El Gobierno se amparar¨¢ en la seguridad del Estado para defender las escuchas a HB

El Gobierno se amparar¨¢ en la seguridad el Estado y en la legislaci¨®n europea para defender el espionaje a la sede de HB en Vitoria por parte del Cesid. Ante el Congreso, el pr¨®ximo martes, y ante la juez que investiga el caso, si fuera preciso, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, se remitir¨¢ a la ley de Secretos Oficiales para no facilitar datos sobre la operaci¨®n. Tras la entrevista que mantuvo ayer Serra en La Moncloa con el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, fuentes gubernamentales descartaron el cese del ministro y el relevo a corto plazo del director general del Cesid, Javier Calder¨®n.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, sali¨® ayer tan herm¨¦tico como satisfecho del palacio de La Moncloa, donde mantuvo su primera entrevista con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar desde que se descubrieron las escuchas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Aunque desde su departamento se insist¨ªa en que se trataba de un despacho habitual, en el que se abordaron otros asuntos, como el proyecto de profesionalizaci¨®n de las Fuerzas Armadas, el esc¨¢ndalo protagonizado por el Cesid acapar¨® toda la atenci¨®n. Distintos miembros del Gobierno multiplicaron ayer las muestras de apoyo a Serra, tratando de desmentir las tensiones que este asunto ha generado en el Ejecutivo. El vicepresidente Francisco ?lvarez Cascos y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, protagonistas de las disensiones, acudieron anoche a la entrega del premio Jovellanos al ministro de Defensa, quien ha asumido toda la responsabilidad sobre el caso, exculpando a sus compa?eros de gabinete.

En su reuni¨®n con Aznar, Serra le adelant¨® las l¨ªneas maestras de su intervenci¨®n ante el Congreso, donde deber¨¢ dar una respuesta tanto jur¨ªdica como pol¨ªtica a la crisis. La dimisi¨®n del ministro ha quedado totalmente descartada, mientras que el relevo del director general del Cesid, Javier Calder¨®n, no se contempla a corto plazo, aunque podr¨ªa producirse en unos meses en el marco de una reforma de los servicios secretos que el Gobierno se propone relanzar.

"Resulta muy duro ofrecer la cabeza de Calder¨®n por haber espiado a los que jalean a los asesinos de nuestros concejales", manifestaba ayer un dirigente del PP, resumiendo un estado de ¨¢nimo que parece haberse impuesto frente a quienes defend¨ªan una respuesta dr¨¢stica para huir de cualquier comparaci¨®n con la actitud que tuvieron los socialistas.

El ministro Serra est¨¢ firmemente decidido a escudarse en la ley de Secretos Oficiales para no facilitar a la juez que investiga el caso cualquier dato sobre los agentes o sistemas operativos del centro de inteligencia. Esta postura podr¨ªa desembocar en un nuevo conflicto de jurisdicci¨®n, como el que mantuvo el Gobierno del PSOE con el juez Baltasar Garz¨®n a prop¨®sito de los papeles del Cesid, aunque en este caso los servicios jur¨ªdicos de Defensa no tienen ninguna duda de que la materia en litigio afecta a la seguridad del Estado.

Dichos servicios trabajan aceleradamente en la elaboraci¨®n de un informe que, aunque no pueda establecer la legalidad de las escuchas, s¨ª demuestre que ¨¦stas no tienen car¨¢cter delictivo. Defensa trabaja no s¨®lo con la legalidad espa?ola, sino tambi¨¦n con la jurisprudencia europea, que reconoce a los pa¨ªses el derecho a realizar escuchas telef¨®nicas cuando se encuentre en peligro la seguridad del Estado.

Por ejemplo, la directiva del Parlamento y del Consejo europeos del 15 de diciembre pasado, sobre tratamiento de datos personales y protecci¨®n de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, reconoce que los estados de la UE pueden realizar interceptaciones legales de comunicaciones para proteger la seguridad p¨²blica, la defensa y la seguridad del Estado.

Esta directiva se refiere a "interceptaciones legales", lo que presupone una legislaci¨®n nacional que en Espa?a no existe. Desde esta perspectiva, la actuaci¨®n del Cesid estar¨ªa en la alegalidad m¨¢s que en la ilegalidad. La necesidad de llenar este vac¨ªo legal, mediante una normativa que regule las escuchas en defensa de la seguridad del Estado, siempre bajo control judicial, ser¨ªa una de las conclusiones de la crisis, junto a la necesidad de impulsar la reforma del servicio secreto, desbloqueando una ley que el Gobierno tiene aparcada desde hace un a?o y medio. En el Congreso, Serra eludir¨¢ aportar cualquier dato concreto sobre la operaci¨®n de Vitoria e incluso, si es posible, un reconocimiento expreso de la autor¨ªa del Cesid, aunque remitir¨¢ a una futura reuni¨®n de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales si se le demanda mayor informaci¨®n.

El Gobierno cuenta con la actitud comprensiva del PSOE, entre otras razones porque las escuchas se iniciaron bajo su mandato, y con la beligerancia de Izquierda Unida, PNV y el Grupo Mixto. Tambi¨¦n se baraja la destituci¨®n de algunos mandos intermedios del servicio secreto, responsables de los fallos que permitieron descubrir la operaci¨®n, pero el Ejecutivo es consciente de que estas medidas dif¨ªcilmente contentar¨¢n a quienes exigen responsabilidades pol¨ªticas.