La Audiencia tramita una querella contra Iberia, Air Europa y Spanair

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado a tr¨¢mite una querella de un particular contra las compa?¨ªas a¨¦reas Iberia, Air Europa y Spanair, por haber subido las tarifas supuestamente como consecuencia de un pact¨® y sin respetar las reglas de la libre competencia, lo que podr¨ªa traducirse en un posible delito de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas. La subida se produjo el 25 de abril de 1997.

La investigaci¨®n ha reca¨ªdo en el juez Javier G¨®mez de Lia?o, quien ya ha advertido que citar¨¢ a los consejeros de administraci¨®n de las tres entidades para notificarles la querella e instruirles de sus derechos, una vez que conozca sus identidades. Para ello, ha requerido a los secretarios generales de los consejos de administraci¨®n de dichas compa?¨ªas para que en el t¨¦rmino de cinco d¨ªas entreguen la relaci¨®n de consejeros. La querella fue presentada el pasado 3 de diciembre por un particular, Pablo Antonio Iglesias Perini, que atribuy¨® a los gestores de las tres compa?¨ªas citadas un supuesto delito "relativo al mercado y los consumidores".

Seg¨²n el querellante, Iberia, Air Europa y Spanair subieron sus precios, no como consecuencia de la libre concurrencia, sino "como resultado de una conspiraci¨®n para delinquir entre empresas que, difundiendo noticias falsas de que la subida era consecuencia del alza del d¨®lar y del precio del combustible, procedieron a incrementar simult¨¢neamente sus tarifas y homogeneizar las mismas".

En algunos casos y para algunos vuelos, los precios subieron entre un 21,8% para Iberia, un 25% para Air Europa y un 34,6% para Spanair. La querella correspondi¨® al juzgado central I, pero en ausencia de su titular, el juez G¨®mez de Lia?o, su sustituto, el juez Baltasar Garz¨®n, estim¨® que los hechos no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la Audiencia estim¨® un recurso de queja del querellante y acord¨® que aunque la repercusi¨®n en los precios no tuviera la gravedad requerida para definir la competencia de la Audiencia Nacional, el perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en todo el territorio nacional "resulta incuestionable" y determina esa competencia.

El juez ha enviado un oficio al Registro Mercantil para que remita los datos de las compa?¨ªas y ha dispuesto que los libros de contabilidad queden a disposici¨®n del juzgado, "sin perjuicio de su intervenci¨®n si fuese necesario". [Iberia expres¨® ayer en un comunicado su disposici¨®n a colaborar en la investigaci¨®n.]