado a la suspensi¨®n de algunas vistas orales, todas ellas relacionadas con casos de insumisi¨®n, des¨®rdenes p¨²blicos o apolog¨ªa del terrorismo. Se trata, de todas formas, de casos excepcionales. Seg¨²n el departamento vasco de Justicia, de un total de 109 vistas con int¨¦rprete celebradas en los ¨²ltimos meses, se han producido incidentes en siete. Recientemente, una juez de San Sebasti¨¢n expedient¨® a causa de uno de estos incidentes al letrado ??igo Iruin, antiguo dirigente de Herri Batasuna. La pol¨¦mica se inscribe en el debate sobre la implantaci¨®n del euskera en la Administraci¨®n de justicia. Los sectores m¨¢s radicales exigen el conocimiento de esa lengua para poder ser juez en Euskadi. Otros admiten que sea considerado un m¨¦rito, pero no un requisito, para la obtenci¨®n de plaza.

Actualmente habla bien la lengua vasca el 26% de los ciudadanos de la comunidad aut¨®noma. El ideal de una sociedad plenamente biling¨¹e no es, por tanto, un objetivo pr¨®ximo. De ello deducen algunos la necesidad de forzar la mano para acelerar el proceso de euskaldunizaci¨®n. Un criterio democr¨¢tico y hasta puramente racional indicar¨ªa, sin embargo, que ning¨²n ideal puede imponerse sobre la base de ignorar los derechos de esa mayor¨ªa que no habla vasco. Soluciones ref¨®rmistas, moderadas, como la de facilitar un sistema de int¨¦rpretes en los juicios, aspiran a hacer compatible el objetivo de avanzar hacia un biling¨¹ismo efectivo con el respeto a la realidad humana actual. Tambi¨¦n es deseable que el lehendakari sea biling¨¹e, pero no ser¨ªa democr¨¢tico limitar el campo de los elegibles a esa cuarta parte de la poblaci¨®n capaz de hacer un discurso en euskera.

Se trata de un tema bastante complejo, aunque no tanto como pretenden algunos equidistantes que se resisten a condenar las amenazas lanzadas contra los jueces o que incluso niegan ang¨¦licalmente que pueda hablarse de amenazas propiamente dichas. Pero en Euskadi, donde el medio es el mensaje, nadie ignora lo que significa "marcar" a alguien con nombre y apellidos. Como ha se?alado el magistrado Juan Luis Ibarra, antiguo secretario general t¨¦cnico del Ministerio de Justicia, este intento de "se?alar con la estrella de David a quienes se resisten a la intolerancia" constituye el "ataque m¨¢s grave a la independencia del Poder Judicial" en mucho tiempo. Que algunas personas pr¨®ximas a los amenazados hayan reaccionado expresando su adhesi¨®n al euskera, en lugar de a la ley, es un s¨ªntoma del clima creado. Ya a finales de 1996, en unas desafortunadas declaraciones, Arzalluz hab¨ªa culminado con un "ancha es Espa?a" una invitaci¨®n a que los jueces que no hablaban euskera abandonaran el Pa¨ªs Vasco. Por eso es de resaltar que entre quienes han condenado de manera inequ¨ªvoca este nuevo intento de coacci¨®n a los jueces figure el vocal del CGPJ Emilio Olabarr¨ªa, antiguo diputado del PNV.