El precio del error

EL DESCUBRIMIENTO del espionaje telef¨®nico practicado por el Cesid en una sede de HB ha causado un esc¨¢ndalo que -conforme pasan los d¨ªas sin aclaraci¨®n- tiende a multiplicarse como desorden pol¨ªtico. En este desbarajuste se cruzan algunas sospechas sobre enfrentamientos internos entre el vicepresidente pol¨ªtico del Gobierno y algunos ministros para controlar los servicios secretos, con posibles fugas de informaci¨®n en la Telef¨®nica. del Pa¨ªs Vasco. El ¨²ltimo episodio de este: descontrol ha sido la publicaci¨®n en el diario Egin, vocero de HB, de la identidad, datos personales y comicilio de uno de los agentes implicados en las escuchas, como prueba fehaciente de que el diario dispone de datos confidenciales sobre la red de agentes del Cesid en Euskadi, publicidad que obliga a reconstituir por entero los servicios. Todo ello ante la sorprendente pasividad del Ejecutivo, que parece entender los acontecimientos de las ¨²ltimas semanas como un asunto laboral de ".la Casa".La comparecencia, hoy ante el Congreso, del ministro de Defensa, Eduardo Serra, aunque tard¨ªa, es una oportunidad para aclarar los distintos tipos de responsabilidades que se pueden derivar del espionaje telef¨®nico. El ministro est¨¢ obligado a explicar, en primer lugar, si las escuchas a la sede de HB contaban con los requisitos legales pertinentes; si no es as¨ª, como parece, existen unas responsabilidades judiciales que los tribunales deber¨¢n sustanciar. Como ha recordado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, "la Constituci¨®n exige que para interceptar llamadas telef¨®nicas sea imprescindible una resoluci¨®n judicial". Esta exigencia supone una cierta contradicci¨®n en sus t¨¦rminos: un servicio secreto deja de serlo, o por lo menos pierde gran parte de su eficacia, si su actuaci¨®n se circunscribe a los casos de delito demostrado y con una orden judicial. Todos los servicios secretos rozan con el Estado democr¨¢tico, que es, por esencia, transparente.

Pero, sobre todo, Serra deber¨¢ informar del marco concreto en el que se autorizaron las escuchas, del que se derivar¨¢ el resto de responsabilidades. Las consecuencias profesionales para quienes escucharon sin mandato no debe confundirse con la responsabilidad pol¨ªtica de quienes autorizaron, o toleraron, la operaci¨®n. El Parlamento deber¨¢ saber tambi¨¦n qui¨¦nes fueron los que lo hicieron.

Si el ministro de Defensa y el Gobierno eluden esta respuesta y ceden a la tentaci¨®n de echar tierra al asunto -quiz¨¢ con el sacrificio de algunos mandos del Cesid cometer¨¢n una gran torpeza. Las responsabilidades pol¨ªticas han de ser asumidas, m¨¢xime cuando existe el precedente cercano de las dimisiones del vicepresidente del Gobierno y del ministro de Defensa socialistas por casos parecidos al del espionaje telef¨®nico de ahora. Asimismo, el Cesid debe ser reestructurado y modernizado sin caer en la tentaci¨®n -tan cara a este Ejecutivo- de confundir el nombramiento de alg¨²n amigo personal del Gobierno para dirigirlo con la puesta al d¨ªa que se reclama; y, desde luego, es urgente regular el marco legal en el que puede y debe moverse un servicio de espionaje moderno.