IU exige la devoluci¨®n inmediata de los terrenos de la antigua c¨¢rcel de M¨¢laga

Negociaci¨®n o exigencia para lograr la devoluci¨®n de la antigua C¨¢rcel Provincial, una reivindicaci¨®n hist¨®rica de los malague?os al Gobierno. Esta disputa surgi¨® ayer entre IU y la alcald¨ªa de M¨¢laga, a ra¨ªz de una sentencia de 1997 que dice que los terrenos donde se construy¨® la c¨¢rcel no son patrimonio del Estado, sino una cesi¨®n temporal de la ciudad para uso penitenciario. El grupo municipal de IU, que desconoc¨ªa hasta hace dos d¨ªa el fallo, califica de innecesaria la negociaci¨®n y ha exigido la devoluci¨®n inmediata.

Celia Villalobos, alcaldesa popular de M¨¢laga, asegura que el acuerdo entre las dos administraciones sigue siendo clave porque, al existir unos cincuenta presos en r¨¦gimen abierto en el centro, la cesi¨®n de los terrenos sigue vigente. Jos¨¦ Luis Portillo, viceportavoz municipal de IU, y Jos¨¦ Luis Centella, diputado de este mismo grupo en el Congreso de los Diputados, anunciaron, sentencia en la mano, que su formaci¨®n pol¨ªtica va a plantear sendas iniciativas en Madrid y en el pleno municipal para que los terrenos sean devueltos a la ciudad de forma inmediata. En el Ayuntamiento de M¨¢laga exigir¨¢n, adem¨¢s, su uso para centro c¨ªvico. Pero fueron m¨¢s all¨¢. Jos¨¦ Luis Portillo acus¨® a Villalobos de "defender los intereses de Madrid y no los de su ciudad" y le ech¨® en cara que hab¨ªa estado ocultando una sentencia que, a los ojos de esta formaci¨®n pol¨ªtica, hace el acuerdo con el Ministerio de Justicia innecesario. "Yo no he ocultado absolutamente nada", se defendi¨® la alcaldesa, quien asegur¨® que las negociaciones que sigue desde hace dos a?os con el ministerio son necesarias a pesar de la sentencia. En su opini¨®n, lo ¨²nico que modifica la situaci¨®n anterior es que los terrenos en vez de figurar como patrimonio del Estado lo har¨¢n como cedidos al Estado para uso penitenciario. Y a¨²n sigue habiendo un centenar de reclusos en tercer grado en el centro. Por eso razon¨®: "A partir de ah¨ª, hay dos posibilidades: otro juicio, que durar¨ªa, otros cinco a?os, como m¨ªnimo o firmar un convenio definitiva para que pase a ser propiedad de la ciudad". Y es esto lo que Izquierda Unida teme. En 1995, la Administraci¨®n central valor¨® en unos 500 millones el centro, seg¨²n Portillo. "Nosotros lo que queremos es un reversi¨®n gratuita", manifest¨® el viceportavoz. Y a?adi¨®: "Ya sabemos todos que la firma [de Villalobos] es un tal¨®n en blanco para el Gobierno central". La batalla entre las administraciones por la propiedad de los terrenos de la c¨¢rcel provincial comenz¨® en 1991 con la aprobaci¨®n del Plan de Amortizaci¨®n y Creaci¨®n de Centros Penitenciarios y con la construcci¨®n de la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre. Un a?o m¨¢s tarde, el Ministerio de Justicia inscribi¨® el antiguo centro como patrimonio del Estado en el registro de la propiedad, lo le daba potestad su venta para la creaci¨®n. El Ayuntamiento de M¨¢laga, entonces a cargo del PSOE, no se resign¨® a perder una de las reivindicaciones hist¨®ricas de la ciudad de M¨¢laga y present¨® una demanda contra el Estado. Su razonamiento era claro: la cesi¨®n de los terrenos en 1928 era exclusivamente para su uso como penitenciar¨ªa y si iba a ser cerrada, la parcela ten¨ªa que ser devuelta a la ciudad para la construcci¨®n de un centro c¨ªvico.