Calder¨®n se acoge a la ley de secretos ante la juez que investiga las escuchas a HB

El director general del Cesid, Javier Calder¨®n, declar¨® ayer como imputado ante la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Vitoria, Carmen Lasanta, que investiga las escuchas descubiertas en la sede de Herri Batasuna (HB). La declaraci¨®n de Calder¨®n fue muy breve, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al caso, ya que se acogi¨® a la ley de Secretos Oficiales, que impone el deber de guardar reserva sobre las operaciones del Cesid. La juez, que no le impuso medidas cautelares, decidi¨® prolongar el secreto de las actuaciones decretado cuando se present¨® la denuncia hace un mes.

La presencia del m¨¢ximo responsable de los servicios secretos pas¨® inadvertida en los juzgados de Vitoria, donde permaneci¨® aproximadamente una hora. El teniente general en la reserva Javier Calder¨®n, vestido de paisano y con un ojo tapado a consecuencia de la operaci¨®n de cataratas a la que fue sometido hace una semana, acudi¨® acompa?ado por un abogado y se march¨® tras prestar declaraci¨®n, sin que la juez adoptase medidas cautelares contra ¨¦l, seg¨²n las fuentes consultadas.El director general del Cesid fue citado como imputado por un presunto delito de escuchas telef¨®nicas ilegales, que los art¨ªculos 197 y 198 del C¨®digo Penal castigan con penas de entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel. Calder¨®n se acogi¨® a la Ley de Secretos Oficiales para no contestar las preguntas relacionadas con la base que el Cesid ten¨ªa sobre la sede de HB en Vitoria, lo que explica la brevedad de su declaraci¨®n.

Conflicto de jurisdicci¨®n

La misma actitud adopt¨® hace una semana el agente Mario C. G., cuya localizaci¨®n fue ordenada por la juez tras encontrar en el piso del servicio secreto un documento con su nombre. La instructora deber¨¢ dirigirse al Consejo de Ministros si quiere que los miembros del Cesid queden eximidos de su deber de guardar reserva y puedan prestar declaraci¨®n.Adelant¨¢ndose a esta solicitud, fuentes gubernamentales se?alaron el pasado viernes que el Consejo de Ministros estaba preparando un acuerdo para declarar materia reservada todo lo relacionado con el espionaje a la sede de HB, lo que todav¨ªa no se ha producido.

Si el Gobierno se niega a desclasificar los datos que interesan a la juez, lo m¨¢s probable es que se produzca un nuevo conflicto de jurisdicci¨®n, como el que enfrent¨® al Ejecutivo socialista con el juez Baltasar Garz¨®n a prop¨®sito de los llamados papeles del Cesid.

Durante la comparecencia de Calder¨®n s¨®lo estuvo presente el representante del Ministerio Fiscal, ya que el secreto de las actuaciones impide intervenir al letrado de HB, ??igo Iruin. Precisamente, la instructora prorrog¨® ayer, pocas horas antes de que concluyera el plazo, el secreto de las diligencias que decret¨® la juez de guardia el pasado 31 de marzo, cuando se interpuso la denuncia.

La coalici¨®n radical ha presentado tambi¨¦n denuncias por presunto espionaje en los juzgados de Bilbao y Pamplona, por lo que es probable que la investigaci¨®n del caso acabe siendo competencia de los juzgados centrales de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, reconoci¨® el pasado d¨ªa 21 en el Congreso que las escuchas descubiertas en el local de HB de Vitoria eran obra del Cesid y defendi¨® la legitimidad de la operaci¨®n, pese a su "apariencia de ilegalidad".

Serra advirti¨® que la actual legislaci¨®n impide que los servicios secretos puedan obtener autorizaci¨®n del juez para realizar intervenciones telef¨®nicas, por lo que pidi¨® un amplio consenso para llenar este vac¨ªo legal. Con ese objetivo, el titular de Defensa se ha reunido en los ¨²ltimos d¨ªas con los portavoces de casi todos los grupos parlamentarios de la oposici¨®n.

A nivel interno, el espionaje a HB ha provocado el cese de dos altos cargos de la Divisi¨®n Interior del servicio secreto, dos militares con una graduaci¨®n equivalente a coronel.

A uno de ellos, responsable directo de la base de escuchas del Cesid en Vitoria, se le han atribuido los fallos t¨¦cnicos que permitieron su descubrimiento. El segundo, destinado en la sede del Cesid en Madrid, habr¨ªa sido relevado por las fugas de informaci¨®n a otros departamentos o, en palabras del ministro Serra, por "falta de la imprescindible estanqueidad".